El Supremo pide por quinta vez a la Eurocámara que suspenda la inmunidad de Alvise Pérez, ahora por desórdenes públicos, y archiva el caso del covid de Illa

La magistrada Carmen Lamela, instructora en el Tribunal Supremo, ha solicitado este jueves al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, para poder continuar la causa abierta por un presunto delito de desórdenes públicos. Es la quinta vez que el alto tribunal pide a la Eurocámara que levante la protección parlamentaria del ultraderechista desde que obtuvo su escaño en las elecciones europeas de 2024.

La causa, abierta formalmente el 1 de julio de 2026, se centra en varios mensajes publicados en el canal de Telegram "Alvise Pérez" entre el 6 y el 10 de febrero de 2024, durante las protestas del sector agrario que recorrieron buena parte de España aquel invierno. Según el comunicado oficial del Poder Judicial, la instructora considera que esas publicaciones contenían "llamamientos concretos" a cortar vías públicas y colapsar ciudades, además de proponer el uso de vehículos particulares para apoyar los cortes de tráfico y coordinar bloqueos de accesos y centros logísticos, lo que a su juicio excede la crítica política o el apoyo genérico a una protesta y podría constituir incitación a alterar el orden público.

La resolución subraya un matiz jurídico relevante: esos mensajes se difundieron antes de que Pérez adquiriera la condición de eurodiputado, por lo que, según el razonamiento de la magistrada, no estarían amparados por la inviolabilidad parlamentaria que protege las opiniones emitidas en el ejercicio del cargo. El suplicatorio —el trámite por el que el Tribunal Supremo pide permiso a la Eurocámara para poder procesar penalmente a un diputado europeo español, único órgano competente para investigar aforados de este tipo— no implica ninguna declaración de culpabilidad: es un paso procesal necesario para que la investigación pueda avanzar hacia una eventual imputación formal, con todas las garantías del proceso aún pendientes.

No es la única causa abierta contra Alvise Pérez en el alto tribunal. El pasado 21 de julio de 2026, el magistrado Antonio del Moral, instructor de otra pieza separada, ya había elevado un suplicatorio distinto a la Eurocámara por presuntas coacciones o amenazas condicionales al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, según recoge también el Poder Judicial en un comunicado propio. Se trata, por tanto, de procedimientos independientes entre sí, referidos a hechos y presuntas víctimas distintas, que ilustran la acumulación de frentes judiciales abiertos contra el eurodiputado en los últimos meses.

El mismo jueves 5 de noviembre, el magistrado Javier Hernández, de la misma Sala de lo Penal, ha acordado archivar otra causa, esta sí resuelta en sentido favorable a Alvise Pérez: la abierta por la difusión de una supuesta prueba de antígenos de covid-19 falsificada que atribuía un resultado positivo al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad.

Según recogen de forma independiente moncloa.com y pamplonaactual.com a partir de la resolución judicial, el instructor concluyó que no existen indicios suficientes de que Pérez falsificara el documento o conociera su falsedad, y que la conducta difundida no alcanza el umbral de "humillación, menosprecio grave o descrédito" exigido para que la difusión de ese tipo de contenido constituya delito de injurias o calumnias. La vía penal queda así cerrada para este episodio concreto, aunque ambas fuentes precisan que Illa conserva la posibilidad de reclamar por la vía civil en defensa de su honor si decide hacerlo.

El trámite del suplicatorio sigue un procedimiento fijado por el reglamento interno del Parlamento Europeo: la petición del Supremo pasa primero por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) de la Eurocámara, que examina si existe o no un caso de "fumus persecutionis" —es decir, indicios de que la causa penal persiga en realidad silenciar o perjudicar políticamente al diputado— antes de elevar una recomendación que se vota después en el pleno. Es un proceso que, en suplicatorios anteriores contra distintos eurodiputados españoles, se ha prolongado habitualmente varios meses desde la petición inicial hasta la votación final.

El episodio se suma así a una lista ya amplia de causas judiciales que mantienen a Alvise Pérez bajo escrutinio constante desde su irrupción electoral en 2024, cuando su formación, Se Acabó la Fiesta, logró representación en el Parlamento Europeo. De los suplicatorios previos elevados por el Supremo contra él, la Eurocámara ya se ha pronunciado en más de una ocasión, sin que ello haya derivado hasta ahora en una condena firme contra el eurodiputado por ninguno de los procedimientos abiertos.

Ni Alvise Pérez ni su equipo habían respondido públicamente a estas dos resoluciones del Supremo en el momento de esta publicación, según la revisión de las fuentes disponibles para este artículo. Queda pendiente conocer la decisión que adopte la Eurocámara sobre este quinto suplicatorio por los hechos de las protestas agrarias, así como si el archivo del caso del covid de Illa será recurrido por alguna de las partes personadas en el procedimiento.

El caso ilustra, en definitiva, la doble cara de la situación judicial del eurodiputado: mientras una causa avanza hacia una posible imputación por su actividad en redes sociales antes de ser parlamentario, otra se cierra por falta de pruebas suficientes para sostener una acusación penal. Alvise Pérez ha calificado en el pasado este tipo de investigaciones como una persecución política orquestada en su contra, una valoración que no consta verificada de forma independiente en la documentación judicial consultada para este artículo y que, por tanto, se recoge aquí únicamente como contexto de su posición pública, no como un hecho acreditado.