El TSJN advierte de sobrecarga judicial y pide más jueces, nuevo edificio y mejoras en Avantius

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no está anunciando únicamente la necesidad de contratar más jueces. En la apertura del año judicial celebrada en Pamplona el 28 de septiembre de 2026, su presidente, Julián Huarte, describió tres limitaciones que actúan simultáneamente: órganos con carga de trabajo elevada, edificios insuficientes para celebrar vistas y una transformación organizativa cuyo soporte informático y plantilla todavía no funcionan como deberían. Es la diferencia entre contar con más plazas en un organigrama y conseguir que los procedimientos avancen efectivamente. La alarma está formulada por la propia presidencia del TSJN, no por un cálculo independiente de demoras.

El ámbito donde Huarte sitúa el mayor atasco es el civil, el mercantil y el social. El presidente afirmó que los órganos de esos órdenes reciben asuntos por encima de los niveles que considera asumibles. La declaración resulta especialmente relevante porque afecta a litigios de contratos, deudas, empresas y relaciones de trabajo, además de otros procedimientos que necesitan resolución judicial. Sin embargo, la nota oficial de apertura no ofrece una serie homogénea de tiempos medios de resolución, tasas de pendencia y casos ingresados. Por eso, el diagnóstico de saturación debe atribuirse al TSJN, sin convertirlo en una cifra de retraso inventada.

Hay seis plazas judiciales ya previstas y distribuidas en dos momentos distintos. Según el Poder Judicial, cuatro deberían entrar en funcionamiento el 31 de diciembre de 2026: una para la Sala de lo Social del TSJN, dos para la nueva Sección Cuarta de la Audiencia Provincial —un magistrado y quien la presida— y una para la Sección Civil y de Instrucción de Aoiz. No es correcto afirmar que esos seis profesionales ya estaban trabajando en septiembre u octubre. La puesta en marcha efectiva y la dotación de medios que permita ejercer las funciones deberán comprobarse cuando lleguen las fechas anunciadas.

La segunda fase está prevista para el 1 de junio de 2027, con otras dos plazas para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Pamplona. La cronología importa: entre la petición de septiembre y esta última incorporación median varios meses durante los cuales los asuntos siguen entrando en los órganos existentes. Tampoco es equivalente una plaza creada en norma, una plaza provista y una oficina con personal auxiliar, salas y aplicaciones disponibles. No hay en las fuentes revisadas una estimación fiable de cuánto reducirán las esperas esas seis plazas por sí solas.

El tribunal insiste en que esas incorporaciones no cubren todo lo que necesita. La Sala de Gobierno había formulado en marzo nuevas peticiones para órganos de la Audiencia Provincial, Aoiz, Tudela y distintas jurisdicciones de Pamplona. Aquí existe una discrepancia documental relevante: la nota del CGPJ resume la reivindicación como siete jueces más, mientras que el desglose reproducido en algunas crónicas enumera puestos que, sumados literalmente, no cuadran con ese titular. Hasta obtener una relación oficial consolidada, este artículo conserva las seis plazas calendarizadas como cifra confirmada y trata la demanda adicional como una solicitud pendiente de concreción.

El problema de las instalaciones es independiente del de las plazas. Huarte describió el Palacio de Justicia utilizado en Pamplona como agotado y colapsado, sobre todo por su configuración y el número de salas de vistas. Esa observación no significa que el edificio haya sido declarado peligroso ni que deba cerrarse: se refiere a su capacidad para alojar y hacer funcionar la organización judicial. Incluso con más jueces, si las salas no pueden acoger suficientes señalamientos o si los servicios comunes no disponen de espacios adecuados, el volumen de decisiones y actuaciones puede quedar limitado.

La petición concreta es financiar el diseño y el proyecto de un nuevo edificio judicial con una perspectiva de crecimiento. En la apertura del año judicial, el presidente reclamó que se incluyeran partidas presupuestarias para iniciar esa fase. No consta en las fuentes examinadas una fecha de apertura, un presupuesto de obra cerrado ni un contrato de construcción adjudicado a partir de esas palabras. Una necesidad declarada por el TSJN y un proyecto de construcción aprobado son hitos administrativos diferentes. Para comprobar avances habrá que observar la presupuestación, el proyecto y después las licitaciones y obras.

Al mismo tiempo, Navarra está desplegando el modelo de Tribunales de Instancia previsto por la Ley Orgánica 1/2025. La reforma sustituye la organización clásica de juzgados separados por secciones judiciales apoyadas en servicios comunes de tramitación y ejecución, con reparto de funciones y coordinación distintos. Cambia la arquitectura administrativa del servicio, pero no elimina por ley el número de asuntos pendientes ni incrementa automáticamente los recursos humanos. Su eficacia depende de que se consoliden las oficinas, los nuevos procedimientos internos y el trabajo de los equipos responsables de sostenerlos.

El TSJN y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra constituyeron en 2025 una comisión mixta de implantación y grupos de trabajo con diferentes colectivos judiciales. Huarte reconoce que la transición provocó al principio una ralentización, que según su valoración se ha ido superando, aunque la transformación no está completada. Es un matiz fundamental: la advertencia de sobrecarga no equivale a afirmar que toda la reforma haya fracasado, pero tampoco permite asegurar que los nuevos servicios ya hayan cumplido las metas de agilidad. Hará falta comprobar resultados, no solo organigramas.

El sistema informático Avantius concentra otra de las quejas. Es la herramienta de gestión procesal empleada en distintos órganos y debe adaptarse al flujo de la nueva oficina judicial. Según la presidencia del TSJN, aparecieron disfunciones relevantes en el despliegue, especialmente en Pamplona, y se retrasó una nueva versión para salas del Tribunal Superior, la Audiencia Provincial y determinadas plazas de Vigilancia Penitenciaria y Menores. Una dificultad de software puede frenar el trabajo administrativo, pero las declaraciones no prueban por sí mismas pérdida de expedientes, brecha de datos o anulación de resoluciones.

Huarte también relaciona las dificultades del servicio con la temporalidad y movilidad de las plantillas de funcionarios. La carga se nota particularmente en Aoiz, Estella y Tafalla, donde, según su descripción, hay oficinas con predominio de personal interino. En un entorno procesal regulado y con nuevas herramientas, la entrada recurrente de profesionales que necesitan formación y el traslado de personas experimentadas generan costes de adaptación. El presidente subrayó que no culpaba a los interinos y reconoció su trabajo: la crítica se dirige a la inestabilidad estructural y al apoyo disponible.

Desde la perspectiva de quien espera una resolución, estas tres dimensiones no se suman de manera mecánica. Un juez adicional puede ayudar a estudiar y decidir asuntos, pero necesita que las actuaciones previas estén tramitadas, que exista capacidad para celebrar vistas y que las notificaciones y ejecuciones funcionen. Un edificio nuevo puede aportar salas, pero no sustituir un sistema informático adecuado ni estabilidad de personal. Por eso, evaluar el plan exigirá revisar conjuntamente plazas provistas, dotación auxiliar, señalamientos y pendencia, no señalar una sola medida como solución total.

También importa quién puede adoptar cada decisión. La organización judicial y la creación de plazas obedecen a competencias y normas distintas de las inversiones materiales y de la gestión de los medios transferidos. La Ley Orgánica 1/2025 establece el nuevo diseño de tribunales y oficinas; el Poder Judicial informa de sus necesidades y la administración competente debe materializar las dotaciones. No sería riguroso adjudicar a un único actor político toda la responsabilidad del atasco sin reconstruir presupuestos, calendarios de provisión y ejecución de cada actuación. Los anuncios permiten identificar demandas, no asignar por sí solos culpas o resultados.

El impacto podría medirse por órganos y no únicamente por el total de Navarra. En la Sala de lo Social, por ejemplo, la incorporación anunciada de un magistrado completaría una sala que el comunicado oficial prevé con tres. En Pamplona se prevén dos refuerzos civiles para junio de 2027, mientras Aoiz recibe una plaza antes. Son situaciones diferentes, con materias, cargas y dotaciones propias. Sin datos oficiales comparables de asuntos pendientes y resueltos por trimestre, no es posible transformar esas incorporaciones en un porcentaje serio de mejora de la rapidez judicial.

La fotografía que acompaña esta investigación muestra el Palacio de Justicia de Pamplona en 2019, no el acto de apertura del 28 de septiembre de 2026. Esa precisión evita una confusión detectada en una versión anterior de la pieza: aparecía un palacio histórico de Estella-Lizarra, que no es el edificio al que se refiere la reclamación institucional del TSJN. La fotografía corregida pertenece a Zarateman y está publicada en Wikimedia Commons bajo CC0. Su función es identificar el lugar cuya capacidad denuncia el tribunal; no demostrar por una imagen la saturación interior de sus dependencias.

El seguimiento tiene fechas y preguntas concretas. A finales de diciembre de 2026 habrá que comprobar si entraron en servicio las cuatro plazas anunciadas y con qué equipos y espacios; en junio de 2027, si se incorporaron las otras dos. En paralelo, el Gobierno de Navarra deberá poder mostrar avances presupuestarios o de proyecto para el nuevo edificio, y el TSJN información sobre la adaptación de Avantius y de la oficina judicial. Solo las estadísticas de entrada, resolución y pendencia comparadas antes y después permitirán evaluar cuánto cambia realmente la experiencia de los ciudadanos. Hasta entonces, hay problemas y compromisos identificados, no una reducción de retrasos demostrada.