Un resquicio de la ley de amnistía deja a cuatro policías en el banquillo por su actuación en el 1-O

La sección segunda de la Audiencia de Barcelona celebra desde este mes el juicio contra cuatro agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil —un escopetero, dos subinspectores y un inspector— por su actuación durante el operativo policial del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, en el marco del referéndum ilegal celebrado ese día. Según los promotores de la causa —la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la entidad Iridia y el activista Roger Español—, los cuatro agentes representan simbólicamente al conjunto de policías nacionales y guardias civiles desplegados aquel día para frenar la votación.

La posibilidad de sentar en el banquillo a estos agentes se sustenta en una excepción concreta de la ley de amnistía aprobada por el Congreso: la norma excluye del perdón los 'actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad'. Es precisamente ese resquicio legal el que ha permitido a las acusaciones populares mantener viva la vía penal contra estos cuatro agentes pese a la amnistía general aprobada para los hechos del procés.

El desarrollo del juicio ha incluido las declaraciones de Roger Español y de alrededor de sesenta testigos, entre ellos medio centenar de agentes de la Policía Nacional que testificaron sobre su papel en el operativo. Las acusaciones piden penas de entre 12 y 13 años de cárcel, además de la inhabilitación, para los cuatro agentes procesados, mientras que la Fiscalía ha solicitado la absolución de los cuatro, una discrepancia notable entre las partes acusadoras que refleja la naturaleza políticamente sensible del proceso.

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El juicio se ha visto marcado también por un incidente de índole práctica: al inicio del interrogatorio de las acusaciones a los testigos, quedó en evidencia la incapacidad de la intérprete designada para trasladar del catalán al español las intervenciones de los letrados, lo que generó lo que varios medios describieron como un notable 'caos lingüístico' en la sala y obligó a ajustes sobre la marcha en el desarrollo de las sesiones.

La vista está previsto que se reanude el miércoles 30 de septiembre con la presentación de las pruebas periciales, y concluya el 1 de octubre —fecha simbólicamente coincidente con el aniversario del referéndum— con el interrogatorio a los cuatro policías acusados. El caso se sigue con atención tanto por su dimensión judicial concreta como por lo que revela sobre los límites prácticos de la ley de amnistía frente a causas que incluyen alegaciones de violencia física con resultado de lesiones.