Los sindicatos policiales denuncian "graves deficiencias" en el traslado de más de 3.000 migrantes al puerto de Ceuta

El sindicato UFP (Unión Federal de Policía) denunció el 18 de septiembre "graves deficiencias" en el diseño y la dirección del dispositivo policial que gestionó el traslado de más de 3.000 personas migrantes hasta el puerto de Ceuta, y reclamó explicaciones formales tanto a la Jefatura Superior de Policía como, en lo relativo a sus competencias políticas, a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Según los datos aportados por el sindicato, el dispositivo contó inicialmente con alrededor de 170 policías nacionales y 70 guardias civiles para gestionar un traslado que implicó a más de 3.000 migrantes, una proporción que, a juicio de la UFP, resultó insuficiente para el volumen de personas movilizadas. El sindicato señala que ya existía una preocupación previa sobre el riesgo de que se produjeran avalanchas, derivada de la diferencia entre el número de personas que pretendían acceder al recurso de acogida y las plazas realmente disponibles.

Esa preocupación se confirmó durante el propio traslado: se registraron carreras e intentos de superar los cordones policiales, momentos de tensión que obligaron a los agentes desplegados a intervenir directamente para evitar avalanchas, hasta el punto de que fue necesaria la incorporación de refuerzos para recuperar el control de la situación sobre el terreno.

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El sindicato reconoce de forma explícita la profesionalidad y capacidad de reacción de los efectivos desplegados, en particular de los integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), como factor determinante para evitar consecuencias de mayor gravedad durante los momentos de tensión. Sin embargo, advierte de que la ausencia de incidentes graves "no puede utilizarse para considerar acertada la planificación del dispositivo", una distinción que sitúa el foco de la crítica en el diseño del operativo y no en el desempeño de los agentes sobre el terreno.

La denuncia de la UFP se suma a la de otros sindicatos policiales y de la Guardia Civil, entre ellos Jupol, el SUP y Jucil, que también han cuestionado que el Gobierno esté poniendo en riesgo a los agentes desplegados en los traslados desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el campamento habilitado en el puerto. El centro de acogida del puerto tiene capacidad para 1.800 personas, mientras que las estimaciones citadas por los sindicatos sitúan en más de 4.000 el número de migrantes concentrados entre ambas playas, un desfase que los sindicatos consideran la raíz estructural del riesgo denunciado.