La JEC rechaza abrir otro expediente a Sánchez por sus palabras en Bruselas, pero le recuerda su deber de neutralidad

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó este 22 de octubre abrir un nuevo expediente sancionador contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones del 15 y 16 de octubre durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, al considerar que no había elementos suficientes para justificarlo. El órgano sí le recordó expresamente su obligación de respetar el deber de neutralidad política de los poderes públicos durante el periodo electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión, adoptada en respuesta a dos denuncias del PP, fue difundida por Europa Press, que tuvo acceso al acuerdo, y corroborada con el mismo contenido por Infobae España, Pressdigital y Democrata.es.

La primera denuncia se refería a las declaraciones informales de Sánchez a periodistas el 15 de octubre, en las que trasladó garantías sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, anunció su intención de revalorizarlas conforme al IPC antes de fin de año y acusó al PP y a Vox de poner en riesgo esas pensiones, además de fijar como objetivo del PSOE ganar tanto el Congreso como el Senado. Según Pressdigital y Democrata.es, la JEC consideró que estas manifestaciones "excedieron la exposición objetiva" de los asuntos tratados en el Consejo Europeo, pero no encontró pruebas de que se tratara de un acto organizado o financiado con fondos públicos, al producirse de forma informal ante la prensa, por lo que no las consideró sancionables.

La segunda denuncia afectaba a la comparecencia institucional de Sánchez el 16 de octubre, al término de la cumbre europea, en la que se declaró "optimista" y "animado" ante las elecciones y afirmó que la "senda de avance" de su Gobierno continuaría cuatro años más "de una manera u otra". En ese mismo acto reclamó que España necesita "un gobierno progresista". Según recogieron de forma coincidente Infobae España y Pressdigital, la JEC situó esta última expresión "en el límite de lo admisible" respecto al deber de neutralidad institucional, al introducir "valoraciones partidistas" en un acto público sufragado con fondos del Estado, aunque concluyó que no alcanzaba la gravedad necesaria para abrir un expediente sancionador conforme al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En consecuencia, la JEC acordó archivar ambas denuncias, pero recordó expresamente a Sánchez que debe "observar el deber de neutralidad política exigible a los poderes públicos" y "abstenerse de realizar manifestaciones contrarias al artículo 50.2 de la LOREG" en actos institucionales mientras dure el periodo electoral, según la literalidad del acuerdo reproducida por Pressdigital e Infobae España.

Esta no es la primera vez que la JEC examina la conducta institucional de Sánchez en esta precampaña. Según Infobae España y Moncloa.com, el propio órgano había abierto el 15 de octubre un expediente sancionador distinto por sus declaraciones del 6 de octubre desde el Palacio de la Moncloa, inmediatamente después de la convocatoria de las elecciones generales, en las que reclamó una "mayoría más rotunda" para abordar la crisis de la vivienda; ese expediente, derivado de denuncias del PP y de Se Acabó la Fiesta, concluyó con la orden de retirar de los canales oficiales del Gobierno las intervenciones cuestionadas. Según Pressdigital, se trata ya del quinto expediente de este tipo abierto contra Sánchez en el actual ciclo electoral, de los que cuatro han terminado con sanción económica.

El episodio se produce en plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que el PP ha intensificado el escrutinio de las comparecencias institucionales de Sánchez ante la JEC como estrategia de desgaste político, mientras el Gobierno defiende que sus intervenciones se ajustan al ejercicio normal de sus funciones informativas como presidente del Ejecutivo. La resolución de este 22 de octubre, al archivar las denuncias pero advertir formalmente a Sánchez, deja a ambas partes un argumento parcial: el PP puede señalar que la JEC reconoció manifestaciones "en el límite de lo admisible", mientras el Gobierno puede subrayar que, por quinta vez, el órgano no encontró motivo para sancionar sus declaraciones más recientes.

El artículo 50.2 de la LOREG, invocado expresamente por la JEC en su advertencia, establece que desde la convocatoria de elecciones y durante toda la campaña los poderes públicos deben garantizar que el desarrollo de los procesos electorales se rige por el principio de neutralidad institucional, prohibiendo a los titulares de cargos públicos, en el ejercicio de sus funciones, utilizar actos o medios de comunicación institucionales para difundir o destacar logros de gestión o hacer valoraciones partidistas que puedan favorecer a una candidatura. Es precisamente esa disposición la que la JEC considera que Sánchez bordeó, sin llegar a infringirla de forma suficientemente grave, con su llamamiento a "un gobierno progresista" en la comparecencia institucional del 16 de octubre.

La decisión se produce además en un contexto en el que el Consejo Europeo de Bruselas abordó, según recogió Moncloa.com, cuestiones ajenas a la política interna española como la seguridad y defensa europeas, la subida de los precios energéticos derivada de la guerra en Oriente Próximo, el futuro presupuesto comunitario y la migración, lo que explica que la JEC distinguiera entre el contenido estrictamente europeo de la cumbre -que no fue objeto de reproche- y las valoraciones de política interna que Sánchez introdujo al margen de ese orden del día, tanto en sus declaraciones informales del 15 de octubre como en su comparecencia institucional del día siguiente.

Ninguna de las fuentes consultadas para esta pieza ha localizado, al cierre de esta información, el texto íntegro del acuerdo de la JEC publicado en su propia web institucional, por lo que la reconstrucción de su contenido se apoya en la cobertura coincidente de Europa Press -agencia que habitualmente obtiene y publica estos acuerdos de forma textual- y en su reproducción por Infobae España, Pressdigital y Democrata.es, sin que ninguna de ellas reporte discrepancias entre sí sobre los hechos centrales: la identidad del denunciante, las fechas de las declaraciones examinadas y el resultado final de archivo con advertencia.