La Mesa de la Comisión de Educación, con los votos de PSOE y Sumar, admitió a trámite una enmienda que pretende elevar a rango legal la presunción de exilio entre 1936 y 1955. Los servicios jurídicos la consideran incongruente con el proyecto educativo y advierten de un posible problema constitucional. Admitirla no significa que la reforma esté aprobada.
El cambio no consiste en retirar automáticamente el voto a quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Lo que se endurece es la documentación para demostrar a qué municipio español queda adscrito un elector que vive fuera y, por tanto, en qué circunscripción vota. La decisión de la JEC afecta a la formación del censo exterior y a la circunscripción en la que se vota. No resuelve el debate político sobre la llamada ley de nietos ni cuestiona por sí sola las nacionalidades concedidas. La Mesa de la Comisión de Educación, con los votos de PSOE y Sumar, admitió a trámite una enmienda que pretende elevar a rango legal la presunción de exilio entre 1936 y 1955. Los servicios jurídicos la consideran incongruente con el proyecto educativo y advierten de un posible problema constitucional. Admitirla no significa que la reforma esté aprobada. En la práctica: Sumar registró el 16 de septiembre una enmienda a una reforma educativa para modificar la Ley de Memoria Democrática.

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La controversia sobre la llamada “ley de nietos” ha pasado del terreno electoral a una segunda discusión: cómo se está intentando modificar la norma en el Congreso.
Sumar registró el 16 de septiembre una enmienda a un proyecto de reforma educativa. Su contenido no modifica educación: pretende cambiar la Ley de Memoria Democrática para incorporar de forma expresa una presunción de exilio.
La redacción propuesta considera exiliadas, a estos efectos, a las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esa presunción ya aparecía en una instrucción administrativa utilizada para tramitar determinadas opciones de nacionalidad, pero el Tribunal Supremo cuestionó cautelarmente su efecto en el censo electoral de residentes ausentes.
Los servicios jurídicos del Congreso emitieron un informe contrario a la admisión. Según Servimedia y La Vanguardia, consideran que la enmienda es incongruente con el objeto de la reforma educativa y que carece del mínimo punto de conexión material.
La Mesa de la Comisión de Educación decidió pese a ello admitirla a trámite con los votos favorables de PSOE y Sumar.
Ese choque explica la expresión “enmienda intrusa” que aparece en parte de la cobertura. No es una declaración judicial de inconstitucionalidad: describe la objeción de que una modificación normativa se inserte en una ley cuyo objeto es diferente.
La jurisprudencia constitucional exige una conexión material mínima entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que modifican, pero será el desarrollo parlamentario y, en su caso, un control posterior el que determine las consecuencias jurídicas.
El objetivo político declarado por Sumar es evitar que la cautelar del Supremo prive de efectos electorales a personas nacionalizadas al amparo de esa presunción de exilio.
La situación del CERA sigue siendo provisional. La JEC ya había reforzado los criterios para justificar el municipio de inscripción y cuatro vocales propusieron revisar retrospectivamente determinadas altas, posición que no fue adoptada por la mayoría.
La nueva enmienda no borra automáticamente esas decisiones. Primero debe superar la tramitación legislativa y convertirse en ley; después habrá que ver cómo interactúa con las resoluciones judiciales pendientes.
Por eso WIRESdesk mantiene este asunto como un expediente único: nacionalizaciones concedidas, inscripción electoral, cautelares del Supremo, criterios de la JEC y ahora reforma parlamentaria.
Sumar registró el 16 de septiembre una enmienda a una reforma educativa para modificar la Ley de Memoria Democrática.
La propuesta incorpora a la ley una presunción de exilio para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
El objetivo declarado por Sumar es proteger el derecho de voto de nacionalizados afectados por las cautelares del Tribunal Supremo sobre el CERA.
Los servicios jurídicos del Congreso consideran que la enmienda es incongruente con el objeto y finalidad del proyecto educativo y carece del mínimo punto de conexión material.
La Mesa de la Comisión de Educación, con mayoría de PSOE y Sumar, decidió admitirla a trámite pese a ese informe.
La admisión inicia el recorrido parlamentario de la enmienda; no la convierte en derecho vigente ni resuelve el litigio pendiente ante el Supremo.
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