La Audiencia Nacional envía a prisión provisional a dos detenidos en Irún por presunto terrorismo vinculado a un disidente del IRA

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó este martes el ingreso en prisión provisional de dos personas detenidas en Irún (Gipuzkoa) por su presunta integración en el grupo radical vasco Jardun, acogiendo así la petición de la Fiscalía, que les atribuye delitos de pertenencia o integración en organización terrorista, atentado contra la paz pública, y tenencia y fabricación de explosivos y armas. La información fue adelantada por Europa Press y confirmada de forma independiente por Naiz, Moncloa.com, The Objective, Crónica Vasca (El Español), Infobae, Deia y Última Hora. Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 20-22 años según las distintas fuentes, fueron trasladados a Madrid y comparecieron este martes ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional. Según Naiz, la petición de la Fiscalía se apoya en varios artículos del Código Penal relativos a organización o grupo terrorista, resistencia grave a la autoridad, desórdenes públicos, depósito de armas y tenencia o tráfico de sustancias explosivas, un catálogo de delitos notablemente más amplio que el de una detención policial ordinaria por tenencia de armas.

La investigación se remonta al 26 de septiembre, cuando la Ertzaintza identificó a tres personas durante un control de alcoholemia en carretera en Eskoriatza (Gipuzkoa). Según Moncloa.com y The Objective, en una agenda o base de datos electrónica hallada en ese control, junto con varios dispositivos USB —algunos de ellos todavía cifrados—, figuraban datos personales de agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza destinados en el País Vasco, además de coordenadas GPS que apuntarían a la posible existencia de un escondite con material, presumiblemente armas y explosivos.

Entre el material incautado, The Objective señala que se identificó específicamente el domicilio de un agente de la Guardia Civil destinado en un cuartel vasco, además de información sobre ertzainas con base en Tolosa y policías nacionales en Gipuzkoa. La Ertzaintza habría llegado a emplear perros adiestrados en detección de explosivos para intentar localizar los dos posibles zulos señalados en las coordenadas, sin éxito hasta el momento; algunas informaciones apuntan a que podrían tratarse de antiguos escondites de ETA previos al desarme de la organización en 2017, con armamento que podría haberse deteriorado con el paso de los años, un extremo que ningún organismo oficial ha confirmado.

Las tres personas identificadas en el control de Eskoriatza fueron dejadas en libertad en ese momento, y ni la Ertzaintza ni la Fiscalía han explicado públicamente por qué no se dio aviso inmediato a otros cuerpos de seguridad con competencia antiterrorista, según recoge Moncloa.com. No fue hasta el 17 de octubre cuando un hombre y una mujer —identificados por varios medios como Aratz o Aritz Bilbao, de 34 años, y Malen Grünig— se presentaron voluntariamente acompañados de su abogado en la comisaría de Irún, donde fueron formalmente detenidos.

Varias fuentes, entre ellas Moncloa.com, The Objective e Infobae, señalan que un tercer implicado en el control de septiembre, el ciudadano irlandés Naoise Conron, simpatizante de Saoradh —entorno político vinculado a disidencias de la IRA contrarias a los acuerdos de paz—, viajaba en el mismo vehículo y permanece en paradero desconocido. The Objective añade que las autoridades francesas habrían seguido con anterioridad visitas periódicas de este ciudadano irlandés a la región. Ninguno de estos extremos sobre la vinculación con el entorno de la IRA ha sido confirmado por un comunicado oficial de la Fiscalía o de la Audiencia Nacional, por lo que se presentan aquí como información reportada por varios medios y no como hechos judicialmente establecidos.

Jardun, el colectivo al que la Ertzaintza vincula a los dos detenidos, negó cualquier relación con los hechos; según Deia, el entorno abertzale, a través del colectivo Aske (centrado en la defensa de la amnistía de presos), expresó solidaridad con las familias de los detenidos sin aportar una explicación alternativa sobre el origen del material incautado en el control de Eskoriatza.

La decisión del juez coincide con una fecha simbólica: el 20 de octubre de 2026 se cumplen quince años del comunicado de ETA, emitido el 20 de octubre de 2011, en el que la organización anunció el cese definitivo de su actividad armada. The Objective subraya que este caso supone la primera vez que la Ertzaintza atribuye delitos de terrorismo a integrantes de un grupo del entorno radical vasco desde el fin de la violencia de ETA, lo que ha reabierto el debate sobre la posible persistencia de células marginales dispuestas a recurrir a la violencia en ese espacio político.

Ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional ni el Ministerio del Interior han emitido un comunicado oficial público con el auto completo de prisión al cierre de esta información; los datos proceden de la información judicial recogida por Europa Press e Infobae, y contrastada con otras cabeceras, entre ellas Última Hora, que citan fuentes de la investigación y confirman igualmente la decisión del juez. La prisión provisional es una medida cautelar destinada a asegurar la disponibilidad de los investigados durante la instrucción y evitar el riesgo de fuga o reiteración delictiva, y no implica condena; la defensa de los detenidos puede recurrirla ante la propia Audiencia Nacional en los próximos días. Los detenidos gozan de la presunción de inocencia y los hechos que se les atribuyen son, por el momento, objeto de instrucción judicial, sin que exista todavía sentencia firme ni fecha prevista de juicio.