Irene Montero plantea bajar la jubilación a los 63 años y subir las pensiones mínimas

Irene Montero, eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, planteó este viernes bajar la edad de jubilación a los 63 años y subir las pensiones mínimas y las no contributivas, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid.

Montero defendió que el sistema público de pensiones "está perfectamente preparado" para asumir ese cambio, y criticó lo que describió como un consenso entre PP y PSOE en torno a la privatización progresiva del sistema en los últimos años, a través de la promoción de planes de pensiones privados y la revisión periódica de los parámetros de revalorización. La candidata invocó el artículo 128 de la Constitución, que subordina toda la riqueza del país al interés general, como fundamento jurídico de su propuesta de redistribución hacia las rentas más bajas.

La propuesta de jubilación se suma a otras medidas laborales y salariales que Montero ha repetido en distintos actos de campaña en la última semana. El jueves 5 de noviembre, durante la presentación de su candidatura, ya había reclamado elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros mensuales, al considerar insuficiente la subida pactada por el Gobierno para 2027, que sitúa el SMI en 1.286 euros al mes frente a los 1.221 euros actuales, un incremento del 5,3%. "Con 1.286 euros no se puede vivir", afirmó entonces, recordando que el salario más común en España es de 1.376 euros mensuales y que el coste de la vivienda, la cesta de la compra y el combustible han subido en torno a un 40% en los últimos años.

Montero reclama además reducir la semana laboral a 30 horas, argumentando que el avance tecnológico debería traducirse en un mejor reparto del empleo y más tiempo de ocio para la ciudadanía: "La vida está para algo más que trabajar", señaló. En el terreno de la vivienda, plantea prohibir la compra especulativa de inmuebles, limitar las adquisiciones a uso estrictamente residencial e incorporar las viviendas en manos de fondos de inversión al parque de alquiler social, además de un control de precios sobre productos de primera necesidad y la creación de una cadena pública de supermercados.

Economistas consultados por distintos medios han advertido de que una subida del SMI hasta 1.800 euros, unida a la reducción de la jornada laboral, podría perjudicar a las pequeñas empresas y dificultar la contratación de jóvenes, en un contexto en el que el SMI ya ha subido un 66% desde 2018, cuando se situaba en 735 euros. Montero, no obstante, sostiene que el reparto de la riqueza "tiene que bajar, de arriba hacia las familias", y defiende que la subida salarial no ha frenado la creación de empleo en la última legislatura.

Las propuestas se producen a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Podemos busca revalidar representación parlamentaria tras años de desgaste electoral y de competencia directa con Sumar por el espacio a la izquierda del PSOE. Montero ha insistido en que su programa busca diferenciarse tanto del Gobierno en funciones, al que acusa de haber pactado una subida del SMI insuficiente, como de otras formaciones del mismo espacio ideológico, en una campaña marcada por el adelanto electoral y la fragmentación del voto progresista.