Sin un baremo ferroviario propio, los tribunales aplican por referencia la escala de accidentes de tráfico. El caso del Alvia de Angrois, con sentencia de apelación en enero de 2026, trece años después del siniestro, ilustra la lentitud del proceso.
España no cuenta con un baremo específico para accidentes ferroviarios, así que los juzgados recurren a la escala de tráfico para fijar las indemnizaciones. El recorrido judicial del descarrilamiento de Angrois, que llegó a sentencia de apelación trece años después del siniestro, muestra cuánto puede dilatarse ese camino. Sin un baremo ferroviario propio, los tribunales aplican por referencia la escala de accidentes de tráfico. El caso del Alvia de Angrois, con sentencia de apelación en enero de 2026, trece años después del siniestro, ilustra la lentitud del proceso. En la práctica: Las familias y heridos de accidentes ferroviarios en España dependen de anticipos mínimos del seguro obligatorio mientras esperan años, a veces más de una década, a que la vía judicial fije la indemnización completa por responsabilidad civil.
Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Imagen de archivo de un edificio judicial español utilizada como contexto genérico del proceso de reclamación de indemnizaciones.
Foto: Luis García (Zaqarbal), Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Cuando un accidente ferroviario causa muertos o heridos en España, no existe una tabla de indemnizaciones diseñada específicamente para el transporte por tren. Los tribunales recurren, a falta de un baremo propio, a la escala orientativa que fija la Ley 35/2015 para accidentes de tráfico, que puede superarse si se acredita un daño mayor al previsto en esa tabla. Para las víctimas mortales se aplica además la reforma de 2015 de ese baremo, que amplió el número de familiares con derecho a ser indemnizados.
El mecanismo más rápido es el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), que se activa de forma prácticamente automática en cuanto se acredita que la persona viajaba en el tren siniestrado, sin necesidad de que un juez determine responsabilidades. Tras la tragedia de Angrois se reforzó la obligación de que las aseguradoras adelanten cantidades mínimas a las víctimas: al menos 21.000 euros a los familiares de cada fallecido y a partir de 2.400 euros a los heridos, abonables en los primeros meses. La vía larga y mucho más cuantiosa —la responsabilidad civil por daños, lucro cesante y secuelas— exige en cambio un proceso judicial que acredite culpa, y es esa vía la que se demora años.
El caso del Alvia que descarriló el 24 de julio de 2013 en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, al entrar a 195 km/h en una curva limitada a 80 km/h, ilustra esa lentitud. El siniestro causó 79 muertos y 143 heridos. La sentencia de primera instancia, que condenó al maquinista Francisco José Garzón y también al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, no llegó hasta julio de 2024, once años después del accidente. La Audiencia Provincial de A Coruña resolvió el recurso de apelación en enero de 2026 —trece años después del descarrilamiento—, confirmando la condena al maquinista a dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave, pero absolviendo al exdirector de Adif al considerar que no quedó probado que incumpliera una obligación legal concreta cuya omisión hubiera evitado el siniestro con un grado de certeza suficiente; un magistrado discrepó de esa absolución en un voto particular.
En el plano civil, la Audiencia confirmó que RENFE y el maquinista siguen siendo responsables y que la aseguradora QBE debe abonar más de 22 millones de euros en indemnizaciones: alrededor de 12 millones para las familias de los 79 fallecidos y unos 10 millones para los heridos que reclamaron. Esa cifra se suma a la fijada en 2024 en primera instancia, cuando los tribunales ya habían ordenado a las aseguradoras QBE y Allianz Global pagar algo más de 10 millones de euros a 134 heridos que habían presentado reclamación.
La presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez, viene denunciando que estos procesos "generan indefensión" en las víctimas, que a menudo deben sobrevivir durante años con los anticipos mínimos del SOV mientras se resuelve la responsabilidad civil completa, y que la lentitud judicial empuja a algunas familias a aceptar acuerdos extrajudiciales por debajo de lo que les correspondería. Abogados especializados en siniestros ferroviarios citan indemnizaciones de entre 800.000 y un millón de euros en casos de secuelas graves, como una hemiplejia, cuando finalmente se fija la responsabilidad civil completa, muy por encima de los anticipos del seguro obligatorio.
El propio recorrido de Angrois no está necesariamente cerrado: el fallo de la Audiencia de A Coruña es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, lo que, según fuentes jurídicas consultadas por medios especializados, podría añadir varios años más antes de que el caso quede definitivamente resuelto para todas las partes.
El artículo que dio origen a esta información, publicado por EL PAÍS el 5 de noviembre de 2026, no pudo verificarse de forma directa por un error de acceso (403) en el momento de la revisión; los datos y cifras de este texto proceden de la verificación independiente de la resolución oficial del Consejo General del Poder Judicial sobre el caso Angrois, de reportajes de otros medios sobre los procesos de indemnización ferroviaria y de registros enciclopédicos sobre el propio accidente, no de ese artículo concreto.
El Alvia descarriló el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela) con 79 muertos y 143 heridos.
La sentencia de primera instancia llegó en julio de 2024 y la de apelación de la Audiencia de A Coruña en enero de 2026.
Las familias y heridos de accidentes ferroviarios en España dependen de anticipos mínimos del seguro obligatorio mientras esperan años, a veces más de una década, a que la vía judicial fije la indemnización completa por responsabilidad civil.
No existe un baremo ferroviario propio en España; los tribunales aplican por referencia el baremo de tráfico de la Ley 35/2015.
El caso de Angrois (2013) es la referencia más citada por su duración: sentencia de primera instancia en 2024 y de apelación en 2026.
La AEMET prevé un noviembre más cálido de lo normal en gran parte de España, con lluvias concentradas en el Mediterráneo
Por qué importa: También en tiempo: contexto reciente de la misma vertical.
La Policía desaloja la acampada de Sol entre acusaciones de gas pimienta que el Gobierno niega
Por qué importa: También en sociedad: contexto reciente de la misma vertical.
Urda: el Instituto de Medicina Legal identifica ya a los 69 fallecidos del accidente de tren
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
La Policía Local desmonta la acampada por la vivienda de la plaza de España de Palma en una operación que la Delegación del Gobierno califica de preocupante
Por qué importa: También en sociedad: contexto reciente de la misma vertical.
El fabricante de Wegovy dice que busca "la forma más sostenible" de llevar su fármaco a la sanidad pública española
Por qué importa: También en sociedad: contexto reciente de la misma vertical.
