Ignis aspira a captar unos 500 millones en Bolsa, pero parte de su negocio más rentable consiste en desarrollar sociedades con acceso eléctrico para centros de datos. El Gobierno propone requisitos de renovables, correlación horaria y pérdida de permisos si se incumplen, elevando la incertidumbre sobre el valor de esos proyectos.

Ignis estudia una salida a Bolsa con la que aspira a captar alrededor de **500 millones de euros**. Uno de sus negocios con más margen consiste en desarrollar proyectos de centros de datos donde la pieza crítica no es solo el terreno, sino el **permiso de acceso y conexión eléctrica**.
El ejemplo más claro es su acuerdo con Apto en Fuenlabrada: **82 MW de acceso y conexión**, un PPA renovable y las infraestructuras eléctricas necesarias para materializar el campus. Ese tipo de proyecto empaqueta suelo, red y energía en una sociedad que después puede venderse o desarrollarse.
El Gobierno quiere que esos permisos lleven condiciones más estrictas. El borrador sometido a información pública plantea aplicar a centros de datos exigencias de **adicionalidad renovable y correlación horaria** similares a las usadas en otros consumos intensivos, además de mecanismos de seguimiento.
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La lógica regulatoria es evitar que una instalación de cientos de megavatios reserve capacidad de red y encarezca el sistema sin aportar nueva generación o flexibilidad. Los centros de datos pueden funcionar 24 horas; la producción solar o eólica, no. De ahí la exigencia de demostrar cómo se cubre el consumo de forma compatible con el sistema.
El punto más duro es que el incumplimiento puede tener consecuencias sobre el propio activo: **pérdida del permiso de acceso y conexión** o recargos sobre cargos y peajes. Para un proyecto cuyo valor depende precisamente de tener ese 'enchufe', el riesgo regulatorio entra directamente en la valoración.
Eso explica la preocupación de los bancos de inversión que trabajan en la posible OPV. No significa que Ignis haya perdido sus permisos ni que la salida a Bolsa se haya cancelado. Significa que es más difícil asignar un múltiplo a proyectos cuyo valor futuro depende de una regulación todavía en discusión.
El fenómeno trasciende a Ignis. España tiene sol, suelo y fibra, pero la red eléctrica no puede absorber de forma instantánea todas las solicitudes de grandes consumidores. El cuello de botella convierte cada punto de conexión disponible en un recurso escaso.
Para el sistema eléctrico hay un equilibrio delicado. Reglas demasiado laxas pueden bloquear capacidad por proyectos especulativos. Reglas demasiado exigentes pueden frenar inversión real y desviar centros de datos hacia otros países. La clave es diferenciar quién tiene proyecto, financiación y calendario de quien solo acumula permisos.
Para un inversor en Ignis, la pregunta no es únicamente cuántos megavatios tiene 'en cartera', sino **qué porcentaje de esos megavatios conservaría valor bajo la regulación definitiva** y qué coste adicional exigiría cumplirla.
El caso es un ejemplo de cómo la IA está moviendo el valor desde el software hacia la infraestructura. En España, una parte crítica de esa infraestructura es algo tan básico como conseguir que la red eléctrica diga sí.
La regulación puede cambiar el valor de proyectos de centros de datos antes de una posible OPV.
Los operadores tendrán que demostrar mejor su cobertura renovable y cumplimiento horario.
La red eléctrica se convierte en una barrera competitiva tan importante como suelo, fibra o financiación.
El proyecto regulatorio está en tramitación y puede cambiar.
Ignis ya ha firmado acuerdos de acceso, como el de 82 MW con Apto.
La OPV no está cancelada; existe incertidumbre sobre valoración y calendario.
Fuentes: MITECO — proyecto de real decreto para centros de datosIGNIS — acuerdo con AptoCinco Días — OPV y riesgo regulatorio
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