Un informe del ICCT publicado el 28 de octubre advierte de que aplazar cinco años la normativa de CO2 para coches nuevos provocaría una pérdida neta de empleo en el sector del automóvil, pese a presentarse como una medida para protegerlo.
Un informe del ICCT publicado el 28 de octubre advierte de que aplazar cinco años la normativa de CO2 para coches nuevos provocaría una pérdida neta de empleo en el sector del automóvil, pese a presentarse como una medida para protegerlo. En la práctica: Si se confirma el retraso de cinco años, España podría perder unos 19.000 empleos en el sector del automóvil de aquí a 2035, según las proyecciones del ICCT; mantener los objetivos actuales dejaría el empleo prácticamente estable.
La planta de SEAT en Martorell (Barcelona), uno de los mayores centros de producción de automóviles de España. Fotografía de archivo tomada en 2012; no corresponde a ninguna planta concreta mencionada en el informe del ICCT.
Foto: Jordiipa · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) publicó el 28 de octubre un informe que calcula el impacto sobre el empleo de retrasar cinco años —de la horquilla 2030-2035 a 2035-2040— los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para coches nuevos en la Unión Europea. Según la organización, ese aplazamiento podría costar hasta 185.000 empleos en el sector automovilístico europeo de aquí a 2035, de los cuales unos 19.000 corresponderían a España.
El informe desglosa el impacto por países: Alemania sería la más afectada, con unos 77.000 empleos en riesgo, seguida de Francia, con unos 28.000, y de Polonia e Italia, con cifras similares entre sí en torno a los 21.000 cada una, según el detalle recogido por Vozpópuli e Infobae. El sector emplea actualmente a 3,3 millones de personas en la UE. El ICCT compara tres escenarios hasta 2035: mantener los objetivos vigentes (reducción del 55% para 2030 y del 100% para 2035) dejaría el empleo prácticamente estable, con un aumento neto del 2%; una política proactiva de apoyo a la fabricación de baterías y la infraestructura de carga podría generar unos 320.000 empleos adicionales, un 10% más; mientras que el retraso de cinco años provocaría, según el estudio, una pérdida neta al frenar el crecimiento de la producción de eléctricos y baterías sin que la prórroga de los puestos vinculados al motor de combustión llegue a compensarla.
"Debilitar los estándares de CO2 se está presentando como una manera de proteger empleos, pero nuestro análisis muestra lo contrario", declaró Sandra Wappelhorst, investigadora principal del ICCT y autora del informe, según recoge Infobae.
El debate coincide con movimientos políticos en Bruselas. Francia y Alemania pactaron a mediados de octubre proponer que los coches de combustión puedan seguir vendiéndose después de 2035, manteniendo el objetivo de reducir un 90% las emisiones de los turismos nuevos pero eliminando la obligación de compensar el 10% restante con acero de bajas emisiones o combustibles sintéticos. El 22 de octubre, dos comisiones del Parlamento Europeo respaldaron por primera vez un compromiso que rebaja esas exigencias, lo que abre la puerta a tocar el calendario fijado en el paquete "Fit for 55", según informó Moncloa.com. La Comisión Europea, de momento, mantiene su hoja de ruta sin cambios: sigue exigiendo una reducción del 90% respecto a los niveles de 2021.
España no figura entre los firmantes de la petición de aplazamiento encabezada por Italia y Polonia, y mantiene un apoyo condicionado al objetivo de cero emisiones, supeditado a que existan fondos europeos para acompañar a la cadena de valor del automóvil. El resultado final de la negociación en Bruselas sigue abierto: las cifras del ICCT son una proyección a 2035, no una pérdida de empleo ya producida, y el propio estudio advierte de que el desenlace dependerá también de las políticas industriales —apoyo a baterías, carga e infraestructura— que acompañen a la normativa, no solo del calendario de reducción de emisiones.
La UE aprobó en 2023 el fin de la venta de coches nuevos de combustión a partir de 2035 dentro del paquete "Fit for 55".
Varios países, liderados por Italia y Polonia, han pedido en 2026 aplazar ese calendario; Francia y Alemania pactaron a mediados de octubre una vía intermedia que mantiene el objetivo del 90% de reducción pero elimina la obligación de compensación con acero verde o combustibles sintéticos.
Si se confirma el retraso de cinco años, España podría perder unos 19.000 empleos en el sector del automóvil de aquí a 2035, según las proyecciones del ICCT; mantener los objetivos actuales dejaría el empleo prácticamente estable.
El resultado de la negociación en Bruselas, todavía abierta, determinará si prevalece el escenario de pérdida de empleo o el de crecimiento ligado a la fabricación de vehículos eléctricos y baterías, con hasta 320.000 empleos adicionales en un escenario proactivo.
El debate se enmarca en la revisión del paquete "Fit for 55" de la UE, que fija el fin de la venta de coches nuevos de combustión en 2035.
Francia y Alemania han propuesto flexibilizar esa meta sin eliminar el objetivo general de reducción del 90% de emisiones para los turismos nuevos.
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