El movimiento por la vivienda en Portugal pide una huelga general ibérica tras los desalojos de Lisboa y Oporto

Miles de personas se concentraron este domingo en Lisboa, en la plaza Pedro IV (Rossio), y en Oporto para protestar contra la actuación policial que desalojó días antes las acampadas por la vivienda instaladas en ambas ciudades desde principios de octubre, y para exigir al Gobierno de Luís Montenegro la retirada de su propuesta de reforma de la ley de alquileres. Según Infobae, el operativo de desalojo se saldó con decenas de detenidos y al menos dos heridos leves en Lisboa; otras fuentes, como SWI swissinfo, sitúan el balance de arrestos entre las dos ciudades en torno a 42, por lo que la cifra exacta de detenidos varía según el medio y no ha sido confirmada por un comunicado policial único consultado en este ciclo.

La reforma que rechazan los manifestantes, aprobada por el Parlamento portugués en septiembre, acelera los procedimientos de desahucio, elimina el periodo mínimo de tres años en determinadas renovaciones automáticas de contrato, permite a los propietarios exigir hasta tres meses de renta por adelantado en lugar de dos, y suprime el límite específico de dos meses de salario para las fianzas. Los colectivos convocantes, entre ellos la acampada de Lisboa, reclaman en su lugar un tope a los precios del alquiler, la ampliación del parque de vivienda pública y restricciones a la compra especulativa de inmuebles por parte de fondos.

Durante la protesta, los asistentes corearon consignas críticas contra el primer ministro Luís Montenegro y su gestión de la crisis de la vivienda. João Veloso, portavoz de la acampada de Lisboa, defendió la necesidad de dar un paso más: "Hay miles de personas movilizadas, y creo que eso hace cada vez más necesario convocar una huelga general en Portugal", afirmó, en declaraciones recogidas por Infobae. El Gobierno portugués, que según Infobae busca apoyos parlamentarios para su reforma del alquiler, no ha respondido públicamente hasta el cierre de esta información a la petición de retirada de la norma.

La petición portuguesa de huelga general se produce apenas unos días después de que siete sindicatos españoles —la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos (CSI), UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Sindical de Solidaridad Obrera y Co.Bas— registraran formalmente la convocatoria de una huelga general de 24 horas en España para el próximo miércoles 11 de noviembre, según informó Público. Sería el primer paro general en España desde 2012, y llega dieciocho días antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Las demandas específicas sobre vivienda de la huelga española incluyen contratos de alquiler indefinidos, una reducción "drástica" de los precios del alquiler y de la vivienda, el fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar vivienda pública y el freno a la compra especulativa de inmuebles. CCOO y UGT han ampliado además el paro a reivindicaciones laborales y económicas, con subidas salariales, reducción de jornada y mejoras en la salud laboral, en lo que ambos sindicatos describen como "la respuesta a la codicia inmobiliaria insaciable" que, a su juicio, hace "prácticamente imposible" el acceso a la vivienda para la mayoría de la ciudadanía.

Pese a esta coincidencia de fechas y reivindicaciones entre ambos países, los sindicatos portugueses no han confirmado todavía si se sumarán formalmente a la huelga convocada en España, aunque, según la cobertura recogida sobre las protestas de este domingo, han dejado la puerta abierta a estudiar una movilización conjunta de ámbito ibérico. Ningún sindicato mayoritario portugués ha anunciado hasta el momento el registro de un paro general propio para el 11 de noviembre, por lo que la expresión "huelga ibérica" refleja, de momento, una aspiración de los colectivos de base y no una decisión sindical formalizada en Portugal.

El contexto de fondo es una crisis de vivienda que afecta de forma similar a ambos países de la península ibérica, con un fuerte incremento de los precios del alquiler en las principales ciudades y una proporción creciente del salario destinada a pagar la renta, un fenómeno que distintos estudios sitúan entre los más agudos de Europa occidental junto con el sur de Italia. En España, el campamento por la vivienda instalado en la Puerta del Sol de Madrid desde finales de septiembre ha servido de referencia simbólica para parte de este movimiento, mientras que en Portugal las acampadas de Lisboa y Oporto, con el apoyo de activistas como Miguel Gregorio o la portavoz Maria João Calisto, llevan movilizadas desde principios de octubre.

La patronal española CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, había anunciado inicialmente que impugnaría judicialmente la huelga del 11 de noviembre por considerarla de naturaleza "política" y "electoral", renunció finalmente a recurrirla por adelantado, según informó Nueva Tribuna, aunque se reserva la posibilidad de emprender acciones legales una vez celebrado el paro en función de cómo se desarrolle. La organización empresarial sostiene que son las empresas las que "pagan o sufren" las consecuencias de un conflicto que, a su juicio, tiene su origen en la falta de respuesta de las administraciones públicas al problema de la vivienda, y no en la relación laboral entre empresarios y trabajadores. Esta disputa sobre la legalidad y la motivación de la huelga —que, según un análisis jurídico citado por Cope, sería ilegal si se iniciara por motivos políticos ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados— añade una capa de incertidumbre sobre el desarrollo del paro del 11-N que convive con la petición portuguesa de sumarse a una movilización ibérica conjunta.