Hegseth anuncia que la ejecución de Nidal Hasan será pública y retransmitida, pero Vance y Trump siembran dudas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth —que desde este año también utiliza el título histórico de "secretario de Guerra"—, declaró el jueves 8 de octubre de 2026, durante una visita al portaaviones USS Abraham Lincoln en San Diego, que la ejecución del exmayor del Ejército Nidal Hasan será pública: "Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", afirmó, añadiendo sobre la fecha fijada: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre". La secretaria interina del Ejército, Adam Telle, fijó la ejecución para la 1:00 p.m. del 3 de diciembre de 2026 en Fort Hood (Texas), con la aprobación previa del presidente Donald Trump y del propio Hegseth.

Hasan, psiquiatra militar con 21 años de servicio en el Ejército, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en el centro de procesamiento de tropas de Fort Hood, tres semanas antes de su despliegue previsto en Afganistán, matando a 13 personas e hiriendo a 32 más. Los agentes que respondieron al tiroteo le dispararon y le dejaron paralizado de pecho para abajo, por lo que desde entonces se desplaza en silla de ruedas. En su consejo de guerra, Hasan se defendió a sí mismo en contra del consejo de sus propios abogados y reconoció abiertamente ser el autor de los disparos, que presentó como una represalia contra la actuación militar de Estados Unidos en países de mayoría musulmana. Un tribunal militar lo condenó a muerte en 2013, tras un proceso que se prolongó varios años por los numerosos incidentes procesales derivados de su autodefensa.

Según The Washington Post, PBS/NPR, CBS News y la organización especializada Death Penalty Information Center, la ejecución de Hasan sería la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961 (cuando se ejecutó por ahorcamiento a un condenado por violación), la primera por fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial y la primera ejecución pública en el país desde 1936. Actualmente solo otras tres personas permanecen en el corredor de la muerte militar estadounidense, un sistema penal separado y mucho más reducido que el de los tribunales civiles federales y estatales.

El propio presidente Trump, preguntado por ABC News sobre si se retransmitiría la ejecución, respondió de forma ambigua que la Administración está "tomando una decisión al respecto", aunque confirmó que Hasan "será ejecutado" y que no le importa "cómo muera". Un día después, el viernes 9 de octubre, el vicepresidente JD Vance contradijo directamente a Hegseth ante la prensa: "He visto esos anuncios. No sé si eso vaya a ocurrir realmente", declaró, precisando además que él personalmente no vería una ejecución retransmitida en directo. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono han explicado públicamente esta discrepancia entre altos cargos de la misma Administración, por lo que, a fecha de esta publicación, no existe una confirmación oficial unificada sobre el formato final de la retransmisión ni sobre el canal o plataforma que se usaría.

El plan de Hegseth ha generado un rechazo que atraviesa el espectro político estadounidense. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que retransmitir la ejecución "equivaldría a una ejecución pública y vulneraría la prohibición absoluta de la tortura". Entre los republicanos, el senador saliente Thom Tillis comparó la medida con "dictaduras opresoras como Irán y Afganistán", el representante Austin Scott afirmó que "retransmitir ejecuciones es lo que hacen los yihadistas; Estados Unidos es mejor que eso", y el senador John Curtis alertó contra convertir las ejecuciones en "espectáculos sangrientos".

Entre los demócratas, el senador Chris Murphy calificó la propuesta de "repugnante" y "medieval", mientras que el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos la denunció como una "promoción bárbara de una cultura de la muerte". Estas reacciones, procedentes de legisladores de ambos partidos, de una organización religiosa de gran peso institucional y de un organismo de Naciones Unidas, respaldan que el rechazo al plan no responde a una sola línea ideológica, sino a objeciones compartidas sobre la dignidad del proceso penal y el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos en materia de pena capital.

Más allá de la controversia sobre la retransmisión, el caso enfrenta además incertidumbres legales sobre si la ejecución llegará a celebrarse en la fecha prevista. Expertos en derecho militar, entre ellos Eugene Fidell, de la Universidad de Yale, citado por The Washington Post, han señalado que Hasan tiene derecho constitucional a recurrir su condena ante tribunales federales civiles mediante un recurso de habeas corpus, un proceso de apelación que podría retrasar la ejecución indefinidamente y extenderse más allá del actual mandato presidencial. También se ha cuestionado si una retransmisión pública sería compatible con el Reglamento del Ejército 190-55, que regula específicamente quién puede presenciar una ejecución militar y prohíbe expresamente la presencia de menores de edad entre los testigos, una norma pensada para un formato de testigos reducido y presencial, no para una difusión masiva por internet o televisión.

De celebrarse en los términos anunciados por Hegseth, el caso sentaría un precedente inédito en la justicia militar y penal estadounidense contemporánea, al combinar el regreso de un método de ejecución en desuso desde 1945 con una retransmisión pública que no tiene equivalente desde hace nueve décadas. La falta de una posición unificada dentro de la propia Administración estadounidense, sumada a los obstáculos legales pendientes y a la presión de legisladores, religiosos y organismos internacionales, hace que, por el momento, ni la fecha ni el formato de la ejecución puedan considerarse definitivos.