Google ha paralizado proyectos de expansión de sus centros de datos en España, entre ellos la estación del cable submarino Sol en Cantabria, mientras el Gobierno ultima un decreto que exigiría cubrir el 80% del consumo eléctrico con renovables nuevas, comprobado hora a hora. La patronal SpainDC avisa de que algunos proyectos serán inviables y la CNMC pide suavizar la norma, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre.
La compañía ha congelado proyectos de centros de datos en España, incluida la estación del cable submarino Sol en Cantabria, a la espera de un decreto que obligaría a cubrir el 80% del consumo con renovables nuevas comprobadas hora a hora. La CNMC pide suavizar la norma, que el Gobierno quiere cerrar antes del 29 de noviembre. Google ha paralizado proyectos de expansión de sus centros de datos en España, entre ellos la estación del cable submarino Sol en Cantabria, mientras el Gobierno ultima un decreto que exigiría cubrir el 80% del consumo eléctrico con renovables nuevas, comprobado hora a hora. La patronal SpainDC avisa de que algunos proyectos serán inviables y la CNMC pide suavizar la norma, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Centro de datos de Google en The Dalles, Oregon (imagen contextual; el proyecto afectado en España es la estación del cable submarino Sol en Cantabria)
Foto: Lambtron · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Google ha puesto en pausa varios proyectos de expansión de su capacidad de centros de datos en España, a la espera de conocer el texto definitivo del decreto con el que el Gobierno quiere regular el consumo energético de estas instalaciones, según informó Xataka el 20 de octubre de 2026. El proyecto más afectado es la estación de aterrizaje del cable submarino Sol, que conectará Santander con Florida, prevista en una parcela de casi 6.000 metros cuadrados del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).
El borrador del Ejecutivo obliga a los centros de datos a cubrir el 80% de su consumo eléctrico con nuevas fuentes de generación renovable, con un requisito de correlación horaria -y no de media anual- entre lo consumido y lo producido. Begoña Villacís, directora de SpainDC, la patronal del sector a la que pertenece Google, advirtió de que, con esas condiciones, "se construirá en otro lugar y será allí desde donde se presten los servicios digitales", en alusión al riesgo de que las inversiones se desvíen a otros países.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha analizado el borrador de forma independiente, cuestiona varios de sus puntos, según recogió Diario de León. El regulador pide reducir el porcentaje de renovables exigido o aplazar su cumplimiento hasta 2030, ampliar el plazo de seis meses que da la norma a las instalaciones con permisos ya concedidos, y rebajar los recargos de hasta el 500% previstos para quienes no cumplan los requisitos, que, según la CNMC, deberían vincularse al coste real del sistema eléctrico y no a una penalización fija. El organismo calcula que ya hay concedidos permisos de acceso por 12 gigavatios, por encima del objetivo de 4 GW que marca la Estrategia de IA del Gobierno para 2030.
El pulso diplomático entre la compañía y el regulador energético se intensificó antes de que se conociera la pausa de inversión: el 8 de octubre de 2026, Kent Walker, responsable global de asuntos públicos de Google, se reunió con la presidenta de la CNMC para trasladarle las preocupaciones del sector sobre el impacto del futuro decreto en los planes de inversión de la compañía en España, un encuentro que anticipó la tensión que se ha hecho pública dos semanas después.
El Gobierno aspira a aprobar el decreto entre finales de octubre y principios de noviembre, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pese a que el texto ha recibido más de 600 alegaciones y está pendiente de dictamen del Consejo de Estado. Google, por su parte, ha optado por reforzar su apuesta inversora en otros mercados: la compañía anunció en paralelo 13.000 millones de euros de inversión en Finlandia, donde ha asegurado suministro de energía nuclear para sus futuros centros de datos, una alternativa que ilustra el riesgo de fuga de inversión que señalan tanto la patronal como la propia CNMC.
España compite con otros países europeos por atraer inversión en centros de datos ligada al auge de la inteligencia artificial, un sector que la Estrategia de IA del Gobierno quiere limitar a 4 GW de capacidad para 2030.
Google anunció en 2026 su proyecto de usar Cantabria como punto de aterrizaje del cable submarino Sol, antes de que se conociera el contenido del borrador del decreto de eficiencia energética para centros de datos.
La paralización afecta directamente al proyecto del cable submarino Sol en Cantabria, uno de los principales activos de infraestructura digital previstos en España, y podría extenderse a otros planes de expansión de Google si el decreto final mantiene las exigencias actuales.
La CNMC advierte de que las condiciones, tal como están redactadas, ponen en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión prevista en centros de datos en España, con el consiguiente impacto en empleo tecnológico y en la posición del país como destino de infraestructura digital.
El decreto busca garantizar que el crecimiento de los centros de datos, impulsado por la demanda de inteligencia artificial, no comprometa los objetivos de descarbonización ni sature la red eléctrica, pero el sector argumenta que las exigencias de correlación horaria con renovables nuevas son más estrictas que en otros países europeos.
Google ya había identificado a España como ubicación estratégica para infraestructura transatlántica gracias al cable Sol, que uniría Europa con Bermudas y Florida, un proyecto anunciado meses antes de que se conociera el borrador del decreto.
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