El Gobierno admite que no ha cobrado ni un euro de las multas por juego ilegal: 465 millones pendientes en cinco años

El Gobierno ha admitido, en una respuesta parlamentaria por escrito dirigida al Grupo Popular, que no ha cobrado ninguna de las multas impuestas a operadores de juego ilegal en los últimos cinco años, un importe que supera los 465 millones de euros y que, según reconoce el propio Ejecutivo, "permanece pendiente de cobro" en su totalidad. La respuesta, remitida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, fue publicada el 11 de octubre y recogida de forma independiente por El Mundo, Libre Mercado y El Debate.

Según el desglose oficial trasladado por el Gobierno, las sanciones ascendieron a 128,4 millones de euros en 2022, 150 millones en 2023, 96 millones en 2024, 51 millones en 2025 y 40 millones en lo que va de 2026, hasta sumar los más de 465 millones acumulados en el periodo. En todos los ejercicios, la cantidad efectivamente ingresada por el Tesoro ha sido cero, pese a que las cifras anuales de sanciones impuestas han sido, en todos los casos, elevadas y crecientes hasta el pico de 2023.

El Ejecutivo atribuye la imposibilidad de cobro al carácter transfronterizo de la actividad: los operadores sancionados carecen de establecimiento real en España, mantienen estructuras corporativas opacas, operan desde "jurisdicciones terceras no colaborativas" y recurren a dominios web volátiles, pasarelas de pago y soporte tecnológico fácilmente sustituibles, lo que dificulta tanto su identificación como la ejecución de los embargos sobre sus activos.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el organismo que impone estas sanciones, defiende que su eficacia no depende exclusivamente de la recaudación económica, sino de otros mecanismos de disuasión: la inhabilitación de los operadores, el bloqueo del acceso a sus webs desde España y la retirada de su visibilidad en buscadores y redes sociales, medidas que considera más efectivas que la vía puramente recaudatoria frente a empresas sin activos localizables en territorio español.

El PP, que formuló la pregunta parlamentaria, ha utilizado la respuesta para cuestionar la capacidad del Gobierno de hacer cumplir su propia normativa sancionadora en materia de juego, en un contexto de preocupación creciente por la expansión del juego online no regulado y su impacto, especialmente entre menores y jóvenes. El Ejecutivo no ha anunciado, por el momento, ninguna medida adicional de cooperación internacional o de refuerzo normativo para mejorar la ejecución de estas sanciones.

El caso pone de relieve una brecha estructural entre la potestad sancionadora que la normativa de regulación del juego otorga a la DGOJ y su capacidad real de ejecución frente a operadores sin cuentas bancarias, sedes ni activos localizables en España. A diferencia de los operadores autorizados, que responden ante Hacienda y pueden ver bloqueados sus pagos o su licencia, los operadores ilegales sancionados por la vía administrativa quedan, en la práctica, fuera del alcance coercitivo directo del Estado, lo que convierte estas multas en una herramienta con un componente disuasorio y simbólico relevante, pero con una eficacia recaudatoria nula hasta la fecha.

El fenómeno no es exclusivo de España: otros reguladores europeos del juego han reconocido dificultades parecidas para cobrar sanciones a operadores que reabren sus webs bajo nuevos dominios poco después de cada bloqueo, lo que ha llevado a varios países a reforzar, junto a las multas, el bloqueo de pagos a través de la banca y las plataformas de tarjetas como mecanismo complementario de disuasión frente al juego ilegal transfronterizo.