El Consejo de Ministros aprobó este martes el primer paquete de los llamados 'martes sociales', un decreto-ley que mejora las prestaciones por incapacidad temporal para víctimas de violencia de género y menopausia, amplía ayudas a huérfanos de feminicidio, equipara las indemnizaciones a víctimas del terrorismo con independencia de que exista sentencia penal, y destina 45 millones de euros a residencias universitarias.
El Ejecutivo inicia una serie semanal de decretos sociales con medidas que mejoran la incapacidad temporal de víctimas de violencia de género y menopausia, amplían la protección a huérfanos de feminicidio y refuerzan pensiones de viudedad, terrorismo y ayudas a la vivienda universitaria. El Consejo de Ministros aprobó este martes el primer paquete de los llamados 'martes sociales', un decreto-ley que mejora las prestaciones por incapacidad temporal para víctimas de violencia de género y menopausia, amplía ayudas a huérfanos de feminicidio, equipara las indemnizaciones a víctimas del terrorismo con independencia de que exista sentencia penal, y destina 45 millones de euros a residencias universitarias. En la práctica: Las medidas afectan directamente a víctimas de violencia de género, familias con menores con enfermedades graves, huérfanos de feminicidio, parejas de hecho viudas, víctimas de terrorismo y estudiantes universitarios que acceden a residencias, ampliando cuantías y facilitando trámites administrativos.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social - 12
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El Consejo de Ministros aprobó este martes 20 de octubre de 2026 el primer bloque de los llamados 'martes sociales', una batería semanal de reformas con la que el Gobierno pretende reforzar la protección social de familias, mujeres y colectivos vulnerables. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, presentó el decreto-ley tras la reunión del Consejo, según informó la agencia EFE, en un anuncio que el propio Gobierno ha vinculado a meses de trabajo previo con asociaciones del sector.
Entre las medidas, la incapacidad temporal por síntomas de menopausia y para las víctimas de violencia de género pasará a cubrirse al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y al 75% a partir de entonces, con el pago del primer día a cargo de la empresa y el resto asumido por la Seguridad Social desde el segundo día. El decreto también amplía la prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, permitiendo que ambos progenitores la perciban de forma simultánea o alterna y extendiéndola más allá de los 26 años en casos de dependencia de grado III o discapacidad severa, una reivindicación histórica de asociaciones de familias con hijos enfermos.
El texto refuerza además la protección de los huérfanos de feminicidio menores de 21 años en el momento del crimen, con una cuantía mínima mensual que puede llegar a duplicar el Salario Mínimo Interprofesional, y facilita el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común, incluyendo parejas del mismo sexo, al reducir trabas administrativas y permitir revisar solicitudes denegadas durante los últimos 12 meses sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento desde cero.
El decreto-ley también reforma la Ley 29/2011 de víctimas del terrorismo para igualar las indemnizaciones con independencia de que exista o no sentencia penal, según precisó el Ministerio del Interior. La norma introduce un nuevo artículo 20.8 y una disposición transitoria que permiten reclamar una ayuda complementaria en un plazo de cuatro años desde su entrada en vigor, o de cinco años desde el atentado si no hubo sentencia. Las pensiones por actos terroristas tendrán una cuantía mínima equivalente a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, lo que supone una revalorización de en torno al 35-36% y su actualización automática en el futuro ligada a las subidas del SMI, según coinciden Europa Press y Pressdigital. Los principales beneficiarios son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familiares cuyos casos no llegaron a juicio por autoría desconocida, así como víctimas de atentados como los de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, en los que la muerte de los autores impidió fijar responsabilidad civil en sentencia.
El fondo de garantía de alimentos elevará además sus anticipos de 100 a 300 euros por beneficiario. El decreto incluye también una partida de 45 millones de euros para residencias universitarias y mejoras en la protección de trabajadores afectados por catástrofes como la dana, según detallaron Moncloa.com y elDiario.es, que coinciden en el detalle de las principales cuantías anunciadas por el Ejecutivo.
El Gobierno enmarca el decreto como resultado de meses de diálogo social con asociaciones de víctimas y colectivos afectados. Saiz defendió que la norma busca "ampliar derechos, reforzar la protección de las familias y responder a situaciones que necesitan una cobertura más adecuada", y subrayó que "la Seguridad Social debe estar preparada para proteger a las personas cuando más lo necesitan". El decreto-ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso antes de que finalice la legislatura, y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con el procedimiento habitual para este tipo de normas urgentes.
Se suma a anteriores reformas de prestaciones de la Seguridad Social impulsadas por este Ejecutivo durante la legislatura.
La norma reforma la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Las medidas afectan directamente a víctimas de violencia de género, familias con menores con enfermedades graves, huérfanos de feminicidio, parejas de hecho viudas, víctimas de terrorismo y estudiantes universitarios que acceden a residencias, ampliando cuantías y facilitando trámites administrativos.
La equiparación de indemnizaciones por terrorismo beneficia en particular a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, y a víctimas de atentados sin sentencia penal firme por autoría desconocida o por fallecimiento del autor, como las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017.
El decreto se aprueba semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, en lo que el Gobierno presenta como el primer bloque de una dinámica semanal de 'martes sociales' en el Consejo de Ministros.
La equiparación de indemnizaciones responde a una demanda histórica de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que durante años reclamaron que el reconocimiento no dependiera de que hubiera existido un proceso penal con sentencia condenatoria.
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