El Ministerio para la Transición Ecológica envía al Consejo de Estado una nueva versión del decreto que regula los centros de datos, con un periodo transitorio de cinco años y el umbral de potencia elevado de 1 a 10 megavatios, tras recibir más de 600 alegaciones.
El Ministerio para la Transición Ecológica suaviza el calendario de exigencias ambientales a los centros de datos, aunque mantiene el objetivo de que cubran con renovables el 80% de su consumo horario, en la nueva versión del real decreto enviada al Consejo de Estado. El Ministerio para la Transición Ecológica envía al Consejo de Estado una nueva versión del decreto que regula los centros de datos, con un periodo transitorio de cinco años y el umbral de potencia elevado de 1 a 10 megavatios, tras recibir más de 600 alegaciones. En la práctica: La flexibilización afecta directamente a los grandes operadores de centros de datos que planean o ejecutan inversiones en España, al darles más margen para alcanzar los objetivos de renovables sin perder el acceso a la red, aunque a cambio de asumir el riesgo de desconexiones sin compensación.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos en España, después de recibir más de 600 alegaciones durante la consulta pública abierta este verano. El texto actualizado flexibiliza el calendario para cumplir con las exigencias de energía renovable, pero mantiene el objetivo final de que estas instalaciones cubran con fuentes limpias el 80% de la electricidad que consumen cada hora.
La principal novedad frente al borrador conocido en agosto es la introducción de un periodo transitorio de hasta cinco años para alcanzar ese 80% de correlación horaria con renovables. Durante esa moratoria, los centros de datos deberán demostrar que al menos el 60% de su consumo en las horas de mayor demanda procede de fuentes renovables hasta finales de 2028; a partir de 2029 y hasta el final del periodo transitorio, el umbral exigido sube al 70% en las horas punta y al 60% en el resto de periodos horarios.
A cambio de ese margen adicional, los centros de datos que opten por el régimen transitorio deberán inscribirse en el sistema de reducción automática de potencia (SRAP), lo que permite a Red Eléctrica de España ordenarles la desconexión urgente de la red en situaciones de tensión del sistema, sin derecho a compensación económica. El Gobierno ha elevado además de 1 a 10 megavatios el umbral de potencia de acceso a partir del cual se aplican con carácter general las exigencias de sostenibilidad, aunque las obligaciones de información a la Administración se mantienen para instalaciones de 500 kilovatios o más.
Los cambios responden, según los medios económicos que han tenido acceso al nuevo texto, a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la presión del sector, que había advertido de que los requisitos del primer borrador podían frenar las inversiones previstas en España, uno de los mercados europeos donde más centros de datos se están construyendo para dar servicio a la computación en la nube y la inteligencia artificial. El decreto llega en medio del debate sobre el impacto energético e hídrico de estas instalaciones, especialmente en zonas con capacidad de red ya tensionada como la Comunidad de Madrid, donde se concentra buena parte de los proyectos en construcción.
El texto todavía no es definitivo: el Consejo de Estado debe emitir su dictamen antes de que el Gobierno lo lleve al Consejo de Ministros para su aprobación, por lo que el calendario exacto y algunos detalles técnicos del régimen transitorio podrían variar en la redacción final. El Ejecutivo prevé aprobar el decreto en las próximas semanas, según fuentes del sector citadas por la prensa económica.
El primer borrador del decreto, conocido en agosto de 2026, exigía el 80% de cobertura renovable horaria sin periodo transitorio y fijaba el umbral de aplicación general en 1 MW, lo que generó más de 600 alegaciones del sector durante la consulta pública.
La flexibilización afecta directamente a los grandes operadores de centros de datos que planean o ejecutan inversiones en España, al darles más margen para alcanzar los objetivos de renovables sin perder el acceso a la red, aunque a cambio de asumir el riesgo de desconexiones sin compensación.
El real decreto se tramita por vía urgente desde que el Consejo de Ministros aprobó su tramitación acelerada en agosto de 2026, en un contexto de rápido crecimiento de la demanda eléctrica asociada a la computación en la nube y la inteligencia artificial en España.
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