El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a dos reales decretos que amplían en 700 el número de plazas judiciales y fiscales, la mayor ampliación de la planta en la historia reciente de la Justicia española, según el Ministerio de la Presidencia.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos que crean 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales de cara a 2027, un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal que el Gobierno presenta como la mayor ampliación de su historia reciente. El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a dos reales decretos que amplían en 700 el número de plazas judiciales y fiscales, la mayor ampliación de la planta en la historia reciente de la Justicia española, según el Ministerio de la Presidencia. En la práctica: El refuerzo busca aliviar la sobrecarga crónica de juzgados y fiscalías españolas, especialmente en las jurisdicciones civil y social, aunque las nuevas plazas no estarán cubiertas de forma inmediata porque dependen de procesos de oposición y de la incorporación efectiva de los nuevos jueces y fiscales.
Sede del Tribunal Supremo de España, en Madrid (imagen de archivo).
Foto: Luis García (Zaqarbal) · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, según confirmó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en una nota de prensa oficial publicada en su sitio web. La medida se instrumenta mediante dos reales decretos y se suma a otras 700 plazas anunciadas en julio por el titular de Justicia, Félix Bolaños, que deberán estar activas antes del 31 de diciembre de este año.
Según el desglose oficial, de las 500 plazas judiciales, 172 se destinan a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal, además de 87 para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial, 11 para juzgados de Violencia sobre la Mujer, seis para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ocho para nuevas presidencias de tribunales de instancia y cuatro en la Audiencia Nacional. Andalucía y Cataluña recibirán el mayor número de plazas de jueces, con 94 cada una, seguidas de Madrid (74) y la Comunidad Valenciana (53); en fiscales, Cataluña concentra 47 plazas, Andalucía 31 y Madrid 26, de acuerdo con agencias como EFE recogidas por Infobae y Telemadrid.
El Ejecutivo defiende que el acceso a 125 de las nuevas plazas judiciales se hará por el denominado "cuarto turno", reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, mientras que las 375 restantes de la Carrera Judicial y las 200 de la Carrera Fiscal se cubrirán por oposición. El Ministerio cifra la inversión en unos 55 millones de euros, frente a los 260 millones que, según el propio departamento, habría exigido el modelo tradicional de ampliación de plantilla.
La reacción dentro de la carrera judicial ha sido dispar. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia celebró el aumento como "un avance reclamado hace mucho tiempo", mientras que otras asociaciones, según recogió la agencia en la cobertura de julio sobre el primer paquete de plazas, valoraron positivamente el refuerzo de medios personales pero reclamaron que todas las plazas estén operativas antes de 2027 para aliviar el colapso de los juzgados. La Asociación Profesional de la Magistratura ha insistido en que la ampliación supone "reconocer una realidad" de déficit de medios que los jueces denuncian desde hace años.
La medida llega en un contexto de calendario electoral, con varias informaciones señalando que coincide con la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, aunque el Ministerio de la Presidencia ha enmarcado el anuncio exclusivamente como la culminación de un plan de refuerzo de la planta judicial y fiscal iniciado el pasado julio. No se han difundido hasta ahora críticas formales de la oposición parlamentaria a este paquete concreto de 700 plazas.
En julio de 2026, Bolaños ya había anunciado la creación de otras 700 plazas de jueces y fiscales con entrada en vigor antes de final de año, por lo que esta es la segunda macroampliación del año.
El refuerzo busca aliviar la sobrecarga crónica de juzgados y fiscalías españolas, especialmente en las jurisdicciones civil y social, aunque las nuevas plazas no estarán cubiertas de forma inmediata porque dependen de procesos de oposición y de la incorporación efectiva de los nuevos jueces y fiscales.
Esta ampliación se suma a las 700 plazas ya anunciadas en julio de 2026, que deben estar activas antes de que termine el año, por lo que el refuerzo total de la planta judicial y fiscal en este ciclo asciende a 1.400 plazas.
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