La coalición de Ada Colau presenta en Madrid un paquete de medidas de regeneración democrática que incluye ampliar a diez años el veto a expresidentes del Gobierno y crear una agencia anticorrupción independiente.
La coalición liderada por Ada Colau presentó este jueves en Madrid una batería de medidas de regeneración democrática centrada en excluir durante 20 años de los contratos públicos a las empresas vinculadas a casos de corrupción, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La coalición de Ada Colau presenta en Madrid un paquete de medidas de regeneración democrática que incluye ampliar a diez años el veto a expresidentes del Gobierno y crear una agencia anticorrupción independiente. En la práctica: El anuncio refuerza la estrategia de Frente Amplio de situar la corrupción institucional como eje de campaña diferencial frente al PSOE y al resto de fuerzas, en un contexto de varios casos judiciales abiertos que afectan a distintos partidos.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, en una imagen de archivo de 2022.
Foto: Laura Guerrero / Ajuntament de Barcelona vía Wikimedia Commons · Licencia: CC BY 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Frente Amplio presentó este jueves en Madrid un paquete de medidas de regeneración democrática cuyo eje central es excluir durante 20 años de la contratación con las administraciones públicas a las empresas que hayan participado en tramas de corrupción, mediante una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y del Código Penal. La candidata de la coalición, Ada Colau, presentó la propuesta junto a la portavoz de Más Madrid Rita Maestre, la candidata por Barcelona Júlia Miralles y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez-Royo, según la cobertura coincidente de Europa Press, Infobae y PressDigital.
Colau defendió la medida con una frase que resume el planteamiento de la coalición: "No puede ser que sean de facto amnistiados quienes han practicado la corrupción", en referencia a que las empresas sancionadas por corrupción puedan seguir optando a contratos públicos poco después de una condena. La candidata calificó la corrupción como "una de las principales amenazas de la democracia" y situó esta propuesta como un elemento diferencial de su coalición frente al resto de fuerzas políticas, incluido el PSOE.
El paquete incluye otras seis medidas: ampliar de dos a diez años el periodo en el que los expresidentes del Gobierno tienen vetado trabajar para empresas privadas tras dejar el cargo, con el objetivo declarado de acabar con las conocidas como 'puertas giratorias'; retirar de forma inmediata los recursos diplomáticos e institucionales a los ex altos cargos que emprendan actividades lucrativas privadas; recuperar la tramitación de una Ley de Integridad Pública que cree una agencia anticorrupción independiente y dotada de recursos; reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para mejorar el decomiso de bienes de origen presuntamente delictivo; aprobar una ley de lobbies que regule la actividad de los grupos de presión ante las instituciones; y levantar el velo corporativo de las sociedades para poder identificar a sus titulares reales.
La propuesta se enmarca en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que Frente Amplio —la coalición que integra a Comunes, Más Madrid, IU y Sumar— intenta diferenciarse como la fuerza que más enfáticamente pone el foco en la corrupción institucional, en un contexto político marcado por varios casos judiciales abiertos que afectan a distintos partidos. Ninguna de las medidas anunciadas constituye todavía una iniciativa legislativa registrada en el Congreso: se trata, por ahora, de compromisos de campaña que la coalición se propone impulsar si forma parte de un futuro Gobierno o de la negociación de investidura.
Las citas y el listado de medidas recogidos en esta información proceden de la cobertura coincidente de Europa Press —fuente original que distribuyó la nota de la rueda de prensa—, Infobae y PressDigital, medios independientes entre sí que reproducen de forma sustancialmente idéntica tanto las siete medidas como la cita literal de Colau sobre la 'amnistía de facto'. No se ha localizado hasta el momento una transcripción oficial íntegra del acto difundida por el propio Frente Amplio, ni el texto articulado de una futura proposición de ley, por lo que el detalle jurídico exacto de cada reforma (por ejemplo, la numeración de los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público o del Código Penal que se modificarían) se mantiene como una limitación explícita de esta cobertura, pendiente de un documento primario.
Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 antes de convertirse en una de las caras visibles del espacio a la izquierda del PSOE a escala estatal.
El anuncio refuerza la estrategia de Frente Amplio de situar la corrupción institucional como eje de campaña diferencial frente al PSOE y al resto de fuerzas, en un contexto de varios casos judiciales abiertos que afectan a distintos partidos.
De aplicarse, la ampliación del veto a expresidentes de dos a diez años y la exclusión de contratistas condenados por corrupción durante 20 años supondrían una de las reformas más restrictivas en materia de regeneración democrática propuestas hasta ahora por una fuerza parlamentaria española.
Frente Amplio integra a Comunes, Más Madrid, IU y Sumar y se presenta como la principal referencia electoral a la izquierda del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
La coalición ya había situado la vivienda como eje central de su campaña en el acto de arranque en Vallecas (12 de noviembre); este anuncio de medidas anticorrupción constituye un acto distinto, centrado específicamente en la regeneración democrática.
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