La ONU pide a Francia que no use la fuerza de forma desproporcionada contra los estudiantes movilizados

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un llamamiento público el viernes 9 de octubre para que las protestas estudiantiles en Francia "sigan siendo pacíficas" y para que las fuerzas del orden no recurran "a un uso desproporcionado de la fuerza", según declaró en Ginebra la portavoz del organismo, Shabia Mantoo. "El derecho de reunión pacífica debe respetarse", añadió la portavoz, en una intervención que sitúa por primera vez a un organismo internacional en el centro de una crisis que el Gobierno francés había intentado gestionar hasta ahora como un asunto de política educativa interna.

El pronunciamiento de la ONU llega después de que el Ministerio del Interior francés, dirigido por Laurent Nuñez, suspendiera el 7 de octubre el uso de granadas aturdidoras en las protestas de estudiantes de instituto, tras conocerse que un adolescente de 15 años perdió una mano por el impacto de uno de estos artefactos lanzados por la policía en Lens. Según precisó el propio Ministerio, la suspensión se aplica "únicamente" a las movilizaciones estudiantiles y "solo durante el tiempo necesario para esclarecer lo ocurrido", sin extenderse a otros dispositivos de orden público. Los mismos días se conoció el caso de otro menor que perdió visión en un ojo durante las cargas policiales, episodios que han alimentado las acusaciones de brutalidad policial contra el dispositivo desplegado por el Gobierno.

Las cifras oficiales han seguido creciendo: el Ministerio del Interior cifra en unos 6.547 los arrestos desde el inicio de las protestas el 28 de septiembre, la mayoría de menores de edad, mientras que la ONU, citando datos más recientes, elevó la cifra a cerca de 6.900 detenciones —el 86% de menores— con 2.376 personas ya sometidas a procedimientos judiciales. El propio Gobierno reconoce 215 estudiantes, 715 agentes de policía y 85 miembros del personal docente heridos desde el comienzo del movimiento, un balance que no incluye todavía los heridos de la jornada del 8 de octubre en la plaza de la Bastilla, donde la policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua tras el lanzamiento de adoquines y material pirotécnico por parte de algunos manifestantes, según France24 y Euronews.

El Ejecutivo de François Bayrou ya había negado el 7 de octubre que la policía tuviera órdenes de enfrentarse directamente a los alumnos movilizados, intentando desvincular al Gobierno de los episodios de violencia más graves. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha prometido presentar antes de que termine octubre las primeras decisiones para atender las reclamaciones educativas del movimiento, en paralelo al envío de los 3.000 profesores suplentes anunciado por el ministro de Educación, Édouard Geffray, que se incorporarán a los centros con mayor escasez de personal entre el 9 y el 11 de octubre.

El contraste entre el balance oficial francés —centrado en los daños a las fuerzas de seguridad y al personal docente— y el de la ONU —centrado en el impacto sobre los menores y el derecho de manifestación— deja sin resolver la cuestión de fondo: si la respuesta policial a las protestas ha sido o no proporcionada. Ni el Gobierno francés ni el Ministerio del Interior han respondido públicamente, por el momento, al llamamiento directo de la OACNUDH, que se suma a la presión ya existente de organizaciones sindicales y políticas francesas sobre el uso de material antidisturbios contra menores de edad.

El movimiento estudiantil, que afecta a parte de los 2,7 millones de alumnos de secundaria del país, reclama inversión adicional para aliviar la masificación en las aulas, la falta de profesores y la ampliación de las jornadas escolares. Sabrine Kharbach, portavoz de Union Étudiante, declaró que "mientras no haya 10.000 millones de euros sobre la mesa, seguiremos movilizándonos", y advirtió de que el anuncio de los 3.000 suplentes no bastará para frenar las protestas. El líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, celebró en la red social X que la plaza de la Bastilla había sido "retomada" por los estudiantes, una lectura política que contrasta con el enfoque humanitario del llamamiento de la ONU.

Los 2.376 casos ya derivados a procedimientos judiciales, según la cifra citada por la ONU, abren un frente adicional: buena parte corresponde a menores de edad, lo que implica la intervención de la jurisdicción de menores francesa y plantea dudas sobre los plazos y las garantías procesales aplicadas a adolescentes detenidos en el marco de manifestaciones masivas, un aspecto que ni el Gobierno ni la propia ONU han detallado hasta ahora.

Las protestas, que comenzaron a mediados de septiembre por la masificación de las aulas y la falta de profesores, han convocado hasta 450.000 personas en su jornada más multitudinaria del 2 de octubre, antes de que la participación bajara a 71.500 el 8 de octubre. Los sindicatos estudiantiles ya han convocado una nueva movilización para el 13 de octubre, lo que anticipa que la presión internacional y social sobre el Ejecutivo de Bayrou continuará en los próximos días, en un contexto de fuerte endeudamiento público que limita el margen de maniobra presupuestaria del Gobierno.

El episodio añade un nuevo elemento a una crisis que ya había generado comparaciones con anteriores ciclos de protesta social en Francia, como los chalecos amarillos o las movilizaciones contra reformas laborales, en los que el uso de armas menos letales por parte de la policía también fue objeto de escrutinio internacional, aunque en esta ocasión la intervención de un organismo de Naciones Unidas se ha producido de forma más temprana, apenas tres semanas después del inicio de las protestas.