La Fiscalía Europea realizó el 12 de noviembre diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude con fondos europeos destinados a las pulseras telemáticas antimaltrato. La investigación, abierta hace un año con apoyo de la UCO, no tiene aún investigados formales ni cifras confirmadas por la propia Fiscalía.
La Fiscalía Europea realizó este 12 de noviembre diligencias de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude con fondos de la UE destinados a las pulseras telemáticas antimaltrato. La investigación, abierta hace alrededor de un año con apoyo de la UCO, se originó en una denuncia del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude sobre unos 45 millones de euros del plan de recuperación europeo; la Fiscalía no ha confirmado públicamente cifras ni personas investigadas. La Fiscalía Europea realizó el 12 de noviembre diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude con fondos europeos destinados a las pulseras telemáticas antimaltrato. La investigación, abierta hace un año con apoyo de la UCO, no tiene aún investigados formales ni cifras confirmadas por la propia Fiscalía.

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid, uno de los dos organismos en los que la Fiscalía Europea realizó diligencias de investigación el 12 de noviembre de 2026. Foto: Luis García (Zaqarbal) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
Foto: Luis García (Zaqarbal) / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La Fiscalía Europea (EPPO), a través de su oficina en Madrid, realizó este jueves 12 de noviembre de 2026 diligencias de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, dentro de una causa abierta por un presunto fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la compra de pulseras telemáticas para el control de medidas de alejamiento y condenas por violencia de género, el llamado sistema Cometa. En las actuaciones participaron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así lo reportaron, de forma coincidente, El Correo Gallego, The Objective y OKDiario, entre otros medios que cubrieron las diligencias el mismo día.
La investigación, según estas mismas fuentes, se abrió hace aproximadamente un año, en 2025, a partir de una denuncia remitida a la Fiscalía Europea por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (dependiente de la Intervención General del Estado), que detectó indicios de irregularidades en la obtención y gestión de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ligados al sistema de seguimiento telemático de las pulseras antimaltrato. La propia Fiscalía Europea no ha precisado públicamente el importe exacto de los fondos afectados ni ha identificado a personas investigadas; la cifra de unos 45 millones de euros procede de la reconstrucción periodística de la denuncia del Servicio Antifraude, no de una confirmación oficial de la EPPO.
Los delitos que se barajan en la causa, según la misma reconstrucción periodística, son fraude en la obtención de subvenciones europeas, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Ninguno de estos extremos ha sido confirmado por un escrito de acusación o por una imputación formal; se trata, en esta fase, de diligencias de investigación, no de cargos. The Objective y Europa Press subrayan expresamente que la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre personas investigadas, el alcance exacto de las diligencias ni el importe definitivo afectado.
El contrato en el centro de la polémica es el que el Ministerio de Igualdad adjudicó en octubre de 2023 a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas Seguridad, por 42,6 millones de euros, un 15% por debajo del presupuesto base de licitación de 50 millones, parcialmente financiado con fondos del PRTR, según confirmó la agencia EFE. La UTE resultó única candidata y se hizo cargo de la gestión de unos 11.431 dispositivos, sustituyendo a Telefónica, adjudicataria del servicio desde 2009, que no concurrió a la renovación.
Algunos medios, como OKDiario, atribuyen el origen de las sospechas a la memoria justificativa presentada en julio de 2023 para solicitar los fondos europeos, que habría alegado la necesidad de fabricación específica de los dispositivos por falta de alternativa comercial, una justificación que especificaciones técnicas posteriores, nueve días después, ya no recogían; los equipos finalmente adquiridos serían de fabricación china, con adaptaciones mínimas. WIRESdesk no ha podido verificar de forma independiente el contenido literal de esa memoria ni su fecha exacta de modificación, por lo que presenta este extremo como una afirmación atribuida a esa cobertura, pendiente de confirmación documental, y no como un hecho establecido.
El contexto de fondo no es nuevo: el Tribunal de Cuentas ya había detectado, en un informe de fiscalización hecho público en septiembre de 2026 y recogido por Libertad Digital, "graves deficiencias" en la ejecución de los contratos de pulseras antimaltrato de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones de euros fiscalizados. El informe documentó la falta de planes de transición entre proveedores, problemas de acceso al histórico de quebrantamientos que dejaron sin respuesta 123 solicitudes judiciales pendientes, errores de geolocalización, deficiencias de batería y, durante la migración de datos entre 2023 y 2024, un bloqueo de varios meses en el acceso a los movimientos de agresores anteriores al 20 de marzo de 2024, una circunstancia que la Fiscalía llegó a calificar como potencialmente comprometedora para la protección de las víctimas. A junio de 2026, el sistema contabilizaba 790 pulseras perdidas o robadas y 3.288 irreparablemente averiadas, sobre un parque de unos 4.021 agresores monitorizados y 4.700 víctimas activas.
La causa afecta políticamente a dos titulares de Igualdad: Irene Montero, ministra hasta noviembre de 2023, bajo cuyo mandato se tramitó la memoria de julio de ese año y se adjudicó el contrato en octubre; y Ana Redondo, ministra desde entonces, responsable de la ejecución del contrato durante el periodo en que se detectaron los fallos técnicos. Ninguna de las dos figura como investigada en la causa de la Fiscalía Europea, que no ha señalado a ningún cargo político; Montero negó en septiembre de 2025, al ser preguntada por los fallos técnicos del sistema, que existieran tales fallos, y los calificó públicamente de "una mentira de la derecha". Hasta la publicación de esta información, ni el Ministerio de Igualdad ni la propia Fiscalía Europea habían emitido un comunicado adicional más allá de confirmar que las diligencias se habían practicado.
La investigación llega en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que añade una dimensión política al caso, y mientras el Gobierno ya tramita en paralelo —de forma independiente a la causa penal— un nuevo contrato de hasta 111 millones de euros para renovar el sistema de seguimiento telemático. Quedan sin resolver, a la espera de nuevas diligencias o de un eventual escrito de acusación, las preguntas centrales del caso: qué personas concretas podrían acabar imputadas, qué importe exacto de fondos europeos se considera afectado y si la Comisión Europea, que supervisa el cumplimiento de los hitos del plan de recuperación español, adoptará alguna medida sobre los desembolsos vinculados a este programa.
En septiembre de 2025, juzgados de Granada y Galicia detectaron fallos operativos en las pulseras, que Irene Montero calificó entonces de "mentira" de la derecha.
En septiembre de 2026, el Tribunal de Cuentas hizo público un informe de fiscalización sobre los contratos de pulseras antimaltrato de 2018, 2021 y 2023, con hallazgos de deficiencias graves.
El Gobierno sacó a licitación en 2026 un nuevo contrato de hasta 111 millones de euros para sustituir el sistema actual, independiente de la causa penal europea.
Es la primera vez que la Fiscalía Europea realiza diligencias de investigación directamente en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por el uso de fondos UE en el sistema de pulseras antimaltrato, elevando una polémica técnica y de fiscalización que llevaba más de un año abierta a una causa penal europea.
El caso afecta a un servicio esencial de protección frente a la violencia de género del que dependen varios miles de víctimas activas, y llega en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
El sistema Cometa gestiona el seguimiento telemático de las medidas de alejamiento y las condenas por violencia de género y sexual en España desde 2009, primero bajo contrato con Telefónica y, desde octubre de 2023, bajo gestión de la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad.
El Tribunal de Cuentas ya había alertado en septiembre de 2026 de deficiencias graves en la ejecución de los contratos de 2018, 2021 y 2023, incluyendo problemas de acceso al histórico de quebrantamientos y errores de geolocalización.
El caso se suma a otras causas de fraude con fondos europeos del plan de recuperación español que la Fiscalía Europea investiga en España, como la relativa al mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, abierta en noviembre de 2026.
El PSOE entrega a Pedraz el listado de sus abogados y facturas de 2021 a 2025 en el 'caso Leire Díez' y pide que queden bajo secreto
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.
El Supremo rechaza por segunda vez el recurso de Vox para suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
El juez del caso Koldo rechaza la nulidad del registro de la UCO en casa de Ábalos
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
Feijóo defiende pactar con Vox pero pone como línea roja la excarcelación de etarras
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
Un exempleado de la cantera que surte de balasto a Adif denuncia ante la jueza de Adamuz que el material es "defectuoso"
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.