Un informe del economista Benito Arruñada para la fundación Fedea sostiene que las trabas a construir, transmitir y alquilar, no solo la falta de suelo, explican la carestía de la vivienda en España.
Un estudio de la fundación Fedea firmado por el catedrático de la UPF Benito Arruñada atribuye la escasez y el precio de la vivienda en España a decisiones políticas y fiscales, más que a la falta de suelo, y propone cinco reformas para ampliar la oferta. Un informe del economista Benito Arruñada para la fundación Fedea sostiene que las trabas a construir, transmitir y alquilar, no solo la falta de suelo, explican la carestía de la vivienda en España. En la práctica: Fedea atribuye la escasez y la carestía de la vivienda en España a decisiones políticas y fiscales —restricciones a construir, transmitir y alquilar— más que a la simple falta de suelo, justo cuando el Gobierno acaba de convalidar un nuevo decreto de vivienda.

Edificio de viviendas en el Paseo de las Delicias de Madrid, un ejemplo del parque residencial urbano español.
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La fundación de estudios económicos Fedea publicó el 18 de noviembre un informe titulado 'El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia', elaborado por el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra Benito Arruñada. Su tesis central es que "los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda" en España, porque las restricciones a construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican especialmente a quienes buscan vivienda.
El trabajo sostiene que, en el segmento de obra nueva, la falta de suelo edificable responde en gran medida a decisiones políticas: numerosos colectivos pueden bloquear una promoción urbanística sin asumir el coste íntegro de hacerlo, lo que alarga los plazos de urbanización hasta los 10-15 años. El informe calcula además que los impuestos representan el 25,78% del coste final para un comprador de vivienda nueva, una carga que el autor considera parte del problema de accesibilidad.
Arruñada analiza también el Real Decreto-ley 29/2026, el último decreto de vivienda, convalidado el 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso, que amplía las prórrogas de contrato, limita las actualizaciones de renta y obliga a las administraciones a ofrecer alternativa habitacional o cubrir deudas de inquilinos en determinados supuestos. Según el medio Diario de Madrid, Fedea advierte de que esas medidas, aunque benefician a los inquilinos actuales, pueden desincentivar a los propietarios a sacar pisos al mercado y endurecer la entrada para futuros arrendatarios, de forma que el beneficio inmediato y visible para unos oculta un coste futuro menos perceptible para el conjunto del mercado.
Como precedente, el informe cita la regulación de alquileres aprobada en Cataluña en 2020, que según sus cálculos redujo la renta media en torno a un 5% pero provocó una caída de alrededor del 10% en la firma de nuevos contratos de arrendamiento. El autor también recoge datos de encuestas según los cuales el apoyo a los controles de precios es 12 puntos porcentuales mayor entre los inquilinos que entre los propietarios, y hasta 19,8 puntos menor entre quienes además poseen una vivienda en alquiler, lo que a su juicio ilustra cómo los incentivos electorales inmediatos pesan más que los efectos de oferta a medio plazo.
Para revertir la escasez, Fedea propone cinco líneas de reforma: facilitar la construcción flexibilizando usos, densidades y requisitos de calidad; reequilibrar la fiscalidad reduciendo los impuestos a la construcción y la transmisión compensándolos con tributos sobre la tenencia o recortes de gasto; restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual mediante acuerdos exigibles; separar la ayuda social de los contratos privados mediante financiación pública explícita; y promover la subsidiariedad y la transparencia regulatoria entre territorios. "Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara", concluye el informe.
Fedea ha publicado otros análisis críticos con la regulación de alquileres en los últimos años, en paralelo a sucesivos decretos de vivienda del Gobierno de coalición.
Fedea atribuye la escasez y la carestía de la vivienda en España a decisiones políticas y fiscales —restricciones a construir, transmitir y alquilar— más que a la simple falta de suelo, justo cuando el Gobierno acaba de convalidar un nuevo decreto de vivienda.
El informe cuestiona que el reciente decreto de alquiler, pese a beneficiar a los inquilinos actuales, pueda reducir la oferta disponible para quienes busquen vivienda en el futuro.
Informe de Fedea 'El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia', de Benito Arruñada (Universitat Pompeu Fabra), publicado el 18 de noviembre de 2026.
El análisis llega días después de que la Diputación Permanente del Congreso convalidara, el 12 de noviembre, el Real Decreto-ley 29/2026 de vivienda.
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