El Gobierno traspone dos directivas europeas sobre transparencia retributiva: las empresas deberán indicar el salario inicial en las ofertas de trabajo y justificar brechas salariales superiores al 25% (5% en las de más de 100 empleados).
El Real Decreto-ley 39/2026, aprobado el 17 de noviembre y publicado al día siguiente en el BOE, obliga a las empresas a informar del salario inicial en las ofertas de empleo, prohíbe preguntar por la retribución previa de los candidatos y refuerza los registros salariales para combatir la brecha de género. El Gobierno traspone dos directivas europeas sobre transparencia retributiva: las empresas deberán indicar el salario inicial en las ofertas de trabajo y justificar brechas salariales superiores al 25% (5% en las de más de 100 empleados). En la práctica: La norma afecta a todas las empresas que operan en España, con obligaciones de transparencia salarial inmediatas en procesos de selección.

El Pabellón del Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa (Madrid), donde se aprobó el Real Decreto-ley 39/2026.
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El Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 39/2026, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva y la Ley 3/2023 de Empleo. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de noviembre y en vigor desde esa misma fecha, traspone al ordenamiento español dos directivas comunitarias: la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, y la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva entre mujeres y hombres.
La norma obliga a las empresas a incluir en sus ofertas de empleo la retribución o el nivel retributivo inicial del puesto, calculado con criterios objetivos y neutros respecto al género, y prohíbe expresamente preguntar a los candidatos cuánto cobraban en su empleo anterior. Las ofertas y los títulos de los puestos deberán redactarse en lenguaje neutro, y la información debe ofrecerse en formatos accesibles para personas con discapacidad.
Cualquier trabajador podrá solicitar por escrito información sobre su propia retribución y sobre la retribución media, desglosada por sexo, de quienes realizan un trabajo igual o de igual valor, tanto en términos anuales como por hora. Las empresas tendrán un plazo de dos meses para responder, y los antiguos empleados podrán ejercer este derecho hasta un año después de dejar la compañía. El decreto declara nulas las cláusulas contractuales que impongan confidencialidad salarial.
Todas las empresas deberán mantener un registro retributivo con las medias y medianas salariales desglosadas por sexo, categoría profesional y tipo de retribución. Cuando la diferencia entre sexos supere el 25% en una misma categoría —umbral que baja al 5% en empresas de más de 100 trabajadores—, la compañía deberá justificar que la brecha responde a criterios ajenos al género.
Las obligaciones de informe periódico sobre la brecha salarial se aplican a empresas de 50 o más empleados, pero con calendarios escalonados: las de más de 150 trabajadores deberán presentar su primer informe antes del 8 de junio de 2027, mientras que las de entre 50 y 149 trabajadores tienen de plazo hasta el 8 de junio de 2031, con periodicidad trienal a partir de entonces.
El decreto endurece el régimen sancionador: la falta de información sobre condiciones esenciales del contrato pasa a considerarse infracción grave, y las represalias contra trabajadores que ejerzan estos derechos —por ejemplo, reclamando información retributiva— se califican como infracción muy grave. También se crea una Comisión para el Seguimiento de la Transparencia Retributiva encargada de supervisar la aplicación de la norma.
Al tratarse de un real decreto-ley, la norma entra en vigor de inmediato pero debe someterse al procedimiento de convalidación parlamentaria en el Congreso de los Diputados en los próximos treinta días hábiles para mantener su vigencia; de no convalidarse, decaería con efectos retroactivos. España llegaba con retraso a la transposición de la directiva europea de transparencia retributiva, cuyo plazo límite había vencido el 7 de junio de 2026.
El Gobierno enmarca la medida como un refuerzo de los derechos laborales y de la igualdad retributiva. Hasta el cierre de esta información no se habían difundido públicamente posiciones detalladas de patronal ni sindicatos sobre el contenido específico del decreto, por lo que su recepción entre los agentes sociales queda como un punto por confirmar en las próximas jornadas de debate parlamentario.
Abril de 2023: la Unión Europea aprueba la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia retributiva, con plazo de transposición nacional hasta el 7 de junio de 2026.
Septiembre de 2026: España aprueba el Real Decreto 723/2026, que transpone la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.
17 de noviembre de 2026: el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 39/2026.
18 de noviembre de 2026: publicación en el BOE y entrada en vigor del Real Decreto-ley 39/2026.
La norma afecta a todas las empresas que operan en España, con obligaciones de transparencia salarial inmediatas en procesos de selección.
Las obligaciones de informe periódico sobre la brecha salarial se aplican de forma escalonada según el tamaño de la plantilla a partir de 2027.
España incumplió el plazo del 7 de junio de 2026 para transponer la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva.
Este decreto-ley complementa la transposición ya iniciada en septiembre de 2026 del Real Decreto 723/2026 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.
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