El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que eleva el salario mínimo interprofesional a 1.286 euros en 14 pagas y subió un 4,5% el sueldo de los funcionarios, la mayor alza en 35 años. La CEOE rechaza la medida por su uso electoral y la exención total del IRPF aún necesita validación parlamentaria.
El Consejo de Ministros aprobó este martes 17 de noviembre el real decreto que fija el salario mínimo interprofesional en 1.286 euros mensuales en 14 pagas para 2027, un alza del 5,3%, y subió un 4,5% el sueldo de los funcionarios, la mayor subida salarial del sector público en 35 años. La CEOE rechaza la medida por su calendario electoral y la exención íntegra del IRPF todavía requiere validación parlamentaria antes de entrar en vigor. El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que eleva el salario mínimo interprofesional a 1.286 euros en 14 pagas y subió un 4,5% el sueldo de los funcionarios, la mayor alza en 35 años. La CEOE rechaza la medida por su uso electoral y la exención total del IRPF aún necesita validación parlamentaria. En la práctica: La subida afecta a los trabajadores que perciben el salario mínimo, con 910 euros más al año si se confirma la exención fiscal, y a unos tres millones de empleados públicos, en un contexto de disputa abierta con la patronal a días de las elecciones generales.

Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, cuyo departamento impulsó la subida del SMI aprobada hoy. Foto: AntonMST29 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
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El Consejo de Ministros aprobó este martes, 17 de noviembre, el real decreto que fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 en 1.286 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, un incremento del 5,3% respecto a los 1.221 euros vigentes desde 2026. La reunión del gabinete, presidida por Pedro Sánchez, comenzó a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, según confirmó el propio Ejecutivo.
El incremento supone 65 euros más al mes y 910 euros más al año: el SMI anual pasa de 17.094 a 18.004 euros. Según el Gobierno, se trata de la mayor subida del SMI de toda la legislatura y la cuarta más elevada desde 2018, solo por detrás de los incrementos de 2019 (22%), 2023 (8%) y 2020 (5,56%).
La cifra aprobada supera en cuatro décimas el 4,9% que había recomendado la comisión de expertos independiente que asesora al Ministerio de Trabajo, pero queda por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos CCOO y UGT para recuperar poder adquisitivo frente a la inflación prevista para 2027, en torno al 4%.
El mismo Consejo de Ministros aprobó además una subida del 4,5% del sueldo de los empleados públicos para 2027, que afecta a unos tres millones de funcionarios y que el Gobierno y varios medios describen como la mayor subida salarial del sector público en 35 años, desde la aplicada en 1992 bajo el Ejecutivo de Felipe González.
El Gobierno aprobó asimismo una ampliación de la deducción del IRPF para que el SMI no tribute, mediante un real decreto-ley que eleva la reducción por rendimientos del trabajo. A diferencia del real decreto del SMI, un decreto-ley de este tipo requiere su posterior convalidación por el Congreso —o por la Diputación Permanente, dado que las elecciones generales son el 29 de noviembre— por lo que la exención fiscal íntegra, aunque aprobada por el Gobierno, no está garantizada hasta superar ese trámite parlamentario.
La patronal CEOE rechazó la medida; su presidente, Antonio Garamendi, no cuestionó tanto el porcentaje como el uso electoral que atribuye al Gobierno de ambas subidas —SMI y funcionarios— a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29-N, y reiteró que no hubo una negociación de diálogo social efectiva sobre la cifra final.
El real decreto del SMI aprobado hoy entrará en vigor el 1 de enero de 2027, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado; en el momento de esta publicación, la aprobación en Consejo de Ministros ya se ha confirmado, pero el texto íntegro del decreto todavía no figuraba publicado en el BOE.
Los sindicatos CCOO y UGT, que durante meses reclamaron una subida del 7% del SMI para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la inflación, valoraron positivamente el incremento del 5,3% aprobado pero reiteraron que se queda por debajo de sus demandas iniciales. Ambas centrales sindicales sí respaldaron sin reservas la subida del 4,5% para los empleados públicos, que consideran un reconocimiento tardío tras años de congelación o subidas inferiores al coste de la vida, y pidieron al Gobierno que garantice la aplicación efectiva del incremento en las nóminas de enero.
La subida salarial de los funcionarios se aplicará con carácter general a los distintos grupos de la Administración —desde los cuerpos superiores (A1) hasta los subalternos (E)— y afectará, según las cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, a cerca de tres millones de empleados públicos repartidos entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque la aplicación efectiva en cada administración territorial dependerá de sus propios presupuestos para 2027.
Organizaciones de pequeñas y medianas empresas, además de la CEOE, han advertido de que una subida del SMI por encima del 5% eleva de forma directa los costes laborales de los sectores más intensivos en mano de obra poco cualificada, como la hostelería, el comercio y el campo, y han reclamado medidas de acompañamiento para amortiguar el impacto en las empresas de menor tamaño, una petición que el Ministerio de Trabajo no ha confirmado que vaya a atender de forma específica.
La doble subida llega en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en el penúltimo Consejo de Ministros ordinario antes de la cita electoral, y se ha convertido en uno de los ejes del choque entre el Gobierno de coalición y la patronal; sindicatos y Ejecutivo coinciden en defender el alza frente a las críticas empresariales, aunque CCOO y UGT insisten en que el 5,3% sigue sin igualar sus demandas. Partidos de la oposición han cuestionado el momento elegido para aprobar ambas medidas a menos de dos semanas de la cita electoral, mientras el Gobierno defiende que se trata de decisiones ya planificadas dentro del calendario ordinario de diálogo social y de la negociación colectiva del sector público.
El Ministerio de Trabajo recuerda que el SMI se fija cada año por real decreto tras un proceso de diálogo social con patronal y sindicatos, previsto en el Estatuto de los Trabajadores, y que la comisión de expertos independiente que asesora al departamento de Yolanda Díaz emite una recomendación no vinculante, de modo que la decisión final sobre el porcentaje corresponde al Consejo de Ministros. El Gobierno insiste en que, igual que en ejercicios anteriores, la cifra aprobada hoy se enmarca en ese procedimiento ordinario y no responde, según su versión, al calendario electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El SMI pasó de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, antes de la subida aprobada hoy para 2027.
El último incremento salarial comparable para funcionarios se remonta a 1992, bajo el Gobierno de Felipe González.
La subida afecta a los trabajadores que perciben el salario mínimo, con 910 euros más al año si se confirma la exención fiscal, y a unos tres millones de empleados públicos, en un contexto de disputa abierta con la patronal a días de las elecciones generales.
Las pequeñas y medianas empresas de sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería y el comercio, asumirán un mayor coste laboral inmediato, mientras CCOO y UGT presionarán por una aplicación completa y puntual del aumento a los funcionarios.
El SMI ha subido de forma sostenida desde 2018 bajo los gobiernos de coalición del PSOE y Unidas Podemos/Sumar; la subida de 2026 fue del 3,1%, hasta los 1.221 euros.
La subida salarial de los funcionarios del 4,5% para 2027 se describe como la mayor en 35 años, desde la aplicada en 1992.
La medida se aprueba en el penúltimo Consejo de Ministros ordinario antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, en un clima de confrontación con la patronal CEOE.
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