Aguirre reconoce que la idea del campo de golf del Canal 'fue enteramente mía', pero se desvincula de su adjudicación

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), declaró este jueves como testigo en el juicio del 'caso Lezo' contra su sucesor en el cargo, Ignacio González, según informaron Europa Press e Infobae. Aguirre no es acusada en la causa, pero fue citada por su condición de máxima responsable del Ejecutivo madrileño durante buena parte de los hechos investigados, en los que González ejerció como su vicepresidente autonómico y, al mismo tiempo, como presidente del Canal de Isabel II, el ente público que gestiona el agua en la región.

Ante el tribunal, Aguirre reconoció la autoría del proyecto: "fue enteramente mía", dijo sobre la idea de construir un campo de golf aprovechando un helipuerto del Canal en un distrito con pocas zonas verdes, según recogió Público, que cita además que se inspiró en una instalación similar vista en Tokio y 'en algunas películas'. Sin embargo, se desvinculó de la adjudicación de las obras y de la gestión de las instalaciones deportivas, el objeto de la acusación: preguntada por si el desarrollo del proyecto pasó por González, respondió "sí, supuso que sí. No me acuerdo, pero seguro que sí, porque él, además de ser el vicepresidente [del Gobierno regional], era el presidente del Canal", según la misma fuente.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a González la adjudicación irregular de dos contratos públicos del Canal de Isabel II: las obras de ese campo de golf, vinculado a la remodelación de la cubierta de uno de los depósitos de agua del ente madrileño, y la gestión de instalaciones deportivas asociadas, con el objetivo de beneficiar económicamente a familiares suyos mediante sociedades instrumentales, según recogieron Moncloa.com, Europa Press y eldiariodemadrid.es. El Ministerio Público cifra en al menos 504.780 euros el beneficio ilícito derivado de la operación, una cantidad que las fuentes consultadas atribuyen de forma coincidente a la diferencia entre el valor real de las adjudicaciones y lo que habrían debido costar en condiciones de mercado.

El testimonio de Aguirre se suma al de Adrián Martín, extécnico del Canal de Isabel II, quien declaró el pasado 19 de octubre que, a su juicio, la idea de construir el campo de golf "partió de Esperanza Aguirre" y que consideró 'correcta' la valoración económica del proyecto que él mismo aprobó, según Infobae. Ninguno de los dos testimonios aborda directamente la legalidad de la adjudicación de las obras a las sociedades vinculadas a familiares de González, que es el objeto central de la acusación.

Junto a González se sientan en el banquillo otras cuatro personas: el entonces director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel; el hermano de González, Pablo Manuel González González; su cuñado, Juan José Caballero Escudier; y José Antonio Clemente Marín, socio de la empresa TCT (Tecnoconcret), según el desglose de la acusación recogido por Infobae y por eldiario.es. Los contratos investigados se remontan a 2004 y 2006, cuando González presidía el Canal de Isabel II bajo el Gobierno autonómico de Aguirre, antes de sucederla como presidenta de la Comunidad de Madrid en 2012.

Según el desglose de pagos difundido por las mismas fuentes, el hermano de González habría cobrado 101.348 euros, su cuñado 94.425 euros en once entregas y Clemente Marín 71.199 euros, todos ellos mediante facturas emitidas por sociedades instrumentales que, según la acusación, no prestaron un servicio real equivalente a esos importes. La Fiscalía Anticorrupción solicita en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para cada uno de los cinco acusados, además de multas de 550.000 euros por los delitos de cohecho, de acuerdo con Moncloa.com y eldiariodemadrid.es.

El juicio por esta pieza concreta —una de las varias en que se divide la causa más amplia conocida como Operación Lezo— se abrió el 13 de octubre de 2026 en la Audiencia Nacional. En la primera sesión, el presidente del tribunal preguntó a los acusados si reconocían los hechos y los delitos que se les atribuyen, y González y el resto respondieron negativamente, según eldiariodemadrid.es. El propio tribunal rechazó entonces la petición de la defensa de dispensar a los acusados de asistir a las sesiones previas a su propio interrogatorio, al considerar que debían estar presentes durante las declaraciones de testigos y peritos, como las de Aguirre y Adrián Martín.

La investigación, instruida durante años por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6, se originó en 2016 a partir de una denuncia de González sobre un supuesto espionaje durante un viaje oficial a Cartagena de Indias, episodio que dio nombre a la operación por el almirante Blas de Lezo, defensor de ese puerto colombiano en el siglo XVIII, según explicó El Economista. Desde entonces, el caso se ha dividido en varias piezas separadas con calendarios judiciales distintos: la compra de la empresa colombiana Inassa, cuyo juicio por un sobreprecio de al menos 19 millones de euros se celebró entre septiembre y octubre de este año con otros 22 acusados; una pieza sobre presunta financiación irregular del PP madrileño a través del Canal, en la que un juez llegó a hablar de una 'estructura ilícita permanente' para desviar fondos públicos hacia las arcas del partido, según El Español; y la rama sobre el campo de golf que ahora se juzga y en la que han declarado Martín y Aguirre.

La detención de González en 2017, en el marco de esta investigación, obligó a Aguirre a dimitir como portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid, en un episodio que marcó el final de su etapa como cargo público del PP, según recordaron Deia y El Debate. Su declaración como testigo, casi una década después de aquella detención, revive el episodio más dañino para la imagen del PP madrileño de las últimas dos décadas, en un momento en que el partido afronta de nuevo un proceso electoral.

La declaración de Aguirre se produce en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que ha dado mayor repercusión mediática a su comparecencia, aunque la causa judicial es independiente del calendario electoral y no guarda relación formal con la contienda. Las fuentes consultadas no recogen, por el momento, una sentencia en esta pieza del caso, que sigue en fase de prueba y en la que todos los acusados mantienen su presunción de inocencia.