El Gobierno suaviza el decreto de los centros de datos antes de las elecciones del 29N, pero el sector lo tacha de inviable

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública envió el lunes 26 de octubre al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regula la instalación de centros de datos en España, con requisitos notablemente más flexibles que el borrador original de agosto, según informaron de forma independiente Idealista/news, Xataka —que cita a Reuters— y Data Center Dynamics en español.

El texto original, sometido a consulta pública en agosto, imponía controles estrictos sobre consumo de agua y electricidad, exigencias de ciberseguridad y la obligación de que los datos y metadatos gestionados permanecieran dentro de la Unión Europea. Según Data Center Dynamics y Capital.es, el borrador recibió alrededor de 600 alegaciones de empresas tecnológicas y eléctricas durante ese proceso, muchas de ellas críticas con la viabilidad del calendario y los umbrales planteados.

Entre los cambios principales, el nuevo texto eleva de 1 a 10 megavatios (MW) el umbral de potencia a partir del cual un centro de datos queda sujeto a la mayoría de las exigencias del decreto, y dobla de 18 a 36 meses el plazo para que los nuevos centros instalen capacidad renovable propia. Se mantiene el objetivo de cubrir al menos el 80% del suministro eléctrico con renovables, pero con un régimen transitorio de hasta cinco años para quienes no puedan cumplirlo de inmediato: la exigencia se reduce al 60% en horas punta hasta finales de 2028 y sube al 70% en horas punta y valle durante ese periodo, según recoge Xataka. Los proyectos ya aprobados tendrán seis meses para adaptarse, y el incumplimiento puede acarrear la desconexión de la red eléctrica.

La patronal SpainDC reaccionó con dureza. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, calificó la propuesta de "imposible" de cumplir y afirmó, según declaraciones recogidas por Idealista/news, que "no se puede volver a la Edad Media, levantándote cada día a mirar el cielo para ver si vas a cumplir". Villacís añadió que "España estaba en pole position antes del 24 de agosto; ahora somos el peor sitio para invertir en Europa". Fuentes del sector consultadas por la misma publicación describieron la situación como "crítica" y el escenario como "el peor posible", y avanzaron que presentarán alegaciones ante el Consejo de Estado y no descartan acudir a los tribunales si el decreto se aprueba en sus términos actuales. Infobae y Mundiario, en coberturas posteriores, señalan en cambio que SpainDC y otras asociaciones optaron por no pronunciarse más allá de estudiar el texto hasta que sus equipos técnicos y jurídicos completaran el análisis, lo que apunta a una reacción inicial más contundente seguida de una fase de revisión más cautelosa por parte del sector a medida que ha tenido más tiempo para examinar el detalle normativo.

El calendario político es un factor explícito en el proceso: el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afirmó en declaraciones recogidas por agencias y citadas por Infobae el 23 de octubre que el Gobierno trabaja para aprobar el decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Ese objetivo de calendario fue confirmado de forma independiente por Data Center Dynamics y Capital.es, y es coherente con el envío del texto al Consejo de Estado apenas tres días después de esas declaraciones, lo que indica que el Ejecutivo ha mantenido el mismo objetivo temporal durante toda la última semana de tramitación.

Más allá de los umbrales de potencia y los plazos de renovables, el borrador mantiene intactas dos exigencias que el sector no ha cuestionado públicamente con la misma intensidad: la obligación de que los operadores de centros de datos estén establecidos en la Unión Europea y de que los datos y metadatos que gestionan permanezcan dentro del territorio comunitario, según recoge Xataka a partir de la versión enviada al Consejo de Estado. Esta exigencia de soberanía digital se presenta como una de las razones de fondo del decreto, junto a los objetivos de eficiencia energética e hídrica, y no se ve alterada por la suavización de los requisitos de potencia y calendario renovable introducida respecto al borrador de agosto.

El propio procedimiento administrativo añade otra capa de incertidumbre al calendario: el dictamen del Consejo de Estado, aunque no vinculante, suele tardar varias semanas y puede incorporar observaciones que obliguen a nuevos ajustes del texto antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros. Esa circunstancia explica por qué, según Data Center Dynamics, el propio proceso se describe como "una carrera" contra el calendario electoral del 29 de noviembre, y por qué el sector considera que el margen para incorporar sus alegaciones ante ese órgano consultivo es, en la práctica, muy limitado, un extremo que ninguna de las fuentes consultadas ha contradicho.

El episodio refleja la tensión entre dos objetivos del Gobierno: atraer inversión en infraestructura de inteligencia artificial, para la que España cuenta con renovables abundantes y suelo disponible, y mantener los compromisos de sostenibilidad energética y digital que motivaron el borrador original. El desenlace —si el Consejo de Estado introduce más cambios y si el decreto se aprueba antes del 29N como pretende el Gobierno— determinará si España recupera o no la posición competitiva que, según el sector, tenía antes de agosto, y marcará además el tono de la relación entre el Ejecutivo y una industria que se ha mostrado dispuesta a litigar si considera que el texto final sigue siendo inviable.