Un nuevo índice global sitúa a España junto a China y Francia por sus condiciones favorables a la electrificación, aunque detecta retrasos en redes, almacenamiento y transporte frente al diseño regulatorio.
El Electrification Competitiveness Index, elaborado por We Mean Business Coalition con el apoyo de RMI, coloca a España en el grupo de 'base sólida' entre 16 países, pero advierte de que el despliegue efectivo (52 sobre 100) va muy por detrás de las condiciones y políticas habilitantes (77 sobre 100). Un nuevo índice global sitúa a España junto a China y Francia por sus condiciones favorables a la electrificación, aunque detecta retrasos en redes, almacenamiento y transporte frente al diseño regulatorio. En la práctica: El diagnóstico afecta directamente a la factura energética de hogares y empresas: mientras la fiscalidad mantenga la electricidad más gravada que el gas, la sustitución de calderas, vehículos y procesos industriales por soluciones eléctricas avanzará más lentamente de lo que permiten las políticas ya aprobadas.
Subestación eléctrica de REE-Endesa en Poblenou, Barcelona. Imagen de archivo, sin relación con un acto o declaración concretos del informe.
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España se sitúa entre los países con mejores condiciones de partida para electrificar su economía, según el primer Electrification Competitiveness Index publicado el 27 de octubre de 2026 por la coalición empresarial We Mean Business Coalition (WMBC), con el respaldo técnico de la consultora energética RMI. El informe, que analiza 16 economías entre las que figuran China, Estados Unidos, Alemania, Francia, India y Brasil, incluye a España junto a China y Francia en el grupo de 'base sólida' (Solid Foundation), el escalón más alto de cuatro categorías posibles.
El propio índice señala, no obstante, una brecha interna relevante: España obtiene 77 puntos sobre 100 en políticas y condiciones habilitantes, frente a solo 52 sobre 100 en despliegue efectivo, de acuerdo con el desglose recogido por El Periódico de la Energía. Por sectores, la industria concentra el mejor comportamiento (20 sobre 20 en condiciones y 15 sobre 20 en despliegue), mientras que el transporte muestra el mayor rezago relativo, con 15 sobre 20 en condiciones pero solo 9 sobre 20 en despliegue efectivo. En edificación, el país suma 12 sobre 20 en condiciones y 11 sobre 20 en despliegue, un apartado más equilibrado que ilustra cómo la brecha entre diseño regulatorio y ejecución varía notablemente de un sector a otro.
Uno de los obstáculos identificados es la fiscalidad energética: la electricidad soporta en España una carga de impuestos y recargos del 34,6%, frente al 22,5% que recae sobre el gas, lo que erosiona el atractivo económico de sustituir combustibles fósiles por electricidad en hogares e industria. El informe también apunta a limitaciones de red, con una capacidad de almacenamiento inferior al 1% de la generación total del sistema, y a la necesidad de ampliar la infraestructura de recarga para transporte pesado y entornos urbanos. Estas carencias de almacenamiento y de puntos de recarga explican buena parte del rezago del transporte frente al resto de sectores analizados.
Pese a estas limitaciones, el documento de WMBC subraya que España y Francia 'obtienen buenos resultados en desempeño de red y cuota de energía limpia', con un 75% de generación eléctrica de origen limpio en el caso español, uno de los más altos de los 16 países analizados. Esta aparente contradicción con el bajo despliegue en la categoría de transporte y redes de recarga refleja que el índice mide componentes distintos: la fortaleza relativa del sistema eléctrico en su conjunto frente al ritmo de electrificación de usos finales como el transporte. Dicho de otro modo, tener una red mayoritariamente limpia no garantiza que los consumidores finales estén sustituyendo combustibles fósiles al ritmo que permitiría esa red.
El contexto nacional añade presión al calendario: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo que la electricidad represente el 35% del consumo final de energía en 2030, además de alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos. El propio informe de WMBC advierte que, a nivel global, las políticas de electrificación avanzan más rápido que su implementación efectiva en la mayoría de los 16 países estudiados, un patrón que España reproduce pese a partir de una posición comparativamente favorable. Cerrar esa brecha entre normativa y ejecución es, según el informe, la tarea pendiente para que España aproveche plenamente su ventaja de partida de aquí a 2030.
España ha ido ganando peso en generación renovable en la última década, pero el debate sobre el encaje entre precios eléctricos, fiscalidad energética y electrificación del transporte y la industria se ha intensificado en 2025 y 2026 conforme se acerca el horizonte 2030 del PNIEC.
El diagnóstico afecta directamente a la factura energética de hogares y empresas: mientras la fiscalidad mantenga la electricidad más gravada que el gas, la sustitución de calderas, vehículos y procesos industriales por soluciones eléctricas avanzará más lentamente de lo que permiten las políticas ya aprobadas.
El índice es una iniciativa de una coalición empresarial (WMBC) que agrupa a grandes compañías comprometidas con la descarbonización, con apoyo metodológico de RMI, un instituto de investigación energética. No es un organismo gubernamental ni regulador, por lo que sus puntuaciones reflejan una metodología propia y deben leerse como una fotografía comparativa entre países, no como una estadística oficial.
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