España condiciona la aprobación del reglamento energético para centros de datos al cierre de la última petición de fondos europeos, mientras el sector advierte de riesgos para 66.900 millones de inversión prevista hasta 2030.
El Ejecutivo vincula la aprobación de un nuevo reglamento sobre el consumo energético de los centros de datos al cierre de la última solicitud de fondos del Plan de Recuperación, valorada en 25.861 millones de euros, mientras las empresas del sector alertan de que unos requisitos demasiado estrictos podrían frenar inversiones multimillonarias. España condiciona la aprobación del reglamento energético para centros de datos al cierre de la última petición de fondos europeos, mientras el sector advierte de riesgos para 66.900 millones de inversión prevista hasta 2030. En la práctica: La norma, si se aprueba en los términos planteados, condicionará el ritmo de nuevas inversiones en centros de datos en España y podría influir en si proyectos de hiperescala se instalan en el país o se desvían a otros mercados europeos con requisitos menos estrictos.

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El Gobierno español ha entrelazado la tramitación de un nuevo reglamento sobre centros de datos con el cierre de la última petición de desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, valorada en 25.861 millones de euros y vinculada a 148 hitos y objetivos que la Comisión Europea debe evaluar antes de que termine el año, según ha confirmado el propio Ejecutivo y recogen Mundiario y eldiario.es. El Ejecutivo quiere convertir la nueva regulación energética y digital de los centros de datos en una pieza más de la negociación final con Bruselas, en un momento en que el sector atraviesa un crecimiento acelerado impulsado por la demanda de inteligencia artificial.
Los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital trabajan de forma conjunta en un proyecto de real decreto que exigiría a los centros de datos con potencia de acceso igual o superior a 1 megavatio cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, con verificación hora a hora, hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico nacional. Cada nuevo megavatio consumido debería acompañarse de un megavatio renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha del centro, mediante autoconsumo o contratos de suministro a plazo conocidos como PPA, según detallan El Español y eldiario.es. La propuesta añade además la exigencia de la máxima etiqueta europea 'A' tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica, lo que endurecería los estándares actuales del sector en España.
El sector advierte de que una regulación demasiado estricta podría desviar inversiones hacia otros mercados europeos con requisitos menos exigentes. España y Portugal acumulan conjuntamente 10,5 gigavatios de proyectos de centros de datos anunciados, pero solo 1,2 GW están actualmente construidos o en construcción, y el sector considera razonablemente alcanzables unos 4,4 GW adicionales. El acceso a la red eléctrica y los plazos de tramitación administrativa aparecen como los principales cuellos de botella: una encuesta a 96 directivos del sector citada por Economia3 encontró que el 91% señaló los tiempos de licencia como el mayor obstáculo para ejecutar los proyectos ya anunciados, por delante incluso de la disponibilidad de suelo o financiación.
La inversión total prevista en centros de datos en España alcanza los 66.900 millones de euros hasta 2030, con la capacidad instalada de potencia TI pasando de 439 megavatios en 2025 a una proyección de 2.537 megavatios en 2030, un crecimiento superior al 40% anual en los segmentos de gran escala e hiperescala. Esta expansión está impulsada en buena parte por la demanda de cargas de inferencia de inteligencia artificial, que según Economia3 representa ya el 73% de la carga de IA en España. El sector estima una contribución al PIB de 7.300 millones de euros anuales en 2030 y un empleo directo que pasaría de los actuales 7.500 puestos a más de 16.300 en esa misma fecha, cifras que el Gobierno y las patronales del sector usan como argumento para agilizar —pero no necesariamente relajar— la tramitación regulatoria.
El texto del decreto sigue en fase de borrador y no se ha publicado todavía su redacción definitiva; el Gobierno prevé su aprobación durante octubre, coincidiendo con la evaluación en Bruselas de la última solicitud de desembolso del Plan de Recuperación. La Comisión Europea dispone hasta final de 2026 para resolver sobre el tramo de 25.861 millones de euros, por lo que tanto el contenido final del reglamento como el resultado de la negociación con Bruselas permanecen pendientes de confirmación oficial en el momento de esta publicación.
España ha ido recibiendo los sucesivos desembolsos del Plan de Recuperación desde 2021 conforme cumplía hitos acordados con la Comisión Europea; esta sería la última gran solicitud antes del cierre del mecanismo.
La norma, si se aprueba en los términos planteados, condicionará el ritmo de nuevas inversiones en centros de datos en España y podría influir en si proyectos de hiperescala se instalan en el país o se desvían a otros mercados europeos con requisitos menos estrictos.
La medida se enmarca en el cierre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos, cuya última solicitud de desembolso depende del cumplimiento de 148 hitos y objetivos, entre ellos avances regulatorios en materia energética y digital.
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