El adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre obligará al Estado a movilizar más de 270 millones de euros entre organización, Correos, juntas electorales y subvenciones a los partidos, con los presupuestos aún prorrogados y recurriendo a créditos extraordinarios.
El adelanto electoral del 29 de noviembre costará al Estado más de 270 millones de euros entre la organización logística del proceso y las subvenciones a los partidos, según los cálculos difundidos a partir de datos de Interior, Hacienda y el BOE. La cifra es similar a la de las generales de julio de 2023 y se financiará con cargo a créditos ampliados sobre los presupuestos prorrogados. El adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre obligará al Estado a movilizar más de 270 millones de euros entre organización, Correos, juntas electorales y subvenciones a los partidos, con los presupuestos aún prorrogados y recurriendo a créditos extraordinarios. En la práctica: El coste del adelanto electoral del 29N, superior a 270 millones de euros, deberá absorberse con presupuestos prorrogados desde 2023 mediante ampliaciones de crédito, en un contexto de tensión fiscal por la ausencia de nuevos presupuestos generales del Estado.
El Palacio de las Cortes, en Madrid, sede del Congreso de los Diputados que se renovará en las elecciones del 29 de noviembre.
Foto: Juliandelbasto / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Estado español gastará más de 270 millones de euros en la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas de forma anticipada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cifra, difundida este 8 de octubre y recogida de forma coincidente por Euronews, Infobae, Telecinco, El Boletín y Noticias de Álava, combina los gastos de organización y logística del proceso electoral con las subvenciones que recibirán los partidos políticos en función de sus resultados.
El grueso del gasto corresponde a la organización y la logística, que según estas estimaciones representan alrededor del 85% del total. Dentro de esa partida, los envíos postales a través de Correos —convocatorias, papeletas y propaganda electoral a domicilio— superan los 100 millones de euros, el despliegue de la Administración pública para habilitar colegios electorales y mesas rondaría los 80 millones, el funcionamiento de las juntas electorales se sitúa en torno a los 22 millones, y los sistemas informáticos de escrutinio y las aplicaciones de seguimiento del resultado suman otros 13 millones, a los que se añade una reserva legal para contingencias de unos 2 millones.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya las cuantías concretas de las subvenciones que recibirán las formaciones políticas: 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado, 0,81 euros por cada voto conseguido en las candidaturas al Congreso que logren representación, y 0,32 euros por voto en el Senado en las mismas condiciones. A ello se suma una ayuda de hasta 0,22-0,26 euros por elector para gastos de envíos y propaganda, reservada a las formaciones que logren constituir grupo parlamentario propio. El límite de gasto electoral se fija multiplicando 0,37 euros por el número de habitantes de las circunscripciones en las que cada partido presente candidatura. En conjunto, las subvenciones a los partidos sumarán entre 50 y 60 millones de euros adicionales sobre el gasto de organización.
La cifra total es muy similar a la de las últimas elecciones generales, las del 23 de julio de 2023, cuyo coste de organización ascendió a unos 220,8 millones de euros, según datos del Tribunal de Cuentas, a los que se sumaron otros 58 millones en subvenciones a los partidos: un total de aproximadamente 279 millones. Al tratarse de un adelanto electoral y mantenerse los presupuestos generales del Estado prorrogados desde 2023, el Gobierno deberá financiar el grueso del gasto no previsto mediante ampliaciones de crédito sobre partidas organizativas ya existentes en los ministerios del Interior y de Hacienda, y recurriendo al fondo de contingencia presupuestaria, sin que haya sido necesario hasta ahora tramitar un crédito extraordinario específico para este fin.
Para los partidos, la publicación de las cuantías en el BOE tiene un efecto práctico inmediato: les permite calcular con antelación cuánto podrán recibir del Estado en función de sus expectativas de voto y escaños, un dato relevante para planificar el gasto de campaña antes de que arranque formalmente la precampaña del 29N. Las formaciones con representación parlamentaria previa suelen anticipar parte de ese ingreso mediante créditos bancarios avalados por la futura subvención, una práctica habitual en procesos electorales anteriores que ya se dio en la convocatoria de 2023. El reparto final solo se conocerá con certeza tras el recuento de votos y escaños del 29 de noviembre, por lo que las cifras publicadas ahora son un marco de cálculo por unidad de voto y escaño, no un reparto cerrado.
Julio de 2023: últimas elecciones generales, con un coste certificado por el Tribunal de Cuentas de unos 220,8 millones de euros en organización y 58 millones en subvenciones a partidos.
2026: Pedro Sánchez convoca elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
8 de octubre de 2026: el BOE publica las cuantías de las subvenciones electorales por escaño y voto; medios difunden la estimación de que el coste total del proceso superará los 270 millones de euros.
El coste del adelanto electoral del 29N, superior a 270 millones de euros, deberá absorberse con presupuestos prorrogados desde 2023 mediante ampliaciones de crédito, en un contexto de tensión fiscal por la ausencia de nuevos presupuestos generales del Estado.
Las subvenciones ya publicadas en el BOE fijan con precisión cuánto recibirá cada partido en función de escaños y votos, lo que determina parte de la financiación de las campañas de las principales formaciones de cara al 29 de noviembre.
Las elecciones generales de julio de 2023 costaron unos 220,8 millones de euros en organización más 58 millones en subvenciones a partidos, en torno a 279 millones en total, según el Tribunal de Cuentas.
Los presupuestos generales del Estado están prorrogados desde 2023, por lo que el Gobierno recurre a ampliaciones de crédito y al fondo de contingencia para sufragar gastos electorales no presupuestados específicamente para 2026.
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