El fiscal revela que el directivo de Quirón citado junto a González Amador lleva 30 meses investigado

El fiscal Diego Lucas ha hecho público que Fernando Camino Maculet, alto directivo de Quirónsalud y presidente de Quirón Prevención, tenía ya "materialmente" la condición de investigado en esta causa desde el 23 de octubre de 2024, es decir, desde que se abrió la pieza separada sobre el presunto soborno vinculado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según informa elDiario.es y corroboran de forma independiente Infobae y Público. El fiscal subrayó que ese estatus material se deriva directamente de la fecha de apertura de la pieza, con independencia de cuándo se formalizara después la citación judicial.

La investigación indaga un pago de 500.000 euros que González Amador habría hecho a Gloria Carrasco, esposa de Camino, a través de la compra en diciembre de 2020 de la empresa Círculo de Belleza SL. La Fiscalía sostiene que esa operación encubrió en realidad una compensación a Camino por su papel en la intermediación de una venta de mascarillas durante la pandemia de covid-19 que generó comisiones de alrededor de 2 millones de euros, según reconstruyen de forma coincidente las tres cabeceras consultadas. La compra de esa sociedad de cosmética, sin relación aparente con el negocio sanitario de las partes, es el elemento que ha llevado a la Fiscalía a sospechar de una vía para disimular el origen real del dinero y para dar apariencia de legalidad a una transferencia que, de otro modo, habría resultado difícil de justificar.

A pesar de figurar como investigado material desde hace 30 meses, Camino no fue llamado a declarar formalmente hasta su imputación el 1 de octubre de 2026, y su comparecencia ante el juez está fijada para el 3 de diciembre de 2026. La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado además que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ample la investigación sobre González Amador y Camino, accediendo a sus cuentas bancarias desde 2014 hasta la actualidad y a sus datos fiscales y de la Seguridad Social, según recoge Infobae. Esa ventana de doce años busca reconstruir el patrón completo de ingresos y pagos entre ambos antes y después de la operación de 2020, incluyendo movimientos anteriores y posteriores a la venta de mascarillas durante la pandemia.

Quirónsalud ha respondido a la revelación del fiscal señalando que "ser investigado no es ser condenado, sea quien sea", y ha indicado que ese principio está recogido en su propio código ético. La compañía no ha apartado a Camino de su cargo como presidente de Quirón Prevención ni ha anunciado ninguna medida disciplinaria mientras continúa la instrucción judicial, una postura que mantiene pese a que el directivo lleva más de dos años con estatus material de investigado en la causa.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que lleva la causa, investiga si el pago de 500.000 euros encubre un delito de corrupción entre particulares y una posible deslealtad societaria por el aprovechamiento de la posición de Camino como directivo de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador en el negocio de prevención de riesgos laborales. Según Público, el propio escrito fiscal afirma que es "muy alta la probabilidad" de que el pago respondiera a recompensar un favor recibido, ya fuera por la intermediación en la venta de mascarillas o por un incremento de la facturación de Quirón Prevención a las empresas de González Amador.

Público añade que, el pasado 18 de junio, un informe de la Fiscalía respaldó la petición de la Agencia Tributaria de suspender su propia investigación administrativa sobre Camino y las sociedades vinculadas mientras continúa la causa penal, en aplicación del criterio habitual de no duplicar pesquisas fiscales y penales sobre los mismos hechos. Esa suspensión administrativa, confirmada de forma independiente por esa cabecera, refuerza que la instrucción judicial es, por ahora, la vía principal para esclarecer el origen del pago y evita que ambos procedimientos avancen en paralelo sobre los mismos hechos.

La ampliación autorizada por la Audiencia Provincial de Madrid no se limita a Camino: también afecta a Alberto González Amador, cuyas cuentas bancarias, datos tributarios y de la Seguridad Social desde 2014 podrán ser examinados por la UCO. Infobae precisa que el objetivo de esa medida es determinar si los aproximadamente 2 millones de euros en comisiones que González Amador habría obtenido por la intermediación en la venta de mascarillas guardan relación con el posterior pago a la esposa de Camino, y si existieron otros flujos de dinero entre las partes no identificados hasta ahora.

El caso se enmarca en la instrucción más amplia sobre el patrimonio y los negocios de González Amador, que se ha ido ampliando desde que en 2024 trascendió la investigación fiscal por un presunto fraude relacionado con la venta de mascarillas durante la pandemia. La pieza sobre Camino y Quirón es una derivada específica de esa causa, centrada en el posible encubrimiento de comisiones a través de la compra de una empresa de cosmética, y se tramita de forma separada de otros procedimientos que afectan a González Amador por hechos fiscales distintos, sin que las tres cabeceras consultadas señalen por ahora una fecha prevista para su conclusión.