La Policía Nacional detiene en Tarragona y Barcelona a dos presuntos yihadistas en pleno proceso de radicalización

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, presuntos simpatizantes de la organización terrorista DAESH, en las provincias de Tarragona y Barcelona, por un delito de adoctrinamiento y capacitación terrorista, según informó Europa Press. Ambos detenidos, de acuerdo con la investigación policial, accedían de manera sistemática y reiterada a repositorios web yihadistas y consumían abundante contenido relacionado con dicha organización. La operación se suma a la lista de intervenciones que la Policía Nacional viene desarrollando contra la radicalización individual a través de internet, uno de los principales focos de atención de los servicios antiterroristas españoles en los últimos años.

La investigación se inició a raíz de un aviso de cooperación internacional sobre la presencia en la provincia de Tarragona de una persona simpatizante de los postulados del Estado Islámico que desarrollaba una intensa actividad de radicalización, según la reconstrucción de Europa Press e Infobae. El caso ha sido instruido por el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, y la investigación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y la Brigada Provincial de Información de Tarragona.

Según la Policía Nacional, ambos detenidos estaban "inmersos en un severo proceso de radicalización" en los postulados violentos de DAESH, lo que suponía un riesgo para la seguridad nacional. Uno de los arrestados, de acuerdo con la información policial recogida por Infobae y Vozpopuli, había adoptado medidas de seguridad "meticulosas", tanto físicas como virtuales, para evitar ser detectado por las fuerzas de seguridad del Estado. El segundo detenido realizaba búsquedas orientadas a un posible viaje a un país de Oriente Medio con el objetivo de participar en la yihad violenta, un extremo recogido de forma coincidente por Infobae, Vozpopuli y El Debate.

La operación contó con cooperación internacional, incluida la del FBI estadounidense, según precisan Vozpopuli e Infobae, aunque ninguna de las fuentes consultadas detalla el papel operativo concreto de la agencia estadounidense en el caso. Europa Press, fuente original de la noticia, no menciona expresamente la participación del FBI, por lo que ese dato se consigna aquí como procedente de agencias y medios que han ampliado la cobertura inicial, sin que haya podido contrastarse con una fuente oficial propia.

Ninguna de las informaciones disponibles hasta el momento de esta publicación identifica a los detenidos por nombre, edad o nacionalidad, ni ofrece declaraciones textuales de un portavoz policial o del Ministerio del Interior más allá del comunicado resumido por Europa Press y reproducido con variaciones menores por el resto de medios. Se trata de detenciones, no de condenas: ambos permanecen bajo la presunción de inocencia mientras avanza la instrucción judicial en la Audiencia Nacional.

El caso se enmarca en la labor habitual de vigilancia de la radicalización 'online' que desarrollan la Comisaría General de Información y las Fiscalías y juzgados especializados en terrorismo, centrada en detectar el consumo sistemático de propaganda yihadista y los indicios de intención de viajar a zonas de conflicto, dos de los indicadores que las fuentes policiales atribuyen a este expediente.

El delito de adoctrinamiento y capacitación terrorista por el que se investiga a los dos detenidos está tipificado en el artículo 575 del Código Penal, introducido por la reforma de 2015 (Ley Orgánica 2/2015) que endureció la respuesta penal frente al fenómeno yihadista. Ese precepto castiga con penas de dos a cinco años de prisión tanto la instrucción recibida de terceros —adoctrinamiento o adiestramiento militar, en técnicas de combate o en la preparación de sustancias explosivas— como el llamado "autoadoctrinamiento", es decir, el hecho de capacitarse por cuenta propia para cometer un atentado mediante el acceso reiterado y sostenido a contenidos que inciten a ello, sin que sea necesaria la comisión de ningún acto violento posterior para que el delito se consume. La reforma de 2015 se aprobó precisamente para dar cobertura penal a casos de radicalización individual detectados por internet, como el que ahora investiga la Audiencia Nacional en Tarragona y Barcelona.

Esa configuración legal explica por qué la Policía Nacional pone el acento, según recogen las cinco fuentes consultadas, en el carácter "sistemático y reiterado" del acceso a los repositorios yihadistas por parte de ambos detenidos, y no en la existencia de un plan de atentado concreto: el tipo penal se centra en el proceso de radicalización en sí mismo, reforzado en este caso, según la reconstrucción policial, por los indicios de un posible desplazamiento al extranjero de uno de los investigados para sumarse a la yihad armada, un elemento que el artículo 575 contempla expresamente como circunstancia agravante de ese mismo delito.

La instrucción del caso corresponde, como en todos los delitos de terrorismo en España, a la Audiencia Nacional, único tribunal competente en esta materia, lo que en la práctica implica que cualquier diligencia judicial posterior —prisión provisional, libertad con medidas cautelares o eventual apertura de juicio oral— se resolverá en Madrid y no en los juzgados ordinarios de Tarragona o Barcelona, al margen de que la detención física se haya producido en Cataluña.

Las cinco fuentes consultadas para esta pieza —Europa Press, Infobae, Vozpopuli, El Debate y Última Hora— coinciden en los hechos esenciales del caso sin que se hayan detectado contradicciones materiales entre ellas, lo que refuerza la fiabilidad del relato pese a la ausencia de una comparecencia pública o una rueda de prensa posterior de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior sobre esta operación concreta.