Desahuciada en Vitoria una familia con seis menores tras cinco años de litigio, con cargas policiales y dos detenidos

La Ertzaintza ejecutó la mañana del viernes 23 de octubre el desahucio de una vivienda situada en el número 28 de la avenida de los Huetos, en el barrio de Sansomendi (Vitoria-Gasteiz), donde residía una familia migrante con seis hijos menores a su cargo. Según relataron Europa Press y el diario Última Hora, el desalojo se completó en torno a la una del mediodía entre aplausos de los simpatizantes que se habían concentrado en el lugar.

El Sindicato Socialista de Vivienda, que había organizado una acampada previa frente al inmueble con cerca de un centenar de personas desde la tarde del jueves, denunció que la familia llevaba un año buscando sin éxito una alternativa de alquiler y acusó al Ayuntamiento de no ofrecer ninguna solución habitacional real. Su portavoz, Ixone Santa María, atribuyó esa dificultad a lo que calificó de "racismo inmobiliario" y el sindicato habló de "violencia policial" durante la operación, según recogieron Última Hora y The Objective.

Durante la protesta se produjeron choques entre agentes y parte de los concentrados, que lanzaron botellas y objetos contra la Ertzaintza y la Policía Local, de acuerdo con la información publicada por Última Hora, Infobae y The Objective. El despliegue policial, reforzado hacia las nueve y media de la mañana, cargó contra los congregados para despejar el acceso al inmueble y permitir que la comisión judicial ejecutara el desalojo, en lo que se prolongó durante más de cuatro horas de tensión en el barrio.

El balance oficial fue de dos detenidos —un hombre de 26 años y un menor de 17, acusados de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos— y 19 agentes heridos, de los que diez requirieron asistencia médica, cifras que coinciden entre Última Hora/Europa Press y otras agencias consultadas. El Sindicato Socialista de Vivienda, sin embargo, elevó a cuatro el número de detenidos y denunció que decenas de concentrados resultaron heridos por golpes de porra y disparos de pelotas de goma; la Ertzaintza, por su parte, cifró en 58 las personas identificadas en el lugar, según The Objective. Ninguna de las dos cifras de detenidos o heridos entre los manifestantes ha podido verificarse de forma independiente más allá de lo publicado por cada fuente, por lo que se presentan atribuidas a su origen.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por su parte, sostuvo que había ofrecido a la familia "la única alternativa posible", un alojamiento de emergencia y provisional en un recurso social, que fue rechazado. El consistorio explicó que los Servicios Sociales municipales no disponen de vivienda pública para asignar directamente y que evalúan cada caso siguiendo un plan de intervención preventiva para evitar la pérdida de la vivienda, remitiendo a los afectados, cuando no hay otra alternativa, a listados de pisos turísticos y arrendadores privados.

El desalojo fue el desenlace de un litigio de cinco años: según detalló el Periódico de Ibiza, el propietario comunicó en octubre de 2019 que no renovaría el contrato, que venció en 2021 tras un periodo inicial de tres años por una renta de 600 euros mensuales en un piso de 84 metros cuadrados. La familia permaneció en la vivienda tras el vencimiento del contrato, lo que derivó en el proceso judicial que culminó esta semana con la autorización del desalojo.

El mismo medio señaló que la familia percibía 2.454 euros mensuales en ayudas públicas y que el propietario, que no tiene otra vivienda en propiedad, vive de alquiler junto a su pareja embarazada y su hijo. Estos elementos, atribuidos a esa fuente y no verificados de forma independiente por este medio más allá de su publicación, matizan el relato de un desahucio sin más contexto y subrayan la complejidad del caso, en el que ambas partes —inquilinos y propietario— alegan situaciones de vulnerabilidad.

Tras la salida de la familia del inmueble, el sindicato convocó una manifestación a las siete de la tarde en la plaza de la Virgen Blanca bajo el lema "Contra todos los desahucios y la represión policial", en la que reiteró, en palabras de Santa María recogidas por The Objective, que el desalojo "perpetúa un sistema injusto que convierte la vivienda en un bien de negocio". La convocatoria buscaba mantener la presión sobre el Ayuntamiento más allá del desenlace judicial del caso concreto.

El episodio se inscribe en un contexto de aumento sostenido de los desahucios en Euskadi y en el conjunto de España, donde los sindicatos de vivienda han intensificado en los últimos años las acampadas y resistencias frente a los desalojos, en particular cuando afectan a familias con menores a cargo. El propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz admite que sus Servicios Sociales no disponen de vivienda pública suficiente para asignar de forma directa a todas las familias en riesgo de exclusión residencial, una limitación estructural que este caso vuelve a poner de relieve y que alimenta el debate político sobre la insuficiencia del parque público de alquiler social en la comunidad autónoma. El episodio se produce, además, en un momento de fuerte tensión en el mercado del alquiler español, con precios al alza en la mayoría de capitales y un déficit crónico de vivienda protegida que, según diversas organizaciones sociales, deja a las familias con menos recursos con escaso margen de maniobra cuando finaliza un contrato de arrendamiento sin que el propietario quiera o pueda renovarlo.