El Ejecutivo quiere llevar al Consejo de Ministros, por vía urgente, la norma que obligará a los centros de datos a cubrir el 80% de su consumo con renovables nuevas, mientras la patronal SpainDC advierte de 9.000 millones de euros de inversión en riesgo.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha confirmado que el Gobierno espera aprobar el real decreto que regula los centros de datos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La patronal SpainDC advierte de que 9.000 millones de euros de inversión de tres compañías internacionales podrían suspenderse si la norma se aprueba en sus términos actuales. El Ejecutivo quiere llevar al Consejo de Ministros, por vía urgente, la norma que obligará a los centros de datos a cubrir el 80% de su consumo con renovables nuevas, mientras la patronal SpainDC advierte de 9.000 millones de euros de inversión en riesgo. En la práctica: La norma afecta directamente a la inversión extranjera en infraestructura digital en España y al ritmo de electrificación de un sector que ya concentra más de un tercio de la capacidad de red disponible.
Oscar lopez Arias, entrevista al escritor chileno Luis Lopez-Aliaga para el programa Metrolopis de TV-Perú(1)
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El Gobierno español prevé llevar al Consejo de Ministros, por la vía de urgencia, el real decreto que regula la instalación de centros de datos en España antes de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026. Así lo ha confirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, según informaron el 23 de octubre idealista/news, Pressdigital y Energías Renovables. El texto, que estuvo en audiencia pública hasta el 10 de septiembre, fue aprobado como proyecto por el Consejo de Ministros en agosto con tramitación de urgencia.
El borrador exige que los centros de datos acrediten que el 80% de su consumo eléctrico anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables de nueva construcción, cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la puesta en marcha del propio centro. El objetivo declarado por los tres ministerios implicados —Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital— es ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para electrificar el resto de la economía.
La patronal del sector, SpainDC, sostiene que hasta 9.000 millones de euros de inversión —en torno al 15% de los 66.900 millones proyectados en centros de datos en España hasta 2030— podrían quedar en suspenso si tres compañías internacionales que estudian desarrollar proyectos en el país cumplen su amenaza de paralizarlos en caso de que el decreto se apruebe sin cambios. Su presidente, Emilio Díaz, ha declarado que "desde el primer día" la asociación solicitó una reunión con el Gobierno y fue remitida a presentar alegaciones por escrito, y advierte de que la futura gigafactoría europea de inteligencia artificial en España, dotada con 5.000 millones de euros, tampoco cumpliría los requisitos que el propio Ejecutivo pretende imponer al sector privado.
Los centros de datos ya concentran el 34% de la capacidad de acceso a la red concedida por Red Eléctrica, y las solicitudes de conexión superan los 2,5 gigavatios de demanda prevista para 2030, cifras que explican la presión regulatoria sobre un sector que combina fuerte atractivo inversor con un consumo eléctrico creciente. El Gobierno, no obstante, no ha confirmado cambios sustanciales al texto conocido en agosto pese a las alegaciones del sector, y mantiene el calendario de aprobación antes de las elecciones.
Ninguna de las fuentes consultadas recoge una fecha exacta de paso por el Consejo de Ministros más allá de "finales de octubre o principios de noviembre", por lo que el calendario definitivo sigue sujeto a la agenda del Gobierno en plena precampaña electoral. SpainDC no ha identificado públicamente a las tres compañías cuyas inversiones estarían en riesgo, y esa cifra corresponde a una estimación de la patronal, no a una cifra oficial del Ejecutivo.
El proyecto de real decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 2026 para su tramitación de urgencia, y estuvo sometido a audiencia pública hasta el 10 de septiembre de 2026.
La norma afecta directamente a la inversión extranjera en infraestructura digital en España y al ritmo de electrificación de un sector que ya concentra más de un tercio de la capacidad de red disponible.
El decreto se enmarca en la estrategia estatal 'IA360', con la que el Gobierno aspira a situar a España entre los cinco países líderes en inteligencia artificial responsable en 2026-2027.
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