El Gobierno lleva a los tribunales el veto al cine 'ideológico' de la Junta de Castilla y León

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, presentó el 23 de octubre un requerimiento contra dos órdenes de la Junta de Castilla y León que regulan las ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes para 2026. El paso, confirmado por el propio departamento y recogido de forma coincidente por eldiario.es, Público, Infobae, Moncloa.com y otros medios, abre la vía para impugnar ante los tribunales las bases de esas convocatorias si la Junta no las modifica en el plazo que marca la ley.

El origen de la disputa es una cláusula incluida en las órdenes, publicadas por el departamento de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta —dirigido por José Alberto Díaz Pico, de Vox— en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) a mediados de octubre. El texto establece, en los términos recogidos literalmente por eldiario.es, que 'no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas'. Las dos convocatorias afectadas —largometrajes y cortometrajes— figuran, según eldiario.es, entre las de dotación más reducida de España para producción audiovisual, con un fondo conjunto cercano a los 325.000 euros.

El requerimiento previo a la vía contenciosa es el mecanismo que utiliza la Administración General del Estado cuando considera que una norma o acto de otra Administración —en este caso autonómica— puede ser contrario al ordenamiento jurídico. Su presentación no suspende por sí sola la convocatoria de ayudas, pero obliga a la Junta a responder y abre un plazo tras el cual, si no hay acuerdo, el Ministerio puede acudir a los tribunales ordinarios o, según ha apuntado Urtasun, incluso al Tribunal Constitucional.

El Ministerio sostiene que la redacción emplea conceptos de interpretación subjetiva que podrían usarse para excluir producciones por su contenido, y advierte de 'indicios de afectación a la libertad de creación y expresión', así como de 'riesgos de censura y arbitrariedad' en la concesión de las subvenciones. Urtasun calificó la medida como 'una forma de censura intolerable' y, en declaraciones previas sobre la política cultural del departamento de Díaz Pico, llegó a resumirla como 'más censura', señalando que la vía administrativa del requerimiento es más rápida que un recurso ante el Tribunal Constitucional, opción que tampoco descarta si la Junta no atiende la petición.

El consejero Díaz Pico defendió el criterio semanas antes del requerimiento al anunciar que un comité de técnicos y funcionarios de la propia Junta evaluará la 'trascendencia ideológica' de los proyectos que soliciten ayuda, en función de su 'calidad suficiente'. 'Confiamos en la profesionalidad de los funcionarios públicos', afirmó, cuestionando a quienes dudan de la neutralidad de ese comité. El consejero fue más allá y criticó directamente a la Seminci de Valladolid, a la que acusó de tener 'mucho que mejorar en neutralidad ideológica' y de programar 'cine más ideologizado', una valoración que el Ministerio y el sector interpretan como el contexto ideológico real detrás de la nueva cláusula.

La Junta, no obstante, ha enmarcado la medida en términos distintos ante el requerimiento. Su portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP), la ha vinculado al acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la comunidad, que incluye el compromiso de no imponer 'ningún sesgo ideológico ni condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos', presentándola como una garantía de neutralidad y no como una restricción de contenidos. El Ministerio considera que es precisamente el comité anunciado por Díaz Pico, y no la cláusula en abstracto, la fuente del riesgo de arbitrariedad que denuncia.

La oposición autonómica ha sido más directa en su rechazo. El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó al Gobierno de PP y Vox de resucitar 'al censor del reino', en alusión a la censura franquista, y advirtió del riesgo de que la comunidad quede identificada como 'un territorio de censura'. Desde el Gobierno central, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, llegó a calificar el veto como una expresión de 'ideología fascista', en unas declaraciones que la Junta no ha respondido punto por punto pero que refuerzan la dimensión partidista del choque.

El litigio se enmarca en el pacto de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, vigente desde 2022, que ha introducido en los últimos años cambios en política cultural y educativa alineados con las prioridades del partido de extrema derecha, y que ya había generado fricciones previas con el Gobierno central en materias competenciales compartidas, como la gestión de fondos culturales y las competencias educativas.

El sector audiovisual también se ha pronunciado: asociaciones de profesionales han pedido que las obras se evalúen 'sin atender a la orientación ideológica que se atribuya a sus autores o a sus opiniones políticas o sociales', en referencia explícita a la cláusula introducida por la Junta, mostrando 'profunda preocupación por la incorporación de condicionantes ideológicos' a unas ayudas que, recuerdan, ya figuran entre las más modestas del país en volumen de financiación pública al cine.

Por el momento, ambas convocatorias —la de largometrajes y la de cortometrajes— siguen formalmente abiertas mientras se resuelve el requerimiento. Ni el Ministerio ni la Junta han precisado una fecha límite pública para la respuesta, por lo que el desenlace del conflicto, y su eventual traslado a los tribunales, dependerá de los próximos movimientos de ambas administraciones.