Un estudio de Selectra con datos de Asescon y Unespa sitúa el coste medio de un funeral completo en España entre 3.000 y 5.600 euros según la provincia, con Segovia como la más cara y Santa Cruz de Tenerife la más económica. En paralelo, una encuesta de OSF y Sigma Dos revela que el 83,7% de los españoles considera injusto que los servicios funerarios tributen al tipo general del IVA, del 21%, igual que un producto de lujo.
Un estudio de la comparadora Selectra, con datos de la asociación de consumidores Asescon y de la patronal aseguradora Unespa, cifra el coste de morir en España entre 3.000 y más de 5.600 euros según la provincia. Una encuesta paralela muestra que una amplia mayoría de la población rechaza que estos servicios paguen el IVA general del 21%, el mismo tipo que se aplica a un producto de lujo. Un estudio de Selectra con datos de Asescon y Unespa sitúa el coste medio de un funeral completo en España entre 3.000 y 5.600 euros según la provincia, con Segovia como la más cara y Santa Cruz de Tenerife la más económica. En paralelo, una encuesta de OSF y Sigma Dos revela que el 83,7% de los españoles considera injusto que los servicios funerarios tributen al tipo general del IVA, del 21%, igual que un producto de lujo. En la práctica: Las familias que afrontan un fallecimiento sin seguro de decesos se enfrentan a un gasto medio de varios miles de euros en un plazo de pocos días, con variaciones de hasta un 87% entre provincias.
Imagen ilustrativa de la puerta de un cementerio español; no corresponde a ningún fallecido, familia o empresa funeraria citada en la información.
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Un estudio publicado el 31 de octubre de 2026 por la comparadora de tarifas Selectra, elaborado con datos de la asociación de consumidores Asescon y de la patronal aseguradora Unespa, sitúa el coste medio de un funeral completo en España entre 3.000 y más de 5.600 euros, en función de la provincia y de los servicios contratados. La cifra incluye ataúd, tanatorio, preparación del cuerpo, traslado, nicho o inhumación, flores, trámites administrativos y ceremonia, y no procede de una estadística oficial del INE o de un organismo público, sino de un informe sectorial elaborado por una empresa comparadora junto con una asociación de consumidores y la patronal de seguros.
Según el desglose de Asescon citado en el estudio, el gasto medio se reparte en unos 1.200 euros para el ataúd, 600 para el tanatorio, 300 para la preparación del cuerpo, 400 para el traslado y el coche fúnebre, 800 para el cementerio, el nicho y la inhumación, 200 para flores y coronas, 250 para trámites administrativos y en torno a 100 para la ceremonia, lo que suma cerca de 3.850 euros en un caso medio, dentro del rango publicado. Las diferencias entre provincias son notables: Segovia encabeza el precio más alto, con 5.664 euros, frente a los 3.021 euros de Santa Cruz de Tenerife, una diferencia de unos 2.643 euros, equivalente a que un funeral en Segovia resulte aproximadamente un 87% más caro que en la capital tinerfeña.
El estudio añade que el 44% de la población española, unos 22 millones de personas, cuenta con un seguro de decesos, según datos de Unespa. La cobertura no es homogénea: Cádiz es la provincia con mayor penetración, con el 75,6% de sus residentes asegurados, mientras que en Teruel, Soria y Baleares la cifra cae al 20-21%, una diferencia de más de 50 puntos porcentuales entre el extremo más alto y el más bajo. El coste de estas pólizas también varía por edad y provincia: para una persona de 35 años, Tarragona es de las más caras (174,82 euros anuales) y Santa Cruz de Tenerife de las más baratas (115,72 euros), según las tarifas recopiladas por Selectra.
En paralelo, una encuesta del III Estudio OSF-Sigma Dos de 2026, realizada el 30 de octubre sobre 1.628 entrevistas online a residentes en España mayores de edad, refleja que el 83,7% de los encuestados considera injusto que los servicios funerarios tributen al tipo general del IVA, del 21%, el mismo que se aplica a bienes considerados de lujo. En España, los servicios prestados por funerarias y cementerios tributan al tipo general del 21% desde que ese tipo se fijó en la normativa vigente del impuesto, salvo determinados elementos accesorios como las flores, sin que exista un tipo reducido específico para el sector, a diferencia de otros países europeos que aplican gravámenes menores a este tipo de servicios.
Las dos informaciones —el coste medio de un funeral y el rechazo mayoritario al tipo de IVA aplicado— circulan de forma independiente, pero ambas alimentan un debate recurrente en España sobre el encarecimiento de los servicios funerarios y sobre si deberían considerarse un bien de primera necesidad a efectos fiscales. Ninguna de las dos fuentes citadas es un organismo público: el estudio de costes procede de una comparadora privada y una patronal con interés en la venta de seguros de decesos, y la encuesta sobre el IVA fue encargada por una entidad del sector (OSF) a una empresa demoscópica (Sigma Dos), por lo que ambas cifras deben leerse como estimaciones sectoriales y de opinión, no como datos oficiales verificados por la Agencia Tributaria o el INE.
El debate sobre bajar el IVA de los servicios funerarios en España no es nuevo: asociaciones de consumidores y parte del sector llevan años pidiendo un tipo reducido, sin que ningún Gobierno haya modificado hasta la fecha el tipo general aplicado.
Las familias que afrontan un fallecimiento sin seguro de decesos se enfrentan a un gasto medio de varios miles de euros en un plazo de pocos días, con variaciones de hasta un 87% entre provincias.
El debate sobre el IVA funerario puede alimentar futuras propuestas parlamentarias para rebajar el tipo aplicado a estos servicios, aunque de momento no hay ningún cambio normativo en marcha.
Los servicios funerarios tributan en España al tipo general del IVA (21%), igual que productos considerados no esenciales, mientras que bienes como los alimentos básicos aplican tipos reducidos o superreducidos del 10% o el 4%.
Unespa, la patronal de las aseguradoras, cifra en el 44% la proporción de población española con seguro de decesos, con fuertes diferencias territoriales que van del 75,6% en Cádiz al 20-21% en Teruel, Soria y Baleares.
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