El Ejecutivo autonómico ceutí ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Administración General del Estado por no tramitar los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional de los migrantes adultos que entraron de forma irregular y masiva en la ciudad los días 30 y 31 de julio y que continúan en ella casi tres meses después. El Gobierno central ha respondido negando la inactividad.
El Consejo de Gobierno de Ceuta aprobó este martes acudir a la Sala Tercera del Supremo para denunciar la falta de medios del Estado para resolver los expedientes de los migrantes llegados en la entrada masiva de julio, tras un requerimiento de septiembre que quedó sin respuesta. Horas después, el Gobierno central negó la inactividad. El Ejecutivo autonómico ceutí ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Administración General del Estado por no tramitar los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional de los migrantes adultos que entraron de forma irregular y masiva en la ciudad los días 30 y 31 de julio y que continúan en ella casi tres meses después. El Gobierno central ha respondido negando la inactividad. En la práctica: Un pronunciamiento del Supremo podría obligar por vía judicial al Gobierno central a reforzar los medios dedicados a tramitar los expedientes de los migrantes que permanecen en Ceuta, con plazos y obligaciones concretas.
Elma Saiz 2023
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El Gobierno de Ceuta acordó este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado para tramitar los expedientes de los migrantes adultos que llegaron a la ciudad durante la entrada irregular masiva de los días 30 y 31 de julio y que, casi tres meses después, continúan en ella sin que se haya resuelto su situación administrativa.
Según informó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alejandro Ramírez, el recurso se dirige a la Sala Tercera del Supremo, la encargada de lo contencioso-administrativo, y denuncia la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para resolver dentro de los plazos legales los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional abiertos a esas personas.
La decisión judicial llega después de que la ciudad autónoma remitiera el 16 de septiembre un requerimiento administrativo formal exigiendo al Estado dictar y notificar una resolución expresa en el plazo de un mes. Ese plazo venció a mediados de octubre sin que, según Ceuta, la Administración General del Estado respondiera, lo que en la práctica administrativa equivale a un silencio que la ciudad interpreta como inactividad susceptible de control judicial.
Este tipo de recurso se apoya en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que permite reclamar ante los tribunales cuando la Administración, obligada a realizar una prestación concreta en favor de personas determinadas, no cumple ni responde en el plazo de tres meses desde que se le reclama. El demandante puede pedir al tribunal que condene a la Administración a cumplir esa obligación en los términos exactos en que esté establecida, sin que ello implique necesariamente que el Supremo vaya a estimar el recurso.
Ramírez afirmó que "ninguna de las personas que accedieron a Ceuta durante aquellas dos jornadas ha sido devuelta a Marruecos mediante un procedimiento de expulsión o devolución", y describió la situación migratoria de la ciudad como "crónica", subrayando que Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad casi tres meses después de la entrada masiva.
El propio martes, horas después de conocerse el recurso, el Gobierno central respondió públicamente a la acusación. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, negó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que haya existido inactividad, afirmando "todo lo contrario" y defendiendo un "trabajo intenso" y de "mano tendida" hacia Ceuta. Saiz señaló que 12.705 personas habían regresado desde Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto y que se habían registrado 3.331 menores, y atribuyó la coordinación de la respuesta a la crisis al ministro Ángel Víctor Torres, al frente del mando unificado.
La cifra ofrecida por Saiz no se refiere de forma explícita, según la propia rueda de prensa, a los expedientes de expulsión o devolución de los migrantes adultos llegados específicamente los días 30 y 31 de julio que son objeto del recurso ante el Supremo, por lo que no contradice de forma directa -sino que deja sin resolver- la afirmación de Ramírez de que ninguno de los migrantes de esas dos jornadas ha sido devuelto mediante un procedimiento formal. Ambas versiones -un balance global de retornos desde agosto y la situación de los expedientes individuales de la entrada de julio- no han podido reconciliarse con los datos disponibles hasta el momento de esta publicación.
La entrada de los días 30 y 31 de julio de 2026 está considerada el mayor episodio migratorio registrado en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de Ceuta de 2021, con decenas de miles de personas accediendo a pie y a nado por el espigón de El Tarajal, coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. En los días posteriores, una parte sustancial de quienes entraron regresó a Marruecos, mientras España y el país vecino reforzaban sus dispositivos fronterizos, según la cobertura periodística y la documentación recopilada sobre el episodio, conocido como la crisis migratoria de Ceuta de 2026.
El Gobierno central, por su parte, declaró a finales de agosto la situación "de interés para la seguridad nacional" y activó una estructura de mando unificado para gestionar la crisis, sin que ello implicara una declaración formal de emergencia nacional, que el propio Ministerio del Interior descartó entonces al considerar que la legislación de protección civil no encuadra las crisis migratorias como supuesto habilitante.
El litigio se suma a meses de presión política sobre el Ejecutivo central: el PP y Vox han reprochado reiteradamente a Pedro Sánchez su gestión de la crisis, vinculándola a la política de regularización del Gobierno y exigiendo expulsiones inmediatas, mientras que a principios de octubre el propio Gobierno de Ceuta rechazó una propuesta de Vox para activar un paquete urgente de medidas económicas y sociales, el llamado "Plan Ceuta Resiste".
La base de la acusación de Ceuta contra el Estado es, con todo, administrativa y documental, no solo política: el requerimiento formal de septiembre y el silencio posterior del Estado, hechos confirmados de forma coincidente por varios medios que han cubierto la decisión del Consejo de Gobierno.
Otras informaciones sobre el caso citaban una cifra concreta de migrantes pendientes de resolución y un supuesto decreto de emergencia nacional vinculado a la entrada de julio, pero estos datos solo aparecían en una fuente secundaria y no pudieron corroborarse en el resto de la cobertura ni en fuentes oficiales, por lo que no se incluyen como hechos verificados en esta información.
El litigio se produce, además, en un contexto simbólico particular: en octubre, Ceuta recibió la primera visita de los Reyes a la ciudad desde la proclamación de Felipe VI en 2014, mientras el Gobierno local sigue reclamando más recursos del Estado para agilizar los expedientes de las personas llegadas en la entrada masiva de finales de julio.
Ceuta ya había reclamado en septiembre, por vía administrativa, una respuesta del Estado sobre estos expedientes antes de escalar el asunto a la vía judicial.
El Gobierno central declaró a finales de agosto de 2026 la situación migratoria en Ceuta de interés para la seguridad nacional, sin llegar a una declaración formal de emergencia nacional.
El PP y Vox han presionado reiteradamente a Sánchez por la gestión de la crisis desde septiembre, y a principios de octubre Ceuta rechazó una propuesta de ayudas urgentes de Vox.
Un pronunciamiento del Supremo podría obligar por vía judicial al Gobierno central a reforzar los medios dedicados a tramitar los expedientes de los migrantes que permanecen en Ceuta, con plazos y obligaciones concretas.
El litigio añade presión institucional y política sobre la relación entre el Ejecutivo local y el Ministerio del Interior en plena gestión de una crisis migratoria que el propio Gobierno central calificó de interés para la seguridad nacional, y en un momento de ofensiva parlamentaria del PP y Vox contra Sánchez por este mismo asunto, ahora con un choque público de versiones entre Ceuta y la portavoz del Gobierno.
La entrada irregular y masiva del 30 y 31 de julio de 2026, conocida como la crisis migratoria de Ceuta de 2026, dejó en la ciudad a un número de migrantes adultos cuyos expedientes de expulsión, devolución o protección internacional no se han resuelto casi tres meses después.
El Gobierno ceutí formuló un requerimiento administrativo el 16 de septiembre para forzar una resolución en un mes, plazo que venció a mediados de octubre sin respuesta del Estado, lo que motivó el recurso ante el Supremo al amparo del artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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