Más de 50 días después de la crisis migratoria en Ceuta, el PP sigue sin ofrecer una vía de salida propia

La crisis migratoria de Ceuta, abierta a finales de julio de 2026 tras la llegada masiva de miles de personas a la ciudad autónoma, cumplió **más de 50 días** sin resolverse. Según reportó elDiario.es, el **Partido Popular** ha ordenado a las **11 comunidades autónomas** que gobierna que rechacen la transferencia de menores migrantes no acompañados hacia sus territorios, pese a las obligaciones legales de acogida que rigen una vez un menor es declarado en situación de desamparo.

El 20 de septiembre, en un mitin, **Alberto Núñez Feijóo** acusó al Gobierno central de ser **"responsable de este polvorín"**, sin plantear medidas de colaboración concretas ni una propuesta legislativa alternativa para gestionar la crisis. El líder del PP ha defendido en paralelo un discurso de cierre "hermético" de fronteras frente a quienes él describe como personas que incumplen la ley.

Esa posición contrasta con la de su propio partido en Ceuta: el presidente de la ciudad autónoma, **Juan Jesús Vivas** (PP), había declarado ya el 29 de julio que la devolución de los migrantes a Marruecos era **"legalmente imposible"**, reconociendo la complejidad jurídica de una solución rápida por la vía que reclama la dirección nacional del partido.

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El bloqueo del reparto de menores deja a Ceuta sosteniendo en solitario buena parte de la presión asistencial, mientras el resto de comunidades gobernadas por el PP no participan en la acogida pese a que la ley no distingue el color político del gobierno autonómico a la hora de fijar obligaciones de protección de menores en desamparo.

Contexto adicional: El bloqueo de la redistribución de menores tensiona un sistema en el que las comunidades autónomas tienen obligaciones legales de acogida una vez los niños son declarados en situación de desamparo, con independencia del color político de su gobierno. Que el PP condicione esa colaboración a un pulso político con el Gobierno central deja a Ceuta —gestionada también, en parte, por un Ejecutivo local del propio PP— sosteniendo en solitario buena parte de la presión asistencial mientras la crisis se prolonga. El sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en España distribuye obligaciones entre comunidades autónomas con independencia de su color político, aunque el reparto concreto de plazas suele negociarse políticamente entre Gobierno central y autonomías.