El Gobierno de Ceuta traza una línea roja tras el linchamiento de una diputada confundida con una activista

El Gobierno de Ceuta, liderado por **Juan Jesús Vivas**, condenó este domingo la agresión al vehículo de la diputada **Julia Ferreras**, el activista **Rafael Borrego** y la abogada internacional **Sofía Cánovas**, atacado por decenas de personas concentradas en el puerto. El comunicado institucional fijó una frontera explícita: **"hay una línea que nunca debemos cruzar: la violencia no es una alternativa"**, y añadió que "ninguna causa, por legítima que sea", puede justificar una agresión.

El ataque se produjo cuando la multitud, que esperaba la llegada de una ONG vasca a la que atribuía —sin verificación— vínculos con el entorno de ETA, confundió el coche de Ferreras con el de los cooperantes. Varias personas se subieron al capó y rompieron los cristales delanteros y traseros del vehículo; Cánovas, trabajadora de organismos internacionales, sufrió cortes superficiales por los cristales rotos. La **Policía Nacional disparó al aire** para dispersar a los agresores y escoltó a los tres ocupantes hasta comisaría para formalizar la denuncia.

La respuesta institucional no cuestiona el fondo de la protesta: Ceuta lleva más de **50 días** con una crisis migratoria sin resolver desde la llegada masiva de finales de julio, y el propio Gobierno de Vivas ha descrito en otras ocasiones el comportamiento general de los concentrados como "ejemplar". Esa caracterización fue cuestionada horas después del ataque por **Mohamed Mustafa Ahmed**, diputado de la Asamblea ceutí y compañero de Ferreras, quien acompañó a la afectada a comisaría y escribió en redes: "los vídeos muestran la violencia extrema que desprendían. Sencillamente repugnante".

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La investigación policial sobre el origen del bulo que señaló a los tres pasajeros como miembros de la ONG continúa abierta. Al menos una persona fue detenida la noche del ataque; otras fuentes elevan la cifra a dos. Ninguna de ellas ha sido, de momento, formalmente acusada ni juzgada, por lo que cualquier atribución de responsabilidad penal permanece pendiente de la instrucción judicial.