La Policía Nacional despliega un operativo en el CETI de Ceuta para devolver a inmigrantes a Marruecos mientras una ONG denuncia expulsiones "sin garantías"

La Policía Nacional desplegó el lunes 26 de octubre un operativo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para localizar y trasladar a la frontera del Tarajal a personas acogidas cuyas solicitudes de protección internacional habían sido denegadas. Según informó Europa Press, se preveía la salida forzosa de alrededor de 70 personas, aunque muchas abandonaron previamente el centro por su cuenta; a lo largo de la jornada fueron devueltas a Marruecos 12 personas procedentes del CETI.

El operativo se enmarca en una campaña más amplia de retornos que, según confirmó a El Faro de Ceuta el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, se mantiene activa "en las próximas semanas". El propio delegado explicó que, aunque las devoluciones son formalmente voluntarias, "existe un trabajo previo de la Policía para localizarlos, para desmantelar asentamientos", es decir, una labor policial de identificación y traslado que precede a la salida de las personas afectadas. Las unidades de la UIP, con apoyo de la UPR, emplearon autobuses para trasladar a los interceptados hasta el paso fronterizo. Según estas mismas fuentes, desde el 10 de agosto se han contabilizado más de 13.000 retornos entre solicitudes de asilo rechazadas y salidas voluntarias.

La operación generó controversia después de que la asociación Elín, que trabaja con migrantes en Ceuta, denunciara que un grupo de 16 personas —procedentes de Senegal, Bangladés, Togo, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria— fue trasladado el sábado 24 de octubre desde el CETI hasta la frontera del Tarajal y expulsado a Marruecos "sin garantías" jurídicas. Según el relato de la ONG, recogido por Infobae a partir de agencias y por El Faro de Ceuta, esas personas tenían intención de recurrir la denegación de sus solicitudes de asilo pero no dispusieron de tiempo material para hacerlo antes del traslado. La Delegación del Gobierno en Ceuta no hizo comentarios específicos sobre esta denuncia, de acuerdo con Infobae.

Según la formulación más literal de la denuncia de Elín, recogida por The Objective, las 16 personas fueron "expulsadas por una puerta trasera de la valla sin garantías y mientras esperan la resolución de sus recursos", una descripción que sitúa el núcleo de la controversia no en la legalidad de la denegación de asilo en sí, sino en el momento procesal en que se ejecutó el traslado: antes, según la ONG, de que se resolvieran los recursos presentados contra esa denegación.

En el ordenamiento español, la denegación de una solicitud de protección internacional puede ser recurrida por vía administrativa y, posteriormente, judicial, y ese recurso puede llevar aparejada la suspensión de la expulsión mientras se resuelve, dependiendo del tipo de recurso y de si se solicita y se obtiene la suspensión cautelar. La disputa entre la versión oficial y la de Elín remite precisamente a si, en estos 16 casos concretos, existía o no un recurso pendiente con derecho a esa suspensión en el momento del traslado a la frontera; ninguna de las fuentes consultadas ha publicado el estado procesal exacto de cada expediente.

Las unidades policiales desplegadas este lunes en el CETI corresponden a la Unidad de Intervención Policial (UIP), con apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), según detalló El Faro de Ceuta; ambas son unidades antidisturbios de la Policía Nacional empleadas habitualmente en operativos de gran despliegue en la ciudad autónoma. El hecho de que buena parte de las aproximadamente 70 personas inicialmente previstas abandonara el centro antes de la llegada de los agentes sugiere, según la cobertura local, un conocimiento previo del operativo entre la población acogida.

Ceuta, como frontera terrestre de la Unión Europea con Marruecos, ha sido durante años objeto de escrutinio por parte de organismos de derechos humanos por las llamadas "devoluciones en caliente" en la valla fronteriza, un debate distinto pero relacionado con el que ahora plantea Elín sobre los traslados desde el propio CETI, que afecta a personas ya identificadas y con expediente de asilo abierto, no a quienes intentan cruzar la valla de forma irregular.

Ninguno de los organismos de supervisión habitualmente implicados en este tipo de controversias en Ceuta, como el Defensor del Pueblo, se ha pronunciado hasta la fecha sobre los 16 casos denunciados por Elín. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya examinó en el pasado la práctica española de devoluciones en la valla de Ceuta y Melilla en el caso N.D. y N.T. contra España, un pronunciamiento referido a personas que intentaban saltar la valla, no a solicitantes de asilo ya acogidos formalmente en un centro oficial como el CETI, por lo que ese precedente no es directamente aplicable a los hechos del sábado y el lunes relatados aquí.

El contraste entre ambos relatos —un operativo que las autoridades presentan como la ejecución ordinaria de resoluciones de asilo ya denegadas y una ONG que lo describe como una expulsión acelerada que impidió el ejercicio del derecho de recurso— no ha sido resuelto por ninguna fuente oficial hasta el momento. No hay constancia pública de un pronunciamiento judicial sobre los casos concretos denunciados por Elín, ni de una respuesta punto por punto de Interior o de la Delegación del Gobierno a las acusaciones de la organización.