El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la ayuda del Fondo de Solidaridad para paliar los daños de la ola de incendios más destructiva registrada en España, que arrasó 16 comunidades autónomas el verano pasado.
El Consejo de la UE aprueba definitivamente 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad para España tras la ola de incendios forestales de 2025, la más destructiva registrada en el país, con 243 fuegos en 16 comunidades autónomas. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la ayuda del Fondo de Solidaridad para paliar los daños de la ola de incendios más destructiva registrada en España, que arrasó 16 comunidades autónomas el verano pasado. En la práctica: La ayuda, aunque no cubre daños privados, alivia la presión presupuestaria de las administraciones autonómicas y locales que financiaron de forma anticipada la respuesta de emergencia y ahora podrán recuperar parte del gasto para reconstrucción de infraestructuras.
Incendios forestales en Yarinacocha de 2024 04
Foto: Johnattan Rupire · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la asignación a España de 120,55 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para contribuir a sufragar los daños medioambientales, sociales y económicos causados por la tercera ola de incendios forestales que afectó al país en 2025, según confirmaron este jueves varios medios españoles y la propia documentación del Consejo. La decisión cierra, en el plano institucional, un proceso que arrancó meses atrás con la propuesta de la Comisión Europea.
La ola de fuegos, que comenzó el 8 de agosto de 2025, está considerada la más destructiva desde que existen registros en España, con un total de 243 incendios forestales declarados en 16 comunidades autónomas. Galicia y Castilla y León fueron las regiones más golpeadas, con cerca de 120.000 hectáreas calcinadas solo en territorio gallego, en un verano marcado por una sequía prolongada y olas de calor extremo que, según los balances oficiales, se saldó con ocho muertos y evacuaciones masivas de población en varias provincias.
La Comisión Europea había propuesto esta ayuda en mayo de 2026, dentro de un paquete conjunto de 144 millones de euros que incluía también partidas para Rumanía, por las inundaciones que afectaron a las regiones de Centru, Sur-Muntenia y Nordeste en mayo y junio de 2025, y para Chipre, por sus propios incendios forestales. De los 120,55 millones correspondientes a España, el país ya recibió un anticipo de 30,1 millones de euros en mayo de 2026, equivalente al 25% del total, destinado a cubrir el gasto en operaciones de emergencia realizadas desde el 8 de agosto; los 90,4 millones restantes se abonarán próximamente, una vez completados los trámites administrativos del Fondo.
Según el Ministerio de Hacienda, los fondos se destinarán a financiar el gasto incurrido por las administraciones públicas en operaciones esenciales de emergencia, la reparación de infraestructuras críticas de agua, saneamiento, telecomunicaciones, transporte y patrimonio cultural, así como los servicios de rescate desplegados durante la crisis. El FSUE, creado en 2002 tras las grandes inundaciones centroeuropeas, no cubre pérdidas privadas ni indemniza directamente a particulares o empresas, sino que reembolsa a los Estados y administraciones el coste soportado en la respuesta inmediata y la reconstrucción de servicios públicos esenciales.
Esta partida se suma a otra ayuda previa de 149 millones de euros aprobada en julio de 2026 para las tormentas de enero y febrero de ese año en Andalucía y Extremadura, lo que eleva considerablemente el total de fondos europeos de solidaridad movilizados por España en lo que va de legislatura por catástrofes climáticas. El propio mecanismo ya había desembolsado 946 millones de euros tras la dana que devastó Valencia en octubre de 2024, la mayor ayuda de este tipo concedida nunca a un Estado miembro, lo que confirma la creciente dependencia de las administraciones españolas de este instrumento comunitario ante episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.
El verano de 2025 registró en España tres olas sucesivas de grandes incendios forestales, la tercera y más grave de las cuales comenzó el 8 de agosto y afectó a 16 comunidades autónomas.
La ayuda, aunque no cubre daños privados, alivia la presión presupuestaria de las administraciones autonómicas y locales que financiaron de forma anticipada la respuesta de emergencia y ahora podrán recuperar parte del gasto para reconstrucción de infraestructuras.
España ha recibido en los últimos años varias ayudas del Fondo de Solidaridad de la UE, incluida una de 946 millones de euros tras la dana de Valencia en 2024.
El mecanismo se ha convertido en una herramienta recurrente de respuesta a catástrofes climáticas cada vez más frecuentes en el país.
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