La baja laboral por salud mental gana peso en España: requisitos, duración y cuánto se cobra

Las bajas laborales por motivos de salud mental han pasado de ser una causa marginal de incapacidad temporal a situarse entre las más frecuentes en España. Según el informe sindical "Salud Mental y Trabajo 2025" de UGT, citado por Infobae, en 2024 se registraron 671.618 procesos de baja vinculados a trastornos mentales, frente a 283.999 en 2016: un incremento del 136,5% en ocho años (de 283.999 a 671.618 casos, 387.619 procesos más). Los trastornos mentales son ya la segunda causa de incapacidad temporal en el país y suponen alrededor del 20% de las bajas que superan los tres meses de duración, de acuerdo con el mismo informe.

El mismo estudio apunta a una exposición desigual por edad y sexo: los trabajadores de 25 a 35 años registran 4,25 bajas por cada 1.000 afiliados por esta causa, una tasa "sustancialmente superior" a la de otros grupos de edad, mientras que las mujeres concentran el 64% de las bajas por salud mental. Las ausencias de este tipo duraron en 2023, de media, 2,5 veces más que las derivadas de otros diagnósticos. Se trata de datos de un informe sindical y de recuento administrativo de procesos de baja, no de un estudio causal sobre por qué aumentan: reflejan una asociación entre el contexto laboral y el diagnóstico, no una causa única.

Para que la Seguridad Social reconozca la incapacidad temporal por enfermedad común —la vía habitual en los casos de ansiedad o depresión no derivados directamente del trabajo— es necesario estar en situación de alta o asimilada y haber cotizado al menos 180 días dentro de los cinco años anteriores a la baja, según la información oficial de la Seguridad Social (seg-social.es). Si el origen se califica como contingencia profesional (accidente de trabajo o enfermedad profesional), no se exige ningún periodo previo de cotización. En ambos casos, el parte de baja lo extiende el médico de atención primaria del sistema público, sin que sea necesario un informe psiquiátrico previo para iniciarla, aunque puede reforzar el expediente.

La duración máxima ordinaria es de 365 días. Agotado ese plazo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede conceder una prórroga de hasta 180 días adicionales si se estima que el trabajador puede recuperarse en ese periodo, lo que eleva el límite teórico a 545 días antes de que el caso pase a valorarse como incapacidad permanente. Superado ese tiempo sin alta ni resolución de incapacidad, corresponde al INSS decidir la situación del trabajador.

En cuanto a la cuantía, por contingencia común los tres primeros días no se cobran salvo mejora por convenio colectivo; del cuarto al vigésimo día la prestación equivale al 60% de la base reguladora, y desde el día 21 sube al 75%. Si la baja se califica como contingencia profesional, el 75% se abona ya desde el día siguiente al del cese de la actividad, sin el tramo inicial sin retribución. Estas cifras proceden directamente de la información oficial de la Seguridad Social y no han variado respecto a la normativa general de incapacidad temporal.

El aumento de las bajas por salud mental coincide con un incremento más general del gasto en incapacidad temporal: la Seguridad Social destinó 6.163 millones de euros a estas prestaciones hasta abril de 2026, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos recogidos por medios especializados en información laboral. Esa cifra agrega todas las causas de baja, no solo las de salud mental, por lo que no permite atribuir en exclusiva el repunte del gasto a los trastornos psicológicos, aunque estos se citan de forma recurrente entre los factores que más están creciendo.

Los sindicatos y varios despachos laboralistas insisten en que la cifra de bajas por salud mental reconocidas como derivadas directamente del trabajo (accidente laboral) sigue siendo muy baja en comparación con el volumen total de procesos por esta causa, lo que apunta a que buena parte de estos casos se tramitan como contingencia común aunque el origen pueda estar relacionado con las condiciones laborales. Determinar en qué proporción el origen es estrictamente laboral requeriría una revisión caso por caso que excede los datos agregados disponibles públicamente.

Queda abierto, por tanto, hasta qué punto el aumento registrado responde a un cambio real en la prevalencia de los trastornos mentales, a una mayor disposición a solicitar la baja o a cambios en los criterios de calificación médica; los informes consultados para esta pieza no permiten distinguir entre esas explicaciones, y ningún organismo oficial ha publicado todavía un desglose causal equivalente al de UGT para 2025.