Argentina se suma a una declaración del G20 contra la sobreproducción industrial, en un gesto que apunta a China

Argentina firmó esta semana, junto a otras 14 economías, una declaración ministerial conjunta coordinada a través del Comité de Comercio de la OCDE, en el marco de reuniones del G20 realizadas en Milwaukee, Estados Unidos, que advierte sobre la "sobrecapacidad estructural" y la "producción excesiva" en sectores manufactureros estratégicos. El texto fue suscripto también por Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido, según reportaron Infobae y La Nación. Por el lado argentino firmó el canciller Pablo Quirno, mientras que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, encabezó la delegación estadounidense.

La declaración identifica como sectores de preocupación a los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores, los productos químicos, los paneles solares y la industria automotriz. Según el documento citado por La Nación, esa capacidad de producción "no habría existido bajo condiciones de mercado" y responde a políticas e intervenciones estatales que distorsionan la oferta global, afectando precios, inversiones legítimas y el empleo en las industrias locales de los países firmantes. El texto advierte que, de no actuar, "estos problemas seguirán dañando gravemente a las industrias nacionales, desplazando la producción local y dificultando nuestra capacidad de elevar el nivel de vida de los trabajadores".

Aunque el texto evita nombrar a China, el contexto deja poco margen de ambigüedad: la iniciativa surgió de deliberaciones del G20 impulsadas por Estados Unidos para contrarrestar lo que Washington considera distorsiones del mercado por parte del modelo industrial subsidiado por el Estado chino, en medio de una tregua arancelaria entre ambas potencias que se extiende hasta el 10 de enero de 2027. Los firmantes acordaron crear plataformas sectoriales para compartir datos, identificar vacíos de información y coordinar medidas de protección antes de diciembre de 2026.

La adhesión argentina se enmarca en un acercamiento comercial más amplio con Washington: el país también suscribió un acuerdo marco bilateral con Estados Unidos que, según El Cronista, obliga a Buenos Aires a "revisar subsidios industriales" y posibles distorsiones de empresas estatales que afecten el comercio bilateral, además de comprometerse a prohibir importaciones vinculadas a trabajo forzoso, una práctica que organismos internacionales estiman afecta a 28 millones de trabajadores en el mundo. Argentina también se comprometió a implementar plenamente las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre subsidios pesqueros -que China también suscribió- y a trabajar junto a Washington para estabilizar el comercio global de soja, un sector donde Pekín tiene un peso dominante. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, llegó a declarar que "Milei se ha comprometido a sacar a China de Argentina", una caracterización que el Gobierno argentino luego matizó.

El trasfondo comercial explica el interés de Buenos Aires: según cifras de El Cronista, las importaciones argentinas desde China crecieron 66,2% hasta septiembre de 2025, alcanzando 13.091 millones de dólares, mientras que las compras a Estados Unidos subieron apenas 7,6%, a 5.264 millones. Argentina acumula un déficit comercial de 6.572 millones de dólares con China, frente a un superávit de 425 millones con Estados Unidos, una asimetría que el Gobierno de Javier Milei busca corregir mediante una estrategia de "friendshoring" que prioriza el comercio con socios alineados políticamente por sobre los de economías no orientadas al mercado.