Arcadi España reconoce que los dos decretos de vivienda ya aprobados son "un paso, pero no suficiente" y defiende más intervención pública mientras crece la tensión social por los precios del alquiler.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado en una entrevista en La 2 que el Ejecutivo quiere "ir más allá" en la intervención del mercado de la vivienda, tras admitir que los dos decretos ya aprobados en la materia constituyen "un paso, pero no un paso suficiente" frente a la crisis de precios y alquileres que atraviesa el país. Arcadi España reconoce que los dos decretos de vivienda ya aprobados son "un paso, pero no suficiente" y defiende más intervención pública mientras crece la tensión social por los precios del alquiler. En la práctica: El anuncio eleva la presión del Ejecutivo sobre su propia agenda de vivienda en plena campaña electoral del 29-N, en un momento en que la crisis de precios del alquiler es uno de los ejes centrales del debate público y motiva una huelga general convocada para el 11 de noviembre.
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Foto: Rodrigo Fernández · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El ministro de Hacienda, Arcadi España, afirmó este martes que el Gobierno tiene la intención de "ir más allá" e intervenir de forma más decidida en el mercado de la vivienda, en declaraciones al programa 'Malas Lenguas' de La 2 recogidas por Europa Press. España reconoció que el Ejecutivo es consciente de la gravedad del problema habitacional y que ya ha actuado "con contundencia" dentro de sus competencias, en referencia a los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros a lo largo de esta legislatura.
El titular de Hacienda admitió, no obstante, que esas dos normas "representan un paso, pero no es un paso suficiente", y defendió que el Gobierno apuesta de forma explícita por utilizar los instrumentos legales a su disposición para intervenir en el mercado, con el objetivo declarado de proteger a los inquilinos, contener los precios del alquiler, frenar la especulación y articular un escudo frente a los desahucios. España citó además el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, como ejemplo de la apuesta inversora del Ejecutivo, al tiempo que reivindicó que el problema habitacional exige seguir ampliando el margen de actuación pública más allá de lo ya legislado hasta la fecha, sin precisar todavía qué nuevos instrumentos normativos baraja el Gobierno para lograrlo.
En la misma entrevista, el ministro pidió "reflexión" a los partidos que puedan sentirse señalados por la huelga general convocada para el 11 de noviembre por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinos en torno a la vivienda, y reivindicó la protesta como ejercicio de un derecho constitucional que atraviesa distintas sensibilidades ideológicas, calificándola de "absoluta normalidad" democrática, según recogió Forbes España de la misma comparecencia. El ministro evitó vincular la convocatoria sindical a ningún partido concreto y pidió no interpretarla como un gesto dirigido contra una u otra formación política.
Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión parlamentaria en torno a la política de vivienda: uno de los decretos del Gobierno en esta materia fue rechazado por el Congreso, un episodio que precipitó la disolución de las Cortes el pasado 6 de octubre y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. España, que ocupa la cartera de Hacienda desde finales de marzo de 2026 tras haber sido secretario de Estado de Política Territorial, enmarcó su mensaje como una defensa de la acción del Ejecutivo frente a las críticas de la oposición, a la que acusó de utilizar el debate sobre el decreto para "dividir artificialmente" a inquilinos y propietarios en plena campaña electoral.
Ni el Ministerio de Hacienda ni La Moncloa han concretado hasta el momento qué nuevas medidas legislativas o reglamentarias conformarían ese anunciado "paso más" en la intervención del mercado, ni un calendario para su tramitación, de modo que las declaraciones de España constituyen por ahora una señal de orientación política del Gobierno de cara al 29 de noviembre más que un anuncio normativo cerrado y con fecha concreta de aplicación.
El Gobierno ya había aprobado previamente dos reales decretos-ley en materia de vivienda y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, antes de que uno de esos decretos fuera rechazado en el Congreso.
El anuncio eleva la presión del Ejecutivo sobre su propia agenda de vivienda en plena campaña electoral del 29-N, en un momento en que la crisis de precios del alquiler es uno de los ejes centrales del debate público y motiva una huelga general convocada para el 11 de noviembre.
La intervención de España se produce después de que uno de los decretos de vivienda del Gobierno fuera rechazado por el Congreso, un episodio que contribuyó a la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026 y a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
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