Anticorrupción pide procesar a Pardo de Vera, Koldo García y Aldama en otra rama del 'caso Koldo'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno, titular del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye una de las piezas separadas del 'caso Koldo', que abra juicio oral contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el exasesor ministerial Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, según el escrito de acusación conocido este 6 de noviembre de 2026 y confirmado de forma independiente por eldiario.es, Infobae, Infolibre y Pressdigital.

El escrito pide procesar, además de a los cuatro investigados principales, a otras nueve personas: Joseba García, hermano de Koldo García; Patricia Uriz, su expareja; el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba; el empresario Juan Carlos Cueto, propietario del Grupo Cueto; Íñigo Rotaeche; Ignacio Zaldívar, exalto cargo de Adif; los tres colaboradores de Aldama conocidos como 'los mosqueteros' —Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno—; y la sociedad Soluciones de Gestión, que habría obtenido contratos irregulares de material sanitario. En total, la petición de procesamiento afecta a trece personas y una empresa.

Según el desglose coincidente de las cuatro fuentes consultadas, la Fiscalía atribuye a Koldo García delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales; a Víctor de Aldama, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública; a Isabel Pardo de Vera, tráfico de influencias; y a Jéssica Rodríguez, malversación de caudales públicos. Al comandante Rubén Villalba se le atribuye cohecho, por supuestamente facilitar protección a la trama a cambio de contraprestaciones. El conjunto de la acusación se articula sobre delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, según precisa Pressdigital.

La petición fiscal distingue a los investigados que deben ir a juicio de un grupo de exaltos cargos del Ministerio de Transportes para los que pide el archivo de la causa. Pressdigital identifica entre ellos a Miranda, de Adif; a Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes; y a Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, sobre la base de que, a juicio de la Fiscalía, los hechos que se les atribuían no son perseguibles penalmente o no existen indicios suficientes de delito contra ellos.

La implicación de Pardo de Vera y Rodríguez en esta pieza se centra en la contratación de Jéssica Rodríguez por las empresas públicas Ineco y Tragsatec, con un sueldo de 1.173 euros mensuales en Ineco y una vinculación combinada de alrededor de dos años y medio entre ambas compañías. Según la instrucción recogida por Infolibre, Rodríguez habría declarado que no realizó trabajo efectivo y que apenas acudía a su puesto, mientras cobraba con regularidad; el juez atribuye a Pardo de Vera una "participación decisiva" en esa contratación, que la plaza de Rodríguez quedó adscrita a la propia presidencia de Adif que ella ocupaba, y cita mensajes entre Koldo García y Pardo de Vera sobre la gestión del proceso.

Esta pieza, instruida en la Audiencia Nacional, es distinta de la causa del 'caso mascarillas' que el Tribunal Supremo ya resolvió con sentencia firme el pasado junio contra Ábalos, Koldo García y Aldama por la adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia, y que esta semana entró en fase de ejecución económica con el requerimiento de pago de 647.000 euros a los tres condenados. La rama que ahora impulsa la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional se encuentra todavía en fase de instrucción: la petición de procesamiento es un paso previo a que el juez decida si abre juicio oral, no una sentencia ni una condena.

El 'caso Koldo' —iniciado a partir de las pesquisas sobre el entorno de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes— se ha dividido en distintas piezas separadas que avanzan por vías procesales diferentes: la ya sentenciada por el Supremo sobre las mascarillas, esta pieza de la Audiencia Nacional centrada en la contratación irregular y otros presuntos pagos, y otras piezas abiertas sobre posibles presiones a cargos del Gobierno, que mantienen la causa como una de las tramas de corrupción política de mayor repercusión de la legislatura.

Ni el escrito íntegro de la Fiscalía Anticorrupción ni la resolución del juez Ismael Moreno sobre la petición de procesamiento están disponibles públicamente en la sede judicial electrónica en el momento de esta información; el desglose de delitos, defendidos y archivos se reconstruye a partir de las cuatro coberturas periodísticas independientes citadas, que coinciden entre sí en los nombres y en el reparto de responsabilidades penales. Ninguna de las fuentes consultadas recoge reacciones públicas de las defensas de Pardo de Vera, Rodríguez, Koldo García o Aldama a esta petición concreta de procesamiento, por lo que esta pieza no atribuye a ninguno de ellos una postura no documentada.

El siguiente paso procesal corresponde al juez Ismael Moreno, que deberá resolver si acoge la petición fiscal de apertura de juicio oral contra los trece investigados y la empresa señalada, si decreta el archivo solicitado para los exaltos cargos de Transportes, o si introduce matices sobre alguna de las piezas antes de fijar una fecha para el inicio del proceso. Hasta que el juzgado se pronuncie, ninguno de los investigados tiene fecha de juicio en esta pieza concreta, y la petición fiscal no equivale todavía a una apertura formal de juicio oral ni prejuzga su resultado.