España tiene por primera vez fármacos que frenan el alzhéimer, pero el Ministerio de Sanidad decidió no pagarlos

Lecanemab (comercializado como Leqembi) y donanemab (Kisunla) son los dos primeros fármacos autorizados en la Unión Europea que actúan directamente sobre el mecanismo biológico del alzhéimer —la acumulación de proteína beta-amiloide en el cerebro— en lugar de limitarse a paliar sus síntomas. Lecanemab recibió autorización de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en abril de 2025; donanemab, en septiembre de 2025. En ensayos clínicos de 18 meses, ambos lograron eliminar la proteína beta-amiloide en alrededor del 80% de los pacientes tratados, y consiguieron ralentizar el deterioro cognitivo entre un 25% y un 30% frente a los pacientes no tratados, según los datos recogidos por la literatura clínica disponible.

Pese a esa autorización europea, el **Nomenclátor del Ministerio de Sanidad** (la base de datos oficial de medicamentos, conocida como BIFIMED) recoge ambos fármacos con el estado **"No financiado por resolución"**, con fecha de exclusión del **1 de septiembre de 2026**. La decisión se formalizó mediante una resolución adoptada el 15 de julio de 2026 por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, el organismo que decide qué fármacos entran en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en qué condiciones. Es importante precisar el matiz técnico: "no financiado" no significa "prohibido" ni "no autorizado" —los médicos pueden prescribirlos y los pacientes pueden comprarlos—, sino que quedan fuera de la cobertura pública, lo que en la práctica traslada su coste íntegro al paciente o a su seguro privado.

La **Sociedad Española de Neurología (SEN)** ha expresado formalmente su "preocupación" ante la decisión de no financiación, señalando que limita el acceso de los pacientes a un tratamiento con eficacia demostrada en las fases iniciales de la enfermedad. En paralelo, una petición ciudadana lanzada el 20 de mayo de 2026 con el título "Solicitar al gobierno la financiación del tratamiento contra el Alzheimer en España" ha superado las 2.000 firmas verificadas, reclamando una partida presupuestaria específica.

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La cautela del Ministerio, sin embargo, no carece de fundamento clínico. El beneficio —una ralentización del 25-30% del deterioro cognitivo, no una cura ni una reversión de la enfermedad— convive con riesgos relevantes: ambos fármacos pueden provocar ARIA (anomalías por imagen relacionadas con amiloide, que incluyen microhemorragias e inflamación cerebral), un riesgo que se dispara hasta el **10% en pacientes con doble copia del alelo genético apoE4** —el principal factor de riesgo genético conocido del alzhéimer—, lo que obliga a un cribado genético previo y a resonancias magnéticas periódicas de seguimiento durante el tratamiento. Son exigencias de infraestructura hospitalaria y de personal especializado que también pesan en la decisión de financiación, más allá del precio del fármaco en sí.

El debate sobre el acceso a nuevas terapias contra el alzhéimer coincide, en este mismo Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), con el anuncio de **Grifols** de reforzar su programa **AMBAR** (Alzheimer Management by Albumin Replacement), que emplea recambio plasmático terapéutico con reposición de albúmina —una vía completamente distinta a los anticuerpos monoclonales— y que, según el propio estudio clínico de la compañía, ralentiza la progresión de la enfermedad en un **61%** en pacientes con alzhéimer leve y moderado. El protocolo, desarrollado con el Ace Alzheimer Center de Barcelona, se ha extendido este mes al Hospital HM Sanchinarro de Madrid y a la Clínica Juaneda de Mallorca. Conviene no mezclar ambas cifras: el 61% de AMBAR y el 25-30% de lecanemab/donanemab proceden de metodologías, poblaciones y mecanismos de acción distintos, y no son comparables como si midieran lo mismo.

Lo que queda por resolver es, sobre todo, una cuestión de plazos y de cifras que ninguna fuente pública ha ofrecido todavía: no hay una estimación oficial de cuántos pacientes españoles cumplirían los criterios clínicos y genéticos para beneficiarse de lecanemab o donanemab si se financiaran, ni un cálculo público del coste total que asumiría el SNS en ese escenario, un dato que sería necesario para valorar si la negativa actual responde sobre todo a razones presupuestarias o a la prudencia clínica alegada.

El propio Ministerio de Sanidad no ha cerrado la puerta a una revisión futura de la decisión: la situación de financiación de un medicamento en el Nomenclátor puede modificarse con nuevas resoluciones, y la presión combinada de la SEN, las asociaciones de pacientes y la petición ciudadana mantiene el tema abierto en la agenda sanitaria.