Alvise Pérez afronta sus primeras generales con seis causas abiertas en el Supremo, ninguna cerca de juicio

El adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre permite a Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, presentarse a sus primeras elecciones generales sin que ninguna de las seis causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él haya avanzado hasta la fase de juicio. El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) encabezará la candidatura del partido por Madrid, según confirmó la propia formación.

Las seis investigaciones, agrupadas todas en la Sala de lo Penal del Supremo por su condición de aforado, se encuentran en distintos estados de instrucción pero ninguna ha alcanzado el procedimiento abreviado, paso previo indispensable para la apertura de juicio oral. La causa más antigua, abierta en abril de 2025, investiga la presunta financiación ilegal de SALF a raíz de 100.000 euros en efectivo que el empresario Álvaro Romillo —hoy en prisión provisional por otra causa— entregó al partido el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas. El Supremo encontró indicios de financiación ilegal, fraude, malversación, blanqueo de capitales y falsedad documental; el PSOE fue admitido como acusación popular tras depositar una fianza de 15.000 euros.

Ese mismo mes de abril de 2025, el alto tribunal abrió una segunda causa por la difusión de un supuesto PCR falso atribuido al entonces candidato y hoy presidente de la Generalitat, Salvador Illa, un bulo que circuló durante la pandemia y cuyo origen la Policía no ha podido determinar con certeza. En mayo de 2025 se sumó una tercera causa por presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, a raíz de mensajes difundidos en el canal de Telegram de Alvise que, según la investigación, buscaban comprometer su seguridad y su carrera profesional. En octubre de 2025 se abrió una cuarta causa tras la querella de los exeurodiputados de SALF Nora Junco y Diego Solier, que abandonaron el grupo denunciando una campaña coordinada de acoso. En marzo de 2026 llegó la quinta, por presuntas coacciones y amenazas contra el alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce. La sexta causa, relativa a llamamientos a la ocupación, el bloqueo y el colapso durante las protestas agrarias de 2024 difundidos por Telegram, completa el conjunto de investigaciones abiertas, según coinciden las informaciones de elDiario.es, Moncloa.com y El Debate a partir de fuentes judiciales.

La inmunidad parlamentaria de Alvise, que ostenta como eurodiputado, solo ha sido levantada en dos de las seis causas, lo que ha ralentizado el avance de las restantes. Fuentes jurídicas citadas por los medios consultados coinciden en que los plazos ordinarios de instrucción en el Supremo hacen improbable que cualquiera de los procedimientos alcance la fase de juicio oral en las cinco semanas que separan la actualidad del 29 de noviembre, la fecha fijada para las generales tras el adelanto electoral.

El propio Alvise ha defendido en declaraciones públicas que los 100.000 euros recibidos de Romillo no se destinaron a la campaña electoral, sino a otros gastos del partido, una versión que contradice la línea de investigación policial, la cual concluyó que los fondos sí sirvieron para financiar la candidatura europea de 2024. SALF, por su parte, ha calificado las causas como una persecución política y judicial contra su líder, mientras que las partes denunciantes —entre ellas el PSOE, personado como acusación popular, y los exeurodiputados querellantes— sostienen que los procedimientos responden a indicios recabados de forma independiente por instructores y policía judicial.

El estatus de aforado de Alvise, derivado de su condición de eurodiputado, explica buena parte de la lentitud procesal: cada causa que implica actos presuntamente delictivos requiere en principio el suplicatorio del Parlamento Europeo para que la investigación avance con plenas garantías, un trámite que solo se ha completado en dos de las seis piezas. Mientras ese paso no se resuelve en las causas restantes, los instructores pueden realizar diligencias preliminares pero no pueden imputar formalmente ni fijar fecha de juicio, lo que alarga de facto los plazos frente a los de un investigado sin inmunidad.

Los plazos ordinarios del procedimiento penal ante el Tribunal Supremo —que exige completar la instrucción, dictar un auto de procesamiento o transformación en procedimiento abreviado, dar trámite a los escritos de acusación y defensa y, solo entonces, señalar juicio oral— hacen prácticamente inviable que cualquiera de las seis causas culmine en una sentencia, o siquiera en la apertura de juicio oral, en las cinco semanas que quedan hasta el 29 de noviembre. Los medios consultados coinciden en que ese desajuste temporal entre el calendario electoral y el judicial es precisamente lo que permite a Alvise concurrir sin el lastre de un proceso ya resuelto en su contra.

SALF, que irrumpió en las elecciones europeas de 2024 con tres escaños tras una campaña basada casi en exclusiva en redes sociales y en el propio canal de Telegram de Alvise, afronta ahora su primera prueba en unas generales con encuestas que lo sitúan como una fuerza con representación parlamentaria plausible, lo que convierte el resultado del 29 de noviembre en un test sobre si el desgaste judicial acumulado —seis causas en apenas dos años de vida pública— condiciona o no su respaldo electoral. La formación ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre si retiraría a Alvise de la lista en caso de que alguna causa avance antes de la investidura, un escenario que ninguno de los medios consultados considera probable dado el ritmo actual de la instrucción.