AIReF avisa de que nuevas ayudas contra la inflación necesitan compensación: el margen de gasto se ha estrechado

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha elevado el tono de su advertencia sobre el margen presupuestario de España. Su presidenta, Inés Olóndriz, señaló el 17 de septiembre que nuevas medidas para amortiguar la inflación pueden ser necesarias, pero **aumentan el riesgo de incumplir los compromisos fiscales** si no se compensan.

El contexto es una inflación de nuevo elevada por energía y tensiones geopolíticas. Cuando suben combustibles, electricidad o alimentos, el Gobierno puede responder con rebajas fiscales, subvenciones o transferencias. Todas esas medidas tienen un coste presupuestario salvo que se diseñen con financiación equivalente.

AIReF ha revisado su previsión de déficit de 2026 hasta aproximadamente el **2,7% del PIB**, por encima de la estimación del Gobierno. La cifra sigue por debajo del viejo umbral europeo del 3%, pero el marco fiscal actual ya no se reduce a comprobar ese porcentaje.

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La variable central es el **gasto primario neto de medidas de ingresos**. Simplificando, se observa cuánto crece el gasto controlable una vez descontados determinados elementos y teniendo en cuenta medidas de ingresos. El objetivo es seguir una senda plurianual compatible con reducción de deuda.

En julio, AIReF ya estimaba que el crecimiento del gasto neto en 2026 sería muy superior a la senda comprometida. Su informe hablaba de un 6,4% frente al 3,5% del plan fiscal y de una desviación acumulada que consumía margen de la cuenta de control.

La intervención de Olóndriz en Fórum Europa actualizó ese diagnóstico: el encarecimiento energético, las medidas asociadas a la crisis internacional y el aumento del gasto autonómico empeoran la posición. Al mismo tiempo, los mercados están exigiendo mayor rentabilidad a la deuda soberana, lo que puede elevar la factura de intereses.

Eso crea una doble presión. Una ayuda puede reducir temporalmente la factura de hogares o empresas, pero su coste aumenta el gasto; y una deuda más cara encarece refinanciar obligaciones existentes. El resultado es menos espacio para reaccionar a nuevas crisis si no hay compensación.

La advertencia no implica que toda medida antiinflación sea fiscalmente incorrecta. AIReF admite que la persistencia del shock puede justificar apoyo. La cuestión es **diseño, duración y financiación**: una ayuda focalizada y temporal tiene un coste distinto de una rebaja general indefinida.

También importa quién recibe la medida. Bonificar un combustible para todos reduce el precio tanto a hogares vulnerables como a rentas altas. Transferencias dirigidas pueden costar menos para proteger una misma población, aunque necesitan datos y capacidad administrativa para identificar beneficiarios.

El Gobierno ha abierto la puerta a prorrogar parte del escudo anticrisis. Esa es una decisión política que debe ponderar inflación, renta disponible, competitividad y coste fiscal. AIReF no elige esa prioridad; evalúa sus efectos sobre sostenibilidad y reglas presupuestarias.

La deuda pública ha bajado en relación con el PIB respecto a los máximos de la pandemia y llegó a situarse por debajo del 100% del PIB en datos recientes. Esa mejora no elimina vulnerabilidad: una ratio cercana al 100% sigue haciendo que cambios en tipos de interés tengan un impacto significativo.

El crecimiento nominal ayuda a reducir la ratio de deuda si el PIB aumenta más rápido que el pasivo, pero una inflación alta no es una solución gratuita. Eleva costes para hogares, salarios públicos indexados y contratos, y puede forzar condiciones monetarias más duras.

El nuevo marco europeo busca precisamente evitar una lectura de corto plazo basada solo en déficit anual. Un país puede estar por debajo del 3% y, sin embargo, desviarse de una senda de gasto que comprometa la reducción futura de deuda.

AIReF ha reclamado además mejores Presupuestos y planificación de medio plazo. Sin un presupuesto actualizado, es más difícil mostrar qué medida se compensa con cuál y evaluar de forma transparente el impacto acumulado de sucesivos paquetes.

La cuenta de control europea funciona de forma acumulativa. Un año con gasto por debajo de la senda puede crear margen y un año con exceso lo consume. Por eso el diagnóstico no puede hacerse mirando solo 2026: importa cuánto se ha desviado España desde el inicio del periodo y qué correcciones se prevén para los ejercicios siguientes.

La cláusula asociada al aumento del gasto en defensa añade flexibilidad, pero no convierte todo gasto adicional en exento. AIReF ya había calculado que incluso incorporando ese margen serían necesarias medidas en 2027 y 2028 para reconducir la trayectoria. Un nuevo paquete permanente en 2026 aumentaría esa necesidad futura.

También existe una diferencia entre coste presupuestario bruto y neto. Una rebaja fiscal reduce ingresos; una transferencia eleva gasto; una medida que incentive actividad puede recuperar parte mediante recaudación, pero esos efectos indirectos son inciertos y no deben contarse por adelantado como financiación segura.

Por eso la evaluación correcta de cualquier escudo exige una ficha completa: coste anual, duración, población beneficiaria, efecto distributivo, fuente de financiación y qué ocurre cuando expira. Sin esa ficha, comparar medidas únicamente por su impacto inmediato sobre el IPC deja fuera la mitad fiscal de la decisión.

Para el ciudadano, la consecuencia no es que una ayuda concreta vaya a desaparecer automáticamente. No existe un interruptor europeo que se active por una décima. El riesgo es que un desvío persistente obligue después a ajustes, nuevas medidas de ingresos o menor capacidad para financiar otras políticas.

En limpio: **AIReF no dice 'no ayuden'; dice 'financien la ayuda'**. Con el gasto creciendo por encima de la senda pactada, cualquier nuevo escudo contra la inflación necesita explicar de dónde sale el dinero y cómo afecta al compromiso plurianual.