El mecanismo legal para declarar sobreexplotados los acuíferos andaluces: años de retraso entre la propuesta técnica y la declaración

El artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) y la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía facultan a las Juntas de Gobierno de los organismos de cuenca -y, en las cuencas intracomunitarias, a la Junta de Andalucía- a declarar que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico, sin necesidad de consultar previamente al Consejo del Agua.

Tras esa declaración se activan plazos legales concretos: en un máximo de seis meses el organismo de cuenca debe constituir una comunidad de usuarios si no existiera, y en el plazo máximo de un año desde la declaración debe aprobarse, previa consulta con esa comunidad, un plan de ordenación de las extracciones.

El caso de las masas de agua subterránea del entorno de Doñana -La Rocina, Almonte y Marismas, parte del acuífero Almonte-Marismas- ilustra el procedimiento: la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) decidió en julio de 2019 iniciar el trámite de declaración, que se formalizó finalmente en julio de 2020, un año después del inicio del expediente y tras someterlo a consulta pública.

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Un caso más reciente, el de la masa de agua 'Baza-Freila-Zújar' en Granada, muestra un patrón similar: la Junta de Gobierno de la CHG fue informada del inicio del procedimiento en diciembre de 2024 y la declaración de riesgo cuantitativo se aprobó por unanimidad en 2025, al constatarse que la masa se encontraba 'en mal estado cuantitativo'.

Un ejemplo de demora mayor es el de la masa 'Sierra y Mioceno de Estepa', para la que la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG ya propuso en 2008 la declaración de sobreexplotación de sus acuíferos, lo que evidencia que entre la propuesta técnica inicial y la declaración administrativa efectiva pueden transcurrir varios años en algunos expedientes.

Según un informe de Greenpeace España sobre la cuenca del Guadalquivir, el 52% de sus masas de agua subterránea (45 masas) se encuentra en mal estado, principalmente por la presión del regadío y la falta de control sobre las extracciones, que ascienden a 841,47 hectómetros cúbicos al año, de los que cerca del 90% se destina a riego agrícola; además, 24 masas (un 28%) están en mal estado químico, nueve de las cuales han solicitado prórroga más allá de 2027.

Un informe de WWF sobre el entorno de Doñana identifica unas 3.300 hectáreas de cultivo con indicios de riego irregular -en torno al 20% de la superficie regada con aguas subterráneas de la zona- y calcula que en el acuífero Almonte-Marismas se extraen de forma irregular unos 13,34 hectómetros cúbicos de agua al año; la organización señala además la comarca granadina de Baza, donde unas 4.100 hectáreas (cerca del 62% de su superficie de regadío) presentarían indicios de extracción ilícita, con un índice de explotación del acuífero de la Sierra de las Estancias del 208%, cifra que la propia organización condiciona a confirmación oficial.

Frente a estos datos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sostiene que su seguimiento mediante imágenes satelitales Sentinel-2 muestra una reducción de más del 70% del riego ilegal en Doñana entre 2017 y 2026 -de 1.113 a 330 hectáreas fuera de ordenación- y que ya se han cerrado 847 pozos, con avances en la constitución de comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUMAs) como la de La Rocina, cuya junta de explotación aprobó una reducción del 15% de las extracciones antes de poder autorizar una campaña sin restricciones en 2026-2027 gracias a la recarga del acuífero.

WWF reconoce ese progreso, pero advierte de que el problema se desplaza hacia nuevos cultivos como el olivar superintensivo sin concesión, y cuestiona la capacidad real de control de la Administración, al señalar que los organismos responsables no tienen medios humanos ni técnicos suficientes para medir con precisión cuánta agua se extrae de los pozos por encima de lo autorizado.

El precedente ayuda a medir la escala del cambio. El conflicto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por la gestión del agua en el entorno de Doñana tuvo un episodio destacado con la proposición de ley andaluza para legalizar regadíos en la zona, finalmente retirada tras el acuerdo sobre el 'Marco para el desarrollo territorial sostenible de Doñana', firmado por ambas administraciones el 27 de noviembre de 2023.