El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo García y Aldama para pagar 647.000 euros del 'caso mascarillas'

El Tribunal Supremo ha requerido al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama que paguen, en un plazo máximo de 15 días, un total de 647.000 euros en concepto de multas, decomiso de las ganancias del cohecho e indemnizaciones, según el auto de ejecución dictado por la Sala de lo Penal el 4 de noviembre de 2026. El requerimiento marca el paso de la fase declarativa del proceso, ya cerrada con sentencia firme, a la fase de ejecución económica del fallo, en la que el tribunal reclama el cobro efectivo de las responsabilidades pecuniarias fijadas en junio de este mismo año.

El requerimiento desglosa una multa individual de 52.500 euros para Ábalos, 45.750 euros para García y 75.000 euros para Aldama. Además, los tres deben responder solidariamente del decomiso de 430.298 euros, la cantidad que la sentencia fijó como beneficio obtenido con el cohecho continuado y que Aldama se encargó de repartir entre el grupo. Ábalos y García deben indemnizar conjuntamente a las empresas públicas Ineco con 34.450 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros. La responsabilidad solidaria sobre el decomiso implica que el Supremo puede exigir el pago íntegro de esa partida a cualquiera de los tres condenados, sin perjuicio de que entre ellos puedan repartirse después la carga económica según su participación real en el reparto de las comisiones ilícitas, una fórmula habitual en los autos de ejecución de delitos cometidos en coautoría.

La cifra de 647.000 euros aparece de forma consistente en el despacho de Europa Press que originó esta información y en coberturas independientes de Telemadrid, Infobae y Moncloa.com, que coinciden en el mismo desglose de multas, decomiso e indemnizaciones. Una pieza distinta de Infobae manejó en su titular la cifra de 600.548 euros; el cálculo de las partidas confirmadas por las otras fuentes (430.298 + 52.500 + 45.750 + 75.000 = 603.548 euros sin indemnizaciones) no coincide exactamente con ninguna de las dos cifras, por lo que esa discrepancia se señala aquí como un límite de la información disponible sin forzar una conciliación no verificada. Esta falta de coincidencia exacta entre un titular y el detalle de las partidas es habitual cuando distintas piezas de una misma redacción se publican en momentos distintos a partir de la misma nota de agencia, pero no deja de ser una imprecisión que conviene señalar explícitamente al lector.

El requerimiento de pago ejecuta la sentencia firme dictada por la propia Sala de lo Penal el 22 de junio de 2026, que condenó a los tres por integración en organización criminal, cohecho continuado, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en relación con la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de covid-19. Según esa sentencia, Ábalos habría puesto su posición ministerial al servicio del grupo, García habría actuado como intermediario administrativo y Aldama como gestor y distribuidor de las comisiones ilícitas obtenidas a cambio de facilitar la adjudicación de los contratos de suministro.

Sobre las penas de prisión impuestas en junio, Telemadrid y Moncloa.com coinciden de forma independiente en que el límite máximo de cumplimiento efectivo quedó fijado en 15 años y 6 meses para Ábalos y 15 años para García, conforme a las reglas de acumulación de penas del Código Penal; Aldama, que colaboró con la investigación, evitó la prisión y fue condenado a un año de servicios a la comunidad más la obligación de comparecer semestralmente para informar de su actividad empresarial. Esa diferencia de trato entre los condenados refleja el valor que la sentencia atribuyó a la colaboración de Aldama con la instrucción, que aportó documentación y testimonio sobre el reparto de comisiones entre los distintos implicados en la trama.

El propio Tribunal Supremo había anunciado en una nota de prensa del CGPJ, fechada el 11 de diciembre de 2025, la apertura del juicio oral contra los tres acusados por la misma causa, lo que sitúa el actual requerimiento de pago como la culminación del proceso de ejecución tras la sentencia firme de junio. El auto de requerimiento del 4 de noviembre no figura publicado en el buscador del CENDOJ ni en la sede electrónica del Poder Judicial en el momento de esta información, por lo que su contenido se reconstruye a partir de las coberturas periodísticas citadas y de la nota de prensa oficial sobre la fase anterior del procedimiento, una limitación que esta pieza señala de forma expresa en lugar de presentar el desglose como si procediera de la lectura directa del auto judicial.

Si los tres condenados no abonan las cantidades requeridas dentro del plazo de 15 días, el Tribunal Supremo puede iniciar un procedimiento de apremio para el cobro forzoso de las multas y las indemnizaciones, mientras que el decomiso de las ganancias del delito se gestiona a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), el organismo dependiente del Ministerio de Justicia encargado de localizar, administrar y realizar los bienes procedentes de actividades delictivas. Ninguna de las fuentes consultadas recoge hasta ahora reacciones públicas de las defensas de Ábalos, García o Aldama al nuevo requerimiento, por lo que esta pieza no atribuye a ninguno de ellos una postura que no conste documentada.

El caso mascarillas, también conocido como caso Koldo, sigue abierto en otras piezas separadas, entre ellas la que investiga si Aldama acusó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de intentar "comprar su silencio", con una vista señalada para el 17 de febrero de 2027, lo que mantiene la causa como uno de los procedimientos de corrupción política de mayor repercusión de la legislatura. La apertura de esta fase de ejecución económica no cierra el caso en su conjunto, sino que corresponde únicamente a la pieza ya sentenciada sobre la contratación irregular de mascarillas, mientras las piezas separadas siguen su propio curso procesal de forma independiente.

El desenlace de esta fase de ejecución se produce en un momento en que el caso Koldo continúa generando repercusión política, al implicar a un exministro del Gobierno y mantener abiertas ramificaciones que afectan a otros cargos del Ejecutivo, como la pieza relativa a Bolaños. Las fuentes consultadas para esta información no atribuyen a esa pieza separada ninguna relación directa con el requerimiento de pago de los 647.000 euros, que corresponde exclusivamente a la sentencia firme de junio sobre la adjudicación irregular de material sanitario.