El Gobierno central avisa a Zaragoza por el pacto PP-Vox que deja casi sin multas la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP de Natalia Chueca, y el grupo municipal de Vox han cerrado un acuerdo para modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, de forma que deje de sancionar de manera permanente a los vehículos sin etiqueta ambiental B, C, ECO o CERO y solo se active en episodios puntuales de alta contaminación, según informó El Español el 4 de noviembre de 2026.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Eva Torres, explicó que el nuevo sistema solo impondrá sanciones cuando los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) superen el valor de referencia de forma simultánea en cinco de las ocho estaciones de medición de la ciudad durante al menos dos horas consecutivas, según recogió Aragón Digital. Torres resumió el efecto del pacto afirmando que lo que consiguen es 'la libre circulación de cualquier vehículo, tenga o no tenga etiqueta medioambiental, en toda la zona', cita que coincide en El Español y en Aragón Digital.

Según el cálculo difundido por las fuentes municipales y recogido por El Español, bajo este modelo la zona permanecería inactiva y sin multas en torno al 95% de los días del año, con la excepción de nueve vías que mantendrían un régimen de control más estricto. Los vehículos sin etiqueta dispondrían además de 15 minutos para abandonar la zona antes de poder ser sancionados, y las sanciones recaerían sobre todo en vehículos estacionados, no en circulación.

El Gobierno de España, a través del candidato socialista al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, respondió el 5 de noviembre advirtiendo de que el nuevo texto será analizado 'con lupa' y de que, si se confirma que incumple los compromisos adquiridos para acceder a las ayudas estatales de movilidad sostenible, 'se actuará en consecuencia', según declaraciones recogidas por El Español y confirmadas en la nota oficial del PSOE de Zaragoza del mismo día. Beltrán añadió textualmente, en esa nota oficial, que el PP y Vox 'han antepuesto sus pactos con VOX a la salud de los zaragozanos y zaragozanas' y que 'una ciudad tiene la obligación de proteger la salud de sus ciudadanos y cuenta con una herramienta para hacerlo: la zona de bajas emisiones'.

Beltrán vinculó la advertencia a un riesgo económico concreto: según la nota del PSOE de Zaragoza, una parte de la financiación estatal para movilidad sostenible en la ciudad —entre ella la destinada a renovar la flota de autobuses eléctricos, financiada en un 90% por el Gobierno central— está condicionada al cumplimiento de los objetivos de calidad del aire asociados a la ZBE, por lo que un incumplimiento del decreto nacional podría poner en riesgo esos fondos.

La oposición municipal de izquierdas también ha criticado el pacto. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, acusó al gobierno de Chueca de convertir 'la salud en moneda de cambio' y sostuvo que el Ayuntamiento 'no puede presumir de una Zaragoza sostenible y climáticamente neutra mientras desactiva medidas pensadas para reducir la contaminación del tráfico', según recogió Aragón Digital el 5 de noviembre. Tomás añadió que lo que ha cambiado no son las obligaciones legales ni el problema de la contaminación, sino la necesidad de Chueca de cerrar un acuerdo presupuestario con Vox.

El cambio de rumbo es significativo porque, según había adelantado El Español en febrero de 2026, la ZBE de Zaragoza ya llevaba meses en trámite de quedar "reducida a la nada" por un acuerdo previo entre PP y Vox; el texto conocido esta semana confirma y detalla ese diseño, que ahora deberá superar un trámite de información pública y audiencia de 30 días, así como los votos particulares de los grupos municipales y su paso por comisión y pleno, antes de poder entrar en vigor el 1 de abril de 2027, según los plazos citados por Aragón Digital.

El acuerdo municipal llega además justo después de que el Consejo de Ministros aprobara, también el 4 de noviembre de 2026, una modificación del Real Decreto 1052/2022 que endurece las exigencias mínimas de las ZBE en toda España, según informó El Español. La norma estatal obliga a los ayuntamientos a documentar de forma oficial cuándo entran en vigor las restricciones, a verificar los controles de acceso, circulación y estacionamiento por nivel de etiqueta ambiental, y a aplicar las sanciones previstas por la normativa estatal sin recurrir a sistemas transitorios que retrasen su entrada en vigor, con el objetivo declarado de evitar las llamadas 'ZBE de mentira': zonas delimitadas sobre el papel pero sin control efectivo real.

La ZBE de Zaragoza lleva operativa desde finales de 2025 con el margen de 15 minutos citado para que los vehículos sin etiqueta abandonen la zona, mecanismo que el Gobierno de Chueca y Vox han usado como base para construir el nuevo esquema de activación por episodios, según El Español. Esa misma fuente señala que el nuevo real decreto nacional busca precisamente impedir que los pactos políticos locales, como el alcanzado entre PP y Vox en Zaragoza, vacíen de contenido práctico unas zonas que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están legalmente obligados a mantener activas, lo que sitúa a Zaragoza como primer caso de prueba del nuevo marco estatal.

Esta redacción no ha podido acceder de forma directa al texto íntegro de la modificación de la ordenanza municipal ni al Real Decreto 1052/2022 ya reformado, por lo que las cifras de incidencia (en torno al 95% de días sin sanción) y la valoración de si el texto final incumple o no las condiciones de las ayudas estatales se presentan tal como las trasladan las fuentes municipales, el PSOE y El Español, sin confirmación independiente adicional; el resultado del trámite de alegaciones y la decisión final del Gobierno sobre los fondos de movilidad siguen sin resolverse a la fecha de esta pieza.